El 4 de noviembre de 2021, la Legislatura de Santa Fe destituyó a Marcelo Sain como jefe del Órgano de Investigaciones del MPA.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe evalúa si se procedió de acuerdo a la ley cuando la Legislatura provincial destituyó a Marcelo Sain como jefe del Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación en noviembre del año pasado, y el caso se encuentra a fallo.
El dato surge de los abogados patrocinantes diputado Fabián Bastía, presidente de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura y quien llevó el caso ante la Corte con el acuerdo de ambas Cámaras.
Si finalmente la Corte le diera la razón a Sain, quien planteó desde un principio que la Legislatura no tenía la potestad de destituirlo, el exministro de Seguridad debería regresar a su cargo original al frente del Órgano de Investigaciones. Si dice lo contrario, nada habrá cambiado, aunque al exministro le quedará la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En más de una ocasión, Sain adelantó que está dispuesto a llegar a esta instancia e, incluso, a organismos internacionales para defender su posición para defender los derechos que considera vulnerados.
El 4 de noviembre de 2021, con 50 votos a favor y 12 en contra, la Legislatura removió a Marcelo Sain del cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación por "mal desempeño" y dispuso que no podrá ocupar cargos en el MPA por diez años.
La jurisprudencia de la Corte de Santa Fe no parece favorecer la posición de Sain, quien actualmente presta funciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Aníbal Fernández.
En junio de 2021 y en octubre del mismo año, cuando la Legislatura se encaminaba a evaluar la conducta de Sain por haber asumido públicamente posiciones político-partidarias a pesar de integrar el MPA, el exministro presentó sendos recursos de amparo ante la Justicia, pero no obtuvo la respuesta que esperaba y el proceso en su contra continuó avanzando.
En aquel momento, el diputado provincial Fabián Bastía, presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, elevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, bajo el patrocinio del abogado Domingo Rondina.
Bastía fue facultado para realizar esta presentación por la Comisión de Acuerdos el 1 de julio del año pasado. Ese mismo día, ambas Cámaras legislativas apoyaron estas acciones judiciales.
La presentación se realizó bajo el argumento de que se estaba frente a un potencial conflicto de poderes y por eso debía intervenir la Corte: por un lado, el Poder Judicial que, a través del MPA, planteaba que no pueden ser legisladores quienes evalúen y sancionen a los fiscales y a los miembros del Órgano de Investigaciones; por el otro, la Legislatura, que en diciembre de 2017 aprobó la ley 13.695 atribuyéndose estas potestades.
Los antecedentes de la Corte de Santa Fe no parecen favorecer la posición de Sain.
En el caso del fiscal Adrián Spelta, quien terminó siendo suspendido en sus funciones durante 60 días por la Legislatura a fines del año pasado, la Corte Suprema de la Provincia ratificó que los legisladores tienen la potestad de evaluar y sancionar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación, al considerar que la ley 13.965 no se contradice con la Constitución de Santa Fe.
Spelta fue suspendido cuando se desempeñaba como jefe de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Regional de Rosario del MPA.
En realidad, mientras el MPA considera que los fiscales deben ser evaluados y/o sancionador por mecanismos internos y la Legislatura aprobó una ley atribuyéndose esas potestades, la Corte de Santa Fe sostiene que es el máximo Tribunal el órgano en condiciones de realizar estos procedimientos, porque considera que el MPA integra el Poder Judicial.
De todos modos, a través de sus fallos la Corte sostiene que, de alguna manera, permite o concede a la Legislatura dichas atribuciones, al considerar que este mecanismo es más transparente que cualquier control interno del MPA.
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