YPF: el Gobierno busca detener la búsqueda de activos del Estado para embargos
En el escrito, el Estado argentino advirtió que los pedidos de información promovidos por los demandantes resultan “intrusivos y desproporcionados” y constituyen un “hostigamiento sistemático” contra un Estado soberano. En ese sentido, sostuvo que este tipo de requerimientos afectan de manera directa la soberanía nacional y las relaciones internacionales, al tratarse de un país aliado de los Estados Unidos.
El discovery es el mecanismo judicial que habilita a los beneficiarios del fallo a solicitar información para identificar y rastrear posibles activos embargables con el objetivo de ejecutar la sentencia. Desde la PTN recordaron que, durante gestiones anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, mientras que desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, se cumplió de manera íntegra con el proceso ordenado por el tribunal.
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En ese marco, el organismo destacó que el Estado argentino realizó un “esfuerzo extraordinario” para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción que calificaron como inédito. Sin embargo, advirtieron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes escalaron sus reclamos con pedidos cada vez más ajenos al objeto del proceso, jurídicamente improcedentes y de alto costo operativo.
Finalmente, la Procuración del Tesoro señaló que en las últimas semanas Burford Capital profundizó la presión con una moción de desacato y requerimientos vinculados a las reservas de oro del Banco Central, activos que —según remarcaron— gozan de inmunidad de ejecución. En ese contexto, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender la soberanía, el Estado de Derecho y frenar solicitudes que vulneran la Constitución y los principios del derecho internacional.
