La obra social provincial logró revertir el déficit de principios de año. Pero para alcanzar ese objetivo pulseó con los prestadores y eso derivó en varios cortes de servicio.
La conflictividad en torno al Iapos no cesa y tensiona los números.
El gobierno de Maximiliano Pullaro logró llegar a un delicado e inestable equilibrio en las cuentas del Iapos al mes de agosto, según pudo saber AIRE, luego de atravesar largos meses con un sinnúmero de conflictos con prestadores de diversa naturaleza, algunos aún latentes o en desarrollo.
Fue ese el objetivo primario del traspaso de la gestión administrativa de la obra social provincial al Ministerio de Economía, dispuesto por el decreto Nº 560 del 30 de abril.
Allí se advirtió que “el Iapos ha observado durante el primer trimestre del presente ejercicio un déficit presupuestario que supera el (cinco por ciento) 5% del total de sus recursos en el mismo período, lo cual exige por parte de este Poder Ejecutivo tomar con premura definiciones tendientes a afrontar el déficit y evitar su consolidación de forma tal de no poner en riesgo el sistema de prestaciones médico asistenciales y de seguridad social de los afiliados”.
Aquella tendencia fue revertida a fuerza de cinchadas permanentes con las organizaciones empresarias o profesionales que trabajan con Iapos. En lo que va del año hubo conflictos –que en algunos casos detonaron cortes de servicio– con clínicas y sanatorios de Rosario, anestesistas de esa misma ciudad, empresas fúnebres y pediatras, entre otros.
“Se te desacomoda todo a cada rato. Acomodás uno y te corta otro”, explicó una fuente oficial ante la consulta de AIRE, que graficó el estado de situación con una figura singular: “Es como si fuera una carretilla de ranas”. De allí la inestabilidad del equilibrio en las cuentas del Instituto.
Más allá de las particularidades del caso, las convulsiones en Iapos se dan en un contexto crítico de las obras sociales y del sistema de salud en general. En ese sentido, AIRE reveló días atrás, a partir de un informe interno, que la obra social de la UNL se enfrenta a un rojo creciente que a julio de 2024 bordeaba los 2.500 millones de pesos.
En ambos casos hay una matriz similar: la devaluación ejecutada apenas iniciado el gobierno de Javier Milei, que espiralizó los costos sin que los ingresos –muy mayoritariamente aportes de los afiliados- hayan acompañado esa evolución.
De hecho, en el decreto Nº 560 de Pullaro se indica que el “entorno macroeconómico ha influido específicamente en la ecuación de costos de los sistemas de salud a partir del proceso de desregulación iniciado a fines de 2023 y el salto devaluatorio del mes de diciembre de dicho año”.
También hay relativa coincidencia en ambos casos sobre la situación hasta fines del año pasado. La OSUNL tenía “hasta el mes de noviembre de 2023 una situación de equilibrio económico y un superávit financiero que permitía sostener un plan de salud integral de calidad para todos los afiliados”.
El Iapos, por su parte, cerró el ejercicio con “financiamiento positivo”, según otro decreto del gobernador, el Nº 649 del 24 de mayo, mediante el cual incorporó al presupuesto 2024 “los Saldos no Invertidos de Recursos percibidos en los años 2022 y 2023 que no fueron aplicados a Erogaciones”.
No obstante, hay elementos diferenciadores en la evolución de las dos obras sociales, al menos según la mirada de la actual gestión provincial. En el decisorio de traspaso de la administración del Iapos al ministerio de Economía se apuntó a “la trayectoria sensiblemente divergente entre recursos y erogaciones” que “se vio intensificada por decisiones tomadas durante el segundo semestre de 2023, las cuales han tenido un fuerte impacto en el gasto durante el comienzo” de 2024. Se refiere a renegociaciones de los contratos de prestación, que en el gobierno de Pullaro consideran demasiado generosas.
Allende los límites provinciales, la crisis del sistema sanitario también se hace sentir con dureza y los cambios se aceleran de manera cotidiana. Este viernes concluyó un corte de servicios por 48 horas de los médicos que atienden por IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, tras la decisión del gobierno de Axel Kicillof de bajar el contrato en la zona de Junín con FEMEBA, la federación que los agrupa.
Ya había ocurrido otro conflicto similar meses atrás, cuando los anestesistas presionaron por un reajuste de aranceles y el titular de la institución de la seguridad social bonaerense, Homero Giles, los cruzó: “No hablan de la devaluación de diciembre, la desregulación total del mercado, descontrol de precios y quita de subsidios nacionales a clínicas”.
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