Cristina introdujo un tema que estaba fuera de agenda y alcance para la potencia de gestión del gobierno del FDT, que con Ginés y Alberto en su pico de popularidad allá por abril de 2020, tuvo que archivar un DNU destinado a declarar de interés público el sistema sanitario y terminó cubriendo el achique con una resolución ministerial para monitorear en tiempo real la ocupación de camas UTI. Hizo público algo que sus equipos de salud coordinados por Daniel Gollán y Nicolás Kreplak venían trabajando en el Patria desde hacía algunos meses, pero que también –con otro sentido y formato- las asociaciones médicas y cámaras empresarias de la salud venían barajando desde hace años, ellos que suelen planificar el país ajustado a sus planes de negocios y a 30 o 50 años.
Corren con una ventaja inestimable sobre el Estado, no los vota nadie y son más duraderos y estables y no se debate entre “la salud es una inversión o un costo” con decisiones timoratas y contradictorias; como sostiene sin hesitar Claudio Belocopitt (mediático multimillonario de la salud y los medios y presidente de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud): “Puede ser que la salud no tenga precio pero tiene un costo altísimo, es como un avión donde tenés pasajeros de primera clase, ejecutiva y turista, todos viajan y aterrizan; la medicina privada es para los que la pueden pagar, los que no pueden está el sistema público”.
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Claudio Belocopitt, presidente de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud, fue uno de los empresarios que criticó el proyecto del Gobierno para reformar el sistema privado de salud.
Fue justamente el empresario, que hace catarsis con Fantino, Doman, Novaresio o Laje (es decir sus empleados desde que le compró el 40% del paquete accionario a Francisco De Narváez para colarse en el Grupo Vila/Manzano), el primero y el último en agitar el fantasma de la “estatización irresponsable” por parte de un Estado que debería limitarse a administrar el subsector históricamente desfinanciado y saturado que administra y autoriza sin mucho trámite el aumento de las cuotas de las prepagas muy por encima de cualquier pauta inflacionaria.
La CGT de Daer y Acuña, durante el macrismo bancaron el DNU 908/16 que creó una Cobertura Universal de Salud que dejaba liberado a la discrecionalidad de las empresas de seguro la atención de salud y convertía el PMO en letra muerta, financiada por un fideicomiso del que iba a participar para administrar los fondos y la creación de la Agnet, una agencia destinada a recortar prestaciones y descargar tratamientos y medicamentos caros en la salud pública para proteger sus cajas. El Dr. Mario Róvere, uno de los gestores y espadas de la reforma aclara de qué se trataba la moda de la CUS en pleno macrismo: “Una ofensiva liderada por el Banco Mundial que detectaba una gigantesca oportunidad de negocios en continentes que creen que la salud es un derecho”.
Algunos gremios operaron como Swiss Medical u OSDE para sacarle ventajas al estado, proteger sus rentabilidades y pusieron el grito en el cielo ante la propuesta que ayer era de Cristina y el kirchnerismo (esa intensidad que la oposición mediática y política se empeñan en encapsular) y hoy del Frente de Todos. De hecho el presidente acaba de confirmar la incorporación a la agenda de gestión del FDT ésta reforma, durante un acto en el Museo del Bicentenario y realzando la centralidad del Estado: “En un momento tan difícil como la pandemia han sabido enfrentar el desafío y han funcionado. En todo caso lo que nos ha dejado en evidencia es la necesidad que tenemos de coordinar el funcionamiento de todo esto”.
Alberto respaldó el proyecto de Cristina para reformar el sistema de salud
En realidad, la reforma integral del sistema de salud armonizando sus tres subsectores y bajo la tutela y monitoreo estratégico del Estado nacional, es una empresa inmensa y que apenas empieza a rodar. Todos piden pista y mesas de diálogo, pocos prometen aportar sus estructuras de costos, algo esencial para que tanto el Ministerio de Salud como la Secretaría de Comercio evalúen los costos de ese bien social, esencial y pretendidamente universal. El proyecto de marras es un paper de 13 a 15 páginas que sigue recibiendo aportes y correcciones, donde se integran propuestas organizadas en 5 ejes estructurales y 7 apartados temáticos y que van desde consideraciones conceptuales generales hasta propuestas precisas y concretas. Sin confirmaciones al cierre de ésta nota, acerca de un desarrollo más extenso o de mayor complejidad, se supone que es una base consolidada por especialistas que asesoran y conforman los equipos de salud del santafesino Daniel Gollán y Nicolás Kreplak y donde se notan las perspectivas del destacado sanitarista Mario Rovere, Lilian Capone y Alicia Stolkiner entre otres.
Economías sociales de mercado, una obstinación peronista
El peronismo ha sido la expresión local del estado de bienestar conque el capitalismo diluyó la profecía marxista del proletariado enterrador de la burguesía, ese hecho maldito del país burgués que desalienta la lucha de clases poniendo por encima de las mezquindades sectoriales a un Estado que regula asimetrías, reparte la riqueza e incluye socialmente a las mayorías populares que el capitalismo –por su dinámica y lógica habituales- tiende a segregar. El peronismo es el que –en sus mejores versiones- se empeña en comparecer capitalismo con democracia, en universalizar bienes esenciales con precios mercado, en transformaciones profundas sin patear el tablero y negociando con los mismos actores que lo adversan y que no lo votan, como Belocopitt, Diego Sobrini o Luis Fontana.
Y además concita la adhesión e integra –en la redacción del documento que adjuntamos al pie de ésta nota y en sus equipos de trabajo- a profesionales que vienen de izquierdas más radicales, de expresiones filoperonistas que entienden perfectamente esto de las oportunidades de colar ideas mejores, que alguna vez sean letra viva.
Es así que el Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (Snisa) no se propone como una supra estructura destinada a apropiarse en forma directa la infraestructura y los recursos del sistema privado o decidir a sola voluntad el modo en que se usan y distribuyen, no implica bajo ningún punto de vista la temida expropiación con que se espantan empresarios del sector. La cita textual del borrador lo define como:
“El Snisa es un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva, provincias coordinando servicios e infraestructura de complejidad creciente y una fuerte intersectorialidad orientada a la promoción; estableciendo una alianza estratégica con el mundo del trabajo y de la seguridad social, con mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado y con un Ministerio de Salud a nivel nacional que ejerza rectoría, construya soberanía sanitaria y cuente con instrumentos que garanticen el derecho a la salud y la equidad global del sistema en todo el territorio nacional”.
Es lo que está pendiente lo que más incomoda a corporaciones médico-sanatoriales, prepagas y obras sociales sindicales y propuestas tales como “poner en marcha el sistema de recupero de prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga”, la posibilidad de una auditoría por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud para determinar “la cantidad y calidad de prestaciones” con vistas a simplificar el espectro de cobertura o de “utilizar el poder del Estado para la planificación y centralización de compras” de insumos y medicamentos críticos, con fines de garantizar el acceso igualitario y combatir precios abusivos.
Lo dicho, que el Estado ponga el ojo en las estructuras de costos o los márgenes de rentabilidad de grupos y sindicatos empresarios, es lo que ninguno está dispuesto a aceptar. También genera incertidumbre en la CGT la idea de generar una Red Federal de Establecimientos Públicos que integre la capacidad instalada prestaciones de obras sociales y privados sin fines de lucro; la escasa democracia sindical imperante en los gremios que aglutina la mesa chica de Daer, se prolonga a la administración de sus recursos e infraestructura sanitaria. Se supone que más allá del rechazo visceral de líderes que preferieron ser conducidos durante 4 años por Macri antes que por Cristina, su incorporación orgánica al FDT y la estrecha relación de confianza con el presidente puede allanar suspicacias.
La pregunta que antecede a todas las otras y está en la base de una empresa compleja es: más allá del mantra del diálogo social y el consenso, ¿las lógicas de los subsectores públicos y privados son armonizables? Estamos hablando de reformular un sistema que a los privados los puso en jaque en ocasión de pandemia excepcional, pero les funciona desde hace décadas y los ha convertido en multimillonarios, con un poder de cartelización capaz de forzar leyes a medida, desregulaciones convenientes y fijar precios de mercado a voluntad, que también implican elevar el piso de acceso a un bien que como dice Belocopitt “no puede ser para todos” y termina saturando la demanda del sistema público que siempre banca y siempre paga.
La responsabilidad y potestad indelegable del Estado de planificar bienes y servicios esenciales no debiera estar en discusión a ésta altura de la pandemia y la historia del capitalismo. El gobierno parece dispuesto a encarar una reforma que lo puede calificar para la historia, pero esto recién comienza.
