"Hola, en mi barrio venden droga": más de 18.000 llamados alertaron sobre búnkeres en Santa Fe
Las denuncias de vecinos al 911 fueron clave: un informe revela el impacto de la participación ciudadana contra las drogas en Santa Fe.
En los primeros dos años de aplicación de la ley se registraron 490 condenas por delitos vinculados al microtráfico y 644 personas quedaron privadas de la libertad.
A dos años de la puesta en marcha de la Ley de Desfederalización Parcial de Delitos Vinculados al Narcomenudeo en Santa Fe, uno de los datos que más sobresale del balance oficial no está vinculado a allanamientos, detenciones o condenas. Tiene que ver con la participación ciudadana. Entre 2023 y 2025, los santafesinos realizaron 18.409 llamados al 911 para denunciar presuntos puntos de venta de droga.
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El dato surge del informe de evaluación elaborado de manera conjunta por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, documento que fue remitido a la Legislatura en cumplimiento de la Ley 14.239, que obliga a revisar los resultados de la desfederalización a los 24 meses de su implementación.
La evolución de las denuncias muestra una tendencia sostenida al alza. Según el informe, los llamados vinculados a presuntos bunkers y puntos de venta crecieron un 153% entre 2023 y 2024. Lejos de estabilizarse, la curva volvió a incrementarse un 24,7% entre 2024 y 2025.
El rol de los vecinos en las investigaciones sobre microtráfico en Santa Fe
Las denuncias ciudadanas se transformaron en uno de los principales insumos para las investigaciones judiciales vinculadas al microtráfico. El volumen de información aportado por vecinos de distintos puntos de la provincia derivó en una intensa actividad investigativa que, durante los dos años analizados, generó 24.843 ingresos de causas al Ministerio Público de la Acusación.
El promedio arroja una cifra significativa: alrededor de 33 nuevas investigaciones por día relacionadas con la comercialización minorista de estupefacientes.
A partir de esas actuaciones se concretaron 2.616 allanamientos en toda la provincia. El 74% de esos procedimientos se concentró en Rosario, ciudad que continúa siendo el principal foco de intervención dentro de la política provincial contra el narcomenudeo.
De las denuncias a los derribos de bunkers de droga
La información obtenida a partir de denuncias y tareas investigativas también derivó en la inactivación de puntos de venta de droga.
Durante los primeros dos años de vigencia de la ley se autorizaron 105 procedimientos de cese del estado antijurídico y se ejecutaron 100 intervenciones, entre derribos de bunkers e inutilización de inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes.
Rosario encabezó las estadísticas con 64 intervenciones. Sin embargo, el informe también destaca el caso de Frontera, donde se registraron nueve derribos, una cifra que representa una de las tasas de intervención más elevadas de la provincia en relación con la cantidad de habitantes.
Un cambio en la estrategia contra el microtráfico
La adhesión de Santa Fe a la ley de desfederalización modificó el esquema de investigación que existía hasta entonces. Antes, las causas vinculadas al narcomenudeo eran competencia de la Justicia Federal. Con la nueva normativa, el Ministerio Público de la Acusación asumió la conducción de las investigaciones y comenzó a trabajar con análisis criminales previos, identificación de mercados ilegales y evaluación de los niveles de violencia asociados.
En paralelo se crearon estructuras específicas para abordar el fenómeno, entre ellas la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFE-MT), la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, el Dispositivo de Producción de Información sobre Comercialización, Acopio y Consumo de Estupefacientes (DIPROCACE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).
Allanamientos, armas y condenas
El balance oficial muestra además que las investigaciones permitieron secuestrar 658 armas de fuego, detener a centenares de personas y avanzar en cientos de procesos judiciales.
En los primeros dos años de aplicación de la ley se registraron 490 condenas por delitos vinculados al microtráfico y 644 personas quedaron privadas de la libertad.
Para el oficialismo provincial, estos resultados son consecuencia de una reorganización institucional impulsada desde el Ejecutivo y sostenida mediante una fuerte inversión en recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Según el informe, el Ministerio de Justicia y Seguridad ejecutó más de 245.000 millones de pesos entre 2024 y 2025 para sostener la estructura destinada a la persecución del microtráfico, mientras que el Ministerio Público de la Acusación incorporó inversiones adicionales para fortalecer su capacidad operativa.