Milei busca articular con los mandatarios provinciales del PRO más afines una suerte de “convergencia” que le dé volumen a su escuálida tropa libertaria.
La estrategia del presidente Javier Milei cortó de cuajo las transferencias del presupuesto nacional a las provincias en materia de transporte, educación y obra pública y no convocará a los gobernadores a un pacto fiscal hasta que los mandatarios, asfixiados por la falta de recursos, se allanen a su política económica.
Escala el conflicto con los gobernadores e intendentes tras decidir que sean copartícipes del ajuste fiscal que emprendió su gestión rumbo al déficit cero.
Este torniquete aplicado a las provincias comenzó a evidenciarse en los fríos números presupuestarios. Según el último informe de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en enero pasado los 24 distritos tuvieron una caída de 11,5% real interanual en las transferencias automáticas, siendo CABA, Córdoba y Santa Fe las de menor caída.
En cambio, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires sufrieron la mayor retracción.
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En tanto, en lo que se refiere a las transferencias no automáticas (es decir, los giros de recursos nacionales por fuera de la coparticipación) la caída fue del 98% real interanual. Las jurisdicciones menos afectadas por el ajuste fueron Corrientes y Chubut con 26% y 30%, respectivamente, mientras que las demás tuvieron caídas de entre el 90% y el 100%.
La reacción de los gobernadores ante esta política draconiana del gobierno nacional ha sido, hasta ahora, dispar. Sin una estrategia común debido a sus propias diferencias partidarias y, también, por desconfianzas mutuas, los mandatarios provinciales ensayan sus primeras respuestas ante lo que consideran un hostigamiento por parte del gobierno central.
Un grupo de mandatarios optó por llevar sus reclamos de restitución de fondos a la Justicia. Entre ellos figuran el peronista Ricardo Quintela (La Rioja), el kirchnerista Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ignacio Torres (Chubut) y los provinciales Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolo Figueroa (Neuquén).
Cada uno fue a la Justicia por motivos diversos, pero todos saben que tendrán que esperar una definición de la Corte Suprema, que no tienen plazos ni urgencias.
Otro grupo de mandatarios, críticos de las políticas oficiales, miden los tiempos y por ahora no declararán una guerra frontal al Gobierno, básicamente porque sus electorados todavía mantienen una cuota de confianza en el presidente Milei. Son los casos del cordobés Martín Llaryora y del santafesino Maximiliano Pullaro.
El gobernador Llaryora y el presidente Milei se cruzaron duro esta semana; el jefe de Estado lo responsabilizó de haber boicoteado la ley ómnibus luego de que el Gobierno rechazara la coparticipación del impuesto PAIS, una demanda del conjunto de los mandatarios provinciales.
Pullaro, por su parte, cuestionó que la “motosierra” del ajuste se aplique de manera tan intempestiva. "No funciona así un sistema, en el que vos te quedás con todo y repartís nada", advirtió.
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Hay un grupo de gobernadores, en tanto, que evitan, a toda costa, la ruptura definitiva del diálogo con la Casa Rosada. Son los casos del mendocino Alfredo Cornejo –quien, no obstante, fue duro contra el Gobierno cuando éste decidió cerrar el grifo de los subsidios al transporte del interior-, Gustavo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
También se anota Jorge Macri (CABA). Aunque con matices, comparten los lineamientos de la política económica del Gobierno y creen que es inconducente escalar en la pelea con un presidente que todavía goza del favor de buena parte de la opinión pública.
El presidente Milei busca articular con los mandatarios provinciales del PRO más afines y sus legisladores en el Congreso una suerte de “convergencia” que le dé volumen a su escuálida tropa libertaria.
Patricia Bullrich alienta esa fusión pero Mauricio Macri, quien en pocas semanas más se encumbrará como presidente del PRO, prefiere no acelerar los tiempos. Tal vez, como Milei hace con los gobernadores, el expresidente espera a que el líder libertario, en una eventual agudización de la crisis social por el ajuste, corra a sus pies para suplicarle el ingreso formal de PRO en el gabinete.
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