La Legislatura de Santa Fe votó este jueves la reapertura del proceso disciplinario contra la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cristina Ferraro, por su desempeño en la investigación por el homicidio del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020. La funcionaria está procesada por la causal de eventual comisión de delito doloso conforme lo establecen los artículos 15 y 20 de la Ley N° 13.013 y sus modificatorias.
La fiscal Ferraro está procesada por la causal de eventual comisión de delito doloso conforme lo establecen los artículos 15 y 20 de la Ley N° 13.013 y sus modificatorias.
La fiscal Ferraro ya fue suspendida durante cinco meses por decisión de la Legislatura por los siguientes hechos:
- “Haber omitido dirigir, realizar, asegurar y/o garantizar las diligencias y medidas necesarias para la preservación de la escena y recolección y custodia de posibles evidencias -en el caso Oldani-, ocasionando con ello un grave daño a la pretensión punitiva del Estado”.
- "Haber entorpecido las investigaciones a cargo de la fiscal Mariela Jiménez -ya no es fiscal porque inició sus trámites jubilatorios poco después de estos hechos-, relacionadas con la investigación del homicidio del Sr. Oldani a cargo de la Fiscal Ferraro”.
En octubre del año pasado, cuando en sesión conjunta senadores y diputados suspendieron durante cinco meses a Ferraro, se dejó expresamente aclarado que las actuaciones legislativas quedaban en suspenso hasta que se produjeran avances en la Justicia federal sobre el desempeño de esta fiscal. Expresamente, se trata de los siguientes hechos:
- "Haber cometido en calidad de autora los delitos previstos y penados en los artículos 277 inciso 1 b) y inciso 3 d) del Código Penal - encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública - y artículo 248 del Código Penal - abuso de autoridad -, en concurso real (art. 55 del CP)" (según artículo 15 y 52 inciso 16 de la ley 13.013)”.
Los cinco meses de suspensión de Ferraro por los dos primeros hechos se cumplieron y, en estos momentos, la fiscal está en condiciones de regresar al Ministerio Público de la Acusación. Sin embargo, desde el momento que en fue suspendida se produjeron novedades con su caso en la Justicia federal: no solo se confirmó su procesamiento, sino que ya existe un pedido para que la causa sea elevada a juicio.
Aquella noche del 11 de febrero de 2020
Desde la Legislatura de Santa Fe, Cristina Ferraro fue investigada y suspendida durante cinco meses en sus funciones. Mientras tanto, la Justicia federal la procesó por el supuesto delito de encubrimiento de una supuesta "cueva financiera" en Oldani Turismo. Lo que se cuestiona, básicamente, fue el desempeño de Ferraro a partir de las horas posteriores al asesinato de Hugo Oldani, aquel 11 de febrero de 2020. Pocas horas después del homicidio de Hugo Oldani, la fiscal llegó a la Galería Rivadavia -donde funcionaba la empresa- y permitió que familiares de la víctima ingresaran a estas oficinas de turismo. Según su versión de los hechos, los familiares pidieron autorización para recoger documentación de Oldani, quien acababa de fallecer en el hospital Cullen. Sin embargo, lo que hicieron fue otra cosa: se llevaron más de un millón de dólares y más de tres millones de pesos que se encontraban en un estante; también desaparecieron pagarés y listados con nombres de personas que estaban sobre un escritorio.
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Los familiares -junto a una abogada y una empleada de la empresa- abandonaron la escena del crimen portando cajas, bolsos y mochilas, sin que nadie se percatara de lo que estaba ocurriendo. Pero eso no fue todo. Mientras Ferraro se encontraba en el lugar, policías desconectaron la cámara de seguridad que apuntaba específicamente hacia Oldani Turismo -la número 6- y la volvieron a conectar a las 9 de la mañana del día siguiente. Estos policías también están procesados por la Justicia federal. Las imágenes registradas por el resto de las cámaras de seguridad de la Galería Rivadavia, llamativamente terminaron apareciendo en el domicilio particular de un policía en San José del Rincón. Además, Ferraro no dispuso durante esa noche que efectivos policiales preservaran la escena del crimen. Solo colocaron una faja y recién al día siguiente -cuando el dinero y la documentación ya habían desaparecido- ordenó una custodia que tampoco se cumplió. Por ese motivo, otro policía está procesado.
La fiscal Ferraro, a pedido de los familiares de Oldani, aceptó que durante el procedimiento no hubiese ningún ciudadano imparcial como testigo. Paradójicamente, esos mismos familiares terminaron siendo procesados en la Justicia federal por la supuesta participación en el posible funcionamiento de una "cueva financiera". Ferraro autorizó que estos familiares -los mismos que se llevaron dinero y documentación de la escena del crimen- ingresaran días después de manera remota a las computadoras de la empresa. Nunca se sabrá si borraron información que pudo resultar de valor para la investigación del homicidio o del posible funcionamiento de la "cueva".
Existe otro dato que llamó particularmente la atención de los investigadores de la Justicia federal: el sábado siguiente al homicidio de Oldani, cuatro días después de que familiares del empresario se llevaran el dinero e impidieran la apertura de una caja fuerte, la fiscal Ferraro mandó un oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia para enviara a policías a observar en qué situación se encontraba el interior de esas oficinas. Este pedido no se cumplió y nunca quedó claro con qué objetivo Ferraro envió este oficio (la situación aparece descripta en las investigaciones del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez).
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