Gastón Salmain libra una batalla judicial para salvar su cargo con nuevos frentes de batalla
El Consejo de la Magistratura rechazó las denuncias que Gastón Salmain presentó contra su colega Carlos Vera Barros, que lo procesó.
El juez federal de Rosario Gastón Salmain libra una batalla que ya no se pelea en un solo tablero.
El juez federal de Rosario Gastón Salmain libra una batalla que ya no se pelea en un solo tablero. Suspendido, procesado y con un jury de enjuiciamiento en el horizonte, el magistrado desplegó en las últimas semanas una estrategia de resistencia que abre frentes simultáneos: denuncia a los jueces que lo procesan, apunta contra la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, reaparece en tribunales donde no es parte y deja que sus abogados envíen mensajes a los fiscales que lo acusan. Cada movimiento responde a una misma lógica: la de un juez que juega cada pieza para no quedar preso. A sus íntimos, Salmain les dice que vuelve al cargo en noviembre. Pero hasta ahora las cosas no les salen como esperaba.
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En ese contexto se inscribe la última derrota que le propinó el Consejo de la Magistratura de la Nación. El cuerpo desestimó las tres denuncias que Salmain había presentado contra su colega, el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, el mismo que hace ocho meses lo procesó por un intento de cobro de sobornos, le dictó la prisión preventiva y lo embargó por 200 mil dólares. La decisión, adoptada este miércoles, cerró uno de los flancos ofensivos que el magistrado había abierto para desactivar la causa que más lo compromete.
Gastón Salmain libra una batalla judicial para salvar su cargo con nuevos frentes de batalla
El expediente que ordena todo el conflicto se conoce como Attila. Allí Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La imputación sostiene que dictó una medida cautelar a favor de la firma Attila Fideicomisos, del financista Fernando Whpei —hoy imputado colaborador—, que ordenó al Banco Central autorizar la compra y transferencia de 10 millones de dólares al exterior en plena vigencia del cepo cambiario, para que el empresario cancelara una deuda. A cambio, según la acusación, Salmain habría acordado —con la intermediación del escribano Santiago Busaniche— una coima equivalente al 10 por ciento de la diferencia entre la cotización oficial y la del mercado blue. El negocio se frustró cuando la devaluación posterior al cambio de gobierno pulverizó la brecha cambiaria.
Fue Vera Barros quien, en diciembre pasado, procesó a Salmain en esa causa y ordenó las medidas más gravosas. Contra ese magistrado dirigió el acusado su ofensiva ante el Consejo. El primer consejero en desestimar los planteos fue Alberto Lugones —que también es juez—, y su criterio fue acompañado por toda la Comisión de Disciplina.
La primera denuncia cuestionaba que Vera Barros le hubiera dictado la prisión preventiva y la prohibición de salida del país pese a que Salmain conserva fueros que, según su lectura, le otorgan inmunidad. El magistrado sostuvo que su colega ordenó esas medidas con pleno conocimiento de que la ley 25.320 se lo impedía, después de haber reconocido esa misma limitación en una resolución previa dictada por él en la causa.
La segunda apuntaba a que Vera Barros habría omitido de manera arbitraria incorporar al expediente una prueba capaz de desincriminarlo: un oficio librado por la Prefectura Naval Argentina que, según Salmain, el fiscal acusador ocultó deliberadamente. Se trataba, alegó, de una evidencia de descargo clave para medir la credibilidad del principal testigo de cargo.
La tercera reprochaba a Vera Barros haber ordenado medidas coercitivas extremas —el secuestro de su teléfono celular, la requisa personal y la de su vehículo— cuando, afirmaba el denunciante, el expediente que servía de sustento había desaparecido por completo del sistema de gestión judicial y carecía de existencia procesal válida. Desde que tomó conocimiento de esa desaparición, sostuvo Salmain, el juez debió suspender de inmediato las medidas.
Comportamiento y la disciplina de los jueces
En los tres casos el dictamen fue idéntico. El Consejo de la Magistratura tiene competencia para analizar el comportamiento y la disciplina de los jueces, pero sus integrantes tienen vedado revisar las decisiones jurisdiccionales, es decir, aquello que los magistrados resuelven en el ejercicio de su función. Los consejeros coincidieron y archivaron las tres presentaciones.
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El rechazo llegó en paralelo a otro episodio que encendió las alarmas del Ministerio Público Fiscal. La semana pasada, Salmain reapareció en un lugar inesperado: entre el público de una audiencia del juicio por la causa "Sueños Compartidos", en los tribunales de Comodoro Py, un expediente del que no era parte y con el que nada tenía que ver. Se ubicó detrás de los imputados y de la defensa, en un sector que no correspondía al público general.
La elección del lugar no fue casual. Los fiscales que sostienen la acusación en Sueños Compartidos, Diego Velasco y Juan Argibay Molina —ambos de la Procelac—, son los mismos que impulsan la imputación contra Salmain en la causa Attila. Ese día alegaba Yamil Castro Bianchi, uno de los defensores del juez, que al cuestionar las penas pedidas para sus asistidos deslizó una frase dirigida a Velasco: dijo que el día que le tocara pedirle pena a Salmain "en la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema", él empezaría por el mínimo, para diferenciarse en materia de principios.
La mención a Horacio Rosatti no fue improvisada. Es el eje de la línea defensiva que Salmain viene sosteniendo: que sus causas son un armado y que detrás está el titular del máximo tribunal. Cuando lo imputaron por un nuevo pedido de coima —esta vez de 100 mil dólares al exdirector regional de la AFIP en Santa Fe, Carlos Vaudagna—, el juez atribuyó su persecución a una investigación que tramita en Comodoro Py sobre una presunta asociación ilícita que involucraría a Rosatti, a su secretario Silvio Robles y a fiscales de Rosario. Su intención de radicar los expedientes en esa jurisdicción fue rechazada por la jueza María Romilda Servini. Días atrás, Salmain había apuntado también contra el ministro Ricardo Lorenzetti, el mismo que en julio de 2024 participó de la ceremonia en la que asumió como juez federal de Rosario y que, según recordaron los presentes, lo calificó entonces de "soldado".
Malestar
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, fue quien puso palabras públicas al malestar. Calificó de "muy extraña" la presencia de Salmain en una causa ajena y remarcó que el lugar elegido no era un detalle menor: parecía concordar con el ataque de su abogado al fiscal que también comanda su imputación en Rosario. Para el dirigente, el episodio tuvo un perfil deliberado: sostuvo que a Salmain no se le escapaba que su presencia iba a producir una reacción, y que buscaba provocar y amedrentar.
Toranzos inscribió el hecho en lo que describió como una degradación de las reglas en las audiencias, donde —advirtió— ya no se cuestiona la prueba sino que se ataca a la persona que ejerce la función fiscal. Y lanzó una advertencia dirigida al órgano que debe juzgar al magistrado: el episodio, dijo, debía ser una alerta para que el Consejo de la Magistratura analizara de inmediato su juicio político.
Mientras Salmain multiplica ofensivas, los tribunales superiores le cierran las salidas. La Cámara Federal de Casación Penal viene rechazando de manera sistemática los intentos de la defensa de frenar o archivar los expedientes. Esta semana, los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos convalidaron una causa por abuso de autoridad desprendida de Attila —vinculada a los oficios que Salmain habría enviado, con membrete y sellos del juzgado, para acceder a un expediente que lo tenía como principal imputado— y desestimaron un planteo de nulidad sobre los allanamientos y secuestros de dispositivos, al recordar que la validez de esas pruebas se discutirá en el juicio oral.
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El horizonte es el jury. El Consejo de la Magistratura ya suspendió a Salmain por unanimidad y evaluará tanto los hechos de Attila como un segundo cargo: haber ocultado en su currículum que en 2002 fue apartado del Poder Judicial por ofrecer una coima para direccionar un expediente. Sobre el magistrado pesan tres causas penales acumuladas en apenas dos años en Rosario, dos de ellas por pedidos de sobornos, y una prisión preventiva ya dictada que solo se hará efectiva si el enjuiciamiento avanza y pierde los fueros.
Ese es el nudo de toda la estrategia. Cada denuncia, cada aparición, cada mensaje deslizado en una audiencia responde a un mismo cálculo: el de un juez que sabe que la destitución no es solo el fin de su carrera, sino la llave que activaría su detención. Por eso pelea en todos los frentes a la vez. Y por eso, con el rechazo de sus denuncias contra Vera Barros y el episodio de Comodoro Py sumándose al desgaste, cada tablero que pierde lo acerca un poco más al escenario que intenta conjurar.
