La Legislatura provincial destituyó este jueves al fiscal de Venado Tuerto, Mauro Blanco, sobre quien pesan acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
En una sesión conjunta, este jueves la Legislatura santafesina destituyó del cargo de fiscal de Venado Tuerto a Mauro Blanco, sobre quien pesa acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico.
Foto/ GentilezaLa destitución –a lo que se suma la inhabilitación para ocupar cargos públicos por el plazo de 10 años- fue votada por unanimidad en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas.
La destitución e inhabilitación fue ratificada por los legisladores luego de que la comisión Bicameral de Acuerdos emitiera un dictamen aconsejando la sanción tras haber valorado las denuncias, pruebas y evidencias contra el fiscal Blanco. Dentro de la Bicarameral, el que elaboró la acusación fue el senador peronista Joaquín Gramajo en la que se reitera la sólida evidencia recabada y entregada ya en el mes de febrero pasado por la auditora general del Ministerio Público, la fiscal María Cecilia Vranicich.
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Una serie de escuchas que hizo la Justicia federal a los teléfonos de un distribuidor de drogas de Venado Tuerto llamado David Roldán captó al menos cinco conversaciones con el fiscal en un corto periodo. En esos diálogos hablan desde la provisión de estupefacientes para consumo personal, hasta de allanamientos que parecen hechos a medida de los intereses Roldán, situación de detenidos e información reservada.
En una escucha, Blanco le cuenta a Roldán que para justificar el allanamiento que estaba haciendo –aparentemente para secuestrar armas a un competidor de Roldán y por pedido de éste–, le iba a decir a sus jefes que lo había hecho porque era una derivación de un caso de robo de armas en una localidad cercana, a pesar de que sabía que no tenía “nada que ver”.
Sobre el mismo hecho está la siguiente conversación del 28 de diciembre pasado a las 2.44 PM, en la que refieren las armas que Roldán habría visto en el predio que estaba allanando Blanco.
También hay distintos registros de la presencia de Blanco en la casa de Roldán, a la que al menos en una ocasión llegó en un vehículo oficial del MPA. “Blanco tenía la obligación de formular denuncia contra Roldán por la comercialización de estupefacientes y en lugar de ello las adquiría personalmente”, dice la acusación.
En febrero pasado, Blanco rompió el silencio ante la prensa: “Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias”, sostuvo.
La acusación
La relación con David Roldán es la “más contundente” de las acusaciones en contra del fiscal. Quedó “acreditado que la relación de suministro de estupefacientes se completa en una relación en la que Roldán aparece como socio del fiscal adjunto Blanco en el suministro de información y en la investigación relacionada con delitos y con personas del hampa de Venado Tuerto”. Por su parte “Blanco brindaba información a Roldán por fuera de la ley, información que incluso Roldán suministraba a terceros interesados”, dice Gramajo.
También hay otras situaciones que son parte de la acusación.
- Una escucha telefónica en la que una mujer imputada por 4 estafas dice que Blanco le pidió un arreglo y que ella fue pagando. La revisión de los legajos de esa investigación confirmó que el fiscal inicialmente pidió 12 años de prisión para la acusada y al final el caso cerró un juicio abreviado con una pena de 3 años de ejecución condicional.
-Enotra escucha telefónica entre una mujer y Nahuel Novellino, un narco detenido hoy en Chaco y con causas abiertas en el sur santafesino, la primera cuenta que le dio plata a Blanco para que “no les arme una causa”.
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-En el marco de otra investigación federal relacionada con la banda de Novellino, la Fiscalía federal de Venado Tuerto informó que previo a concretar allanamientos, el fiscal provincial Blanco se adelantó al ordenar “con motivo desconocido” el secuestro de un vehículo de color blanco de patente casi ilegible que la banda utilizaba para cometer ilícitos ordenados desde la cárcel.
La vía penal
En tanto, la investigación penal sobre Blanco avanza lento. Tras la notificación de la evidencia que hizo la auditora general, el fiscal general Jorge Baclini optó por llevar la investigación a 630 kilómetros de distancia, a la Fiscalía regional de Reconquista. Si bien cumple el requisito de que el caso lo tramite una regional diferente, la lejanía dificulta y lentifica el trabajo, ya que una cosa es reunir evidencia para destituir a un magistrado y otra para imputarlo de delitos ante un tribunal. “Encubrimiento, violación del deber de funcionario público y violación de secreto” son los posibles delitos señalados en la acusación que presentó Gramajo a sus pares.
Quienes siguen los casos suscitados en el ámbito del Poder Judicial temen que lo de Blanco termine igual que el caso de Fernando Rodrigo, el ex fiscal que en 2017 se descubrió que hacía intervenir líneas telefónicas de familiares de su ex pareja. El hecho fue tan bochornoso que renunció, pero la denuncia penal no avanzó. La fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenuto, con aval de los órganos de dirección del MPA, se declaró incompetente y lo mandó al fuero federal. Después de varios meses, el federal lo devolvió diciendo que la justicia ordinaria era competente. Y así ya pasaron 3 años.
Tampoco prospera en el ámbito penal lo relacionado a la ausencia (por desaparición u omisión de grabación) del respaldo fílmico de la audiencia en la que se le otorgó la cuestionada libertad morigerada al narco Ema Pimpi Sandoval (estas filmaciones cuentan como respaldo legal). Como en el anterior, este caso parece encaminado a sanción administrativa para el empleado que argumenta haberse olvidado de hacer clic en el botón Rec.
No puede descartarse que se trate de un olvido con la mala suerte de que justo fue en semejante caso, pero merecen indagarse todas las posibilidades. Cabe recordar que la autorización para que Ema Pimpi se vaya de la cárcel definida en esa audiencia tiene a tres jueces y un fiscal bajo la lupa. Y que desde entonces sobrevinieron por lo menos cuatro muertes: el propio Sandoval, dos jóvenes que lo acompañaban cuando lo ejecutaron y Maite Ponce, la nena de 5 años que recibió un balazo en la cabeza como resultado de la guerra que se reactivó con el retorno de Sandoval al territorio por el control de la venta de droga en la zona. Todo demasiado pesado como para que las cosas se esfumen en el tiempo.
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