En diciembre, la jubilación mínima pasa de $87.460 a $105.713, más el bono de $55.000. En total, $160.713. De aquí surge que el bono representa poco más de la mitad de haber mínimo.
Desde que se instaló el valor del bono para los haberes mínimos, se hizo más frecuente y por valores ascendentes. De debutar por única vez en diciembre de 2019, desde septiembre de 2022 pasó a ser permanente y de valores más altos. Por ejemplo, en diciembre de 2022 fue de $10.000 y un año después será de $55.000.
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Así, se desprende que las fórmulas de movilidad – la vigente a partir de la reforma de Mauricio Macri como la del actual Gobierno– sucumbieron ante el avance imparable de la inflación y con Alberto Fernández se tuvo que recurrir a los bonos para compensar en parte la pérdida del poder de compra del haber mínimo.
Por encima de los haberes mínimos, no hay ningún bono, por lo que no tienen ninguna compensación ante la mayor inflación como vino sucediendo en 2020, 2021, 2022 y 2023 a lo que se suma el menor aumento que recibieron en marzo 2020 con el aumento por decreto.
Los datos de los últimos 6 años marcan que entre septiembre de 2017 y fines de 2019, la pérdida previsional frente a la inflación fue del 19,5%.
Luego, por los bonos, según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) “en los 46 meses del periodo que va de septiembre de 2019 a junio 2023 el haber mínimo en términos constantes cayó - en promedio- un 1% en relación con el nivel de septiembre 2019; mientras que el haber tope del régimen general se redujo en un 15,3% en promedio (en términos constantes)".
Como los anteriores bonos, este refuerzo no se integra al haber mensual, lo que deprime los aumentos de la movilidad que se aplican sobre una base más baja. Además, no se toma en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo.
Hacia delante, la incógnita es dilucidar qué pasará con los haberes previsionales según el resultado electoral del próximo 19 de noviembre. Ante todo, porque los bonos son parches parciales, insuficientes, restringidos y discrecionales; y si se eliminan, los que cobran haberes más bajos caerían directamente en la pobreza o en la indigencia.
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Pero hay un jugador clave que sigue sin pronunciarse: la Corte Suprema. Hay numerosos fallos –de primera y segunda instancia– cuestionando la movilidad retroactiva que aplicó Mauricio Macri a fines de 2017, que provocó una pérdida real de los haberes de todos los jubilados. También hay fallos cuestionando la suspensión de la fórmula de movilidad en 2020 por aumentos por decreto diferenciados que perjudicaron a los jubilados y pensionados, y la pérdida de ingresos en relación no solo a la inflación sino también a los salarios.
Que los jubilados o pensionados tengan que presentar una demanda judicial es una aberración. Porque no todos disponen de los recursos para hacerlo y por los tiempos que demoran por las apelaciones hasta que llegan a la Corte Suprema que, además no cuenta con plazos para pronunciarse.
Los tiempos de la Corte Suprema –indefinidos– no coinciden con los de los jubilados y pensionados.
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