Mientras un juez prohíbe difundir audios de Karina Milei, el Gobierno habla de "influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas".
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación.
Primero fueron los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se planteaba la posibilidad de que la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, y otros funcionarios cercanos al Presidente, hubieran recibido coimas de una droguería por la compra de medicamentos.
Luego -de manera planificada-, aparecieron nuevos audios, supuestamente registrados en Casa Rosada y que, otra vez, tienen Karina Milei como protagonista.
Para completar el escenario, llegaron las advertencias de que existen más grabaciones que, de manera escalonada, serían divulgadas durante los próximos días.
Todo sucede durante la recta final de la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país, cuyos resultados pueden marcar el futuro del Gobierno frente a los comicios nacionales legislativos de octubre.
En este escenario, al Gobierno de la Nación se le planteaban diferentes alternativas.
La primera, y más clara frente a los audios de Spagnuolo, era publicar toda la información relacionada con la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad desde el día en que Javier Milei se convirtió en Presidente, y su hermana Karina en secretaria de la Presidencia: montos, proveedores, drogas, facturas, recibos, pagos. En cualquier administración sana y transparente, se trata de información pública y disponible.
Sin embargo, nada de esto sucedió inmediatamente después de la difusión de aquellas grabaciones. En cambio, el Gobierno mostró signos de perplejidad, más interesado en controlar daños políticos y buscar responsables de los audios, que en brindar información clara sobre la compra de medicamentos.
Pocas horas después, se conocieron más grabaciones de Spagnuolo. Y en medio de una caravana proselitista, Javier Milei habló por primera vez del tema, limitándose a decir: "Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira... Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".
Pero la información clara y transparente para derrumbar estas supuestas mentiras, siguió sin aparecer. Todo lo contrario: los responsables del laboratorio Suizo Argentina, apuntado por las supuestas coimas, intentaron escapar cuando la policía llegó a sus domicilios particulares. Lejos de ayudar a que esta situación se aclare, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker solo contribuyeron a incrementar las sospechas.
Cuando el tema de las supuestas coimas comenzaba a aplacarse, llegó una nueva estocada para la gestión: había más audios y, esta vez, de Karina Milei hablando sobre esta crisis con personas de su confianza y en la mismísima Casa Rosada.
En este caso, el Gobierno reaccionó con mayor premura. Pero lejos de sosegar las sospechas, solo contribuyó a incrementarlas.
A través de la cuenta de X de la Vocería presidencial, a cargo de Manuel Adorni, se esgrimió la siguiente teoría: "Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas".
Al mismo tiempo, el Gobierno acudió a la Justicia para que prohibiera la difusión, por cualquier medio, de los audios de Karina Milei hablando dentro de la Casa Rosada.
Lo extraño es que, mientras pide que se prohíba la difusión de estas grabaciones, el Gobierno duda de que sean reales. En la presentación judicial se expresa claramente: “Sin reconocer su veracidad y desconociendo el modo en que los medios que los reproducen pudieran haberlos obtenido, requiere que se prohíba su circulación".
¿Son reales o no estos audios?... Si el Gobierno no reconoce su veracidad, ¿por qué pide que se prohíba su difusión?
Es necesario que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión", agrega la presentación judicial.
En el planteo, el Gobierno solicita que se ordene el cese de difusión de “cualquier chat, foto, audio y video anunciados el día 29/08/2025 como correspondientes a su persona -Karina Milei-, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
El Gobierno de Javier Milei, el mismo que sigue sin brindar información clara y transparente sobre la compra de medicamentos en la Agencia de Discapacidad, logró su objetivo inmediato: el juez Alejandro Maraniello, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 5 de Capital Federal, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el inmediato cese de la difusión de los audios de Karina Milei supuestamente grabados en la Casa Rosada.
En sus argumentos, Maraniello aclaró que el alcance de la medida “se encuentra acotado a un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”.
“Lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa”, advirtió.
¿Cuál es el bien superior que este juez protege, al censurar abiertamente la difusión de estos audios?, ¿acaso Marianello sabe cuál es el contenido de estas grabaciones, de las que el mismo Gobierno dice desconocer su veracidad?
El Gobierno considera que estos audios se obtuvieron a través de tareas de espionaje ilegal, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas.
Sin embargo, y más allá de la forma en que las grabaciones se obtuvieron, la pregunta que toma fuerza inusitada es cuál es el contenido de esos audios.
Sobre todo, porque se trata de la misma funcionaria que aparece mencionada en audios anteriores, en una denuncia de supuestos pedidos de coimas en el marco de un Gobierno que sigue sin brindar información transparente sobre los procesos de compra de medicamentos para personas con discapacidades.
Lo primero que el juez Marianello hizo fue limitar abiertamente el ejercicio de la libertad de expresión. La difusión de los audios se prohibe, y punto. Sin matices, sin explicar detalladamente cuáles son los riesgos que su difusión implica para la intimidad de Carina Milei o del interés de la Nación argentina.
En todo caso, vale recordar que cualquier periodista que difunde información -esta información o cualquier otra-, está sujeto a responsabilidades civiles y penales posteriores, en caso de que la difusión implique algún tipo de delito. En otras palabras, todo periodista se debe hacer cargo de lo que informa ante posibles demandas judiciales.
Lo que no puede suceder, porque viola la Constitución Nacional, los tratados internacionales con rango constitucional y los principios republicanos fundamentales, es que se establezcan medidas previas que impliquen la restricción del derecho de los ciudadanos a saber, cuando se trata del manejo de lo público.
Es cierto que la difusión de los audios puede tener un interés electoral. También es verdad que las grabaciones de Karina Milei pudieron ser obtenidas de manera irregular.
Sin embargo, con los elementos conocidos hasta el momento, ninguno de estos argumentos parecen ser suficientes como para desde la Justicia se ordene el silencio.
Porque sin cuentas claras, sin rendición de cuentas y sin libertad de expresión, no habrá manera de aventar las sospechas de que existieron actos de corrupción cometidos desde el poder público.
No importa quién gobierne.
No importa que pronto haya elecciones.
No importa dónde se registraron las grabaciones.
No importa quién está bajo sospecha.
No importa si hay más o menos inflación, cuánto cotiza el dólar o si existe equilibrio fiscal.
No importa si hubo o no corrupción en gestiones anteriores.
Sin cuentas claras y sin libertad de expresión, no hay república, ni democracia.
Porque más allá de quiénes sean los protagonistas y de los intereses que están juego, el silencio jamás es la solución.
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