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Política Maximiliano Pullaro | Partido Justicialista |

En sordina, el gobierno y el PJ santafesino ya polemizan por los números de la Provincia

El justicialismo santafesino cree que el gobierno de Pullaro intenta inflar el déficit de 2023 con una maniobra contable con la Caja de Jubilaciones y así condicionar el desenvolvimiento de las paritarias estatales.

Información de origen sindical, que circula de manera reservada entre los diputados provinciales del PJ, permite adelantar una de las líneas argumentales con las que el peronismo santafesino, más temprano que tarde, saldrá a discutir la herencia recibida por Maximiliano Pullaro.

Esos datos, a los que accedió AIRE, tienen como eje vertebrador una sospecha: la inminente ejecución de una operación contable con la Caja de Jubilaciones para exagerar el déficit de las cuentas públicas.

En el gobierno rechazan de plano esa objeción y aseveran que, en realidad, lo que se hará es corregir un criterio puesto en práctica en 2005 por el entonces ministro Walter Agosto, cuando todavía no estaba vigente la ley provincial 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado.

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La alerta peronista se activó días atrás, cuando el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, difundió un gráfico en el que muestra que, mientras que la inflación creció en 2023 un 215% y el gasto salarial aumentó un 155%, los ingresos corrientes apenas se incrementaron en un 123%.

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Fuente: Gobierno de Santa Fe.

Fuente: Gobierno de Santa Fe.

“Todo esto lleva a tener cuentas presupuestarias con déficit: es decir, se gasta más de lo que ingresa”, afirmó el funcionario, que calculó un rojo de unos 200 mil millones.

En el peronismo santafesino creen que el déficit con que cerró la gestión de Omar Perotti es sensiblemente menor, cercano a los 70 mil millones que esgrimió públicamente el exministro Walter Agosto a principios de diciembre.

Entienden que allí está la razón para la no publicación del Análisis de las Finanzas Provinciales, que se emite mensualmente en el portal del gobierno, correspondiente a noviembre y diciembre.

Y aquí aparece la presunción de que, para inflar de manera artificial el rojo de 2023, la administración económica de Maximiliano Pullaro pretende alterar la forma de contabilización del resultado final, a través de la registración en enero de 2024 de los aportes personales y las contribuciones patronales a la Caja de Jubilaciones correspondientes a diciembre del año pasado.

De esa manera, evalúan en el PJ, el déficit global se incrementaría en unos 45 mil millones de pesos y el rojo de la Caja pasaría de 130 a 175 mil millones de pesos. Y, en sentido inverso, el primer año de gestión del frente Unidos contaría para el cierre con esa brecha a favor.

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Indican que el primer año de gestión del frente Unidos contaría para el cierre con esa brecha a favor.

Indican que el primer año de gestión del frente Unidos contaría para el cierre con esa brecha a favor.

Siempre según la mirada justicialista, una operación contable de estas características, que necesitaría de un decreto fechado al final de 2023, apunta a varios frentes: enlodar a la gestión de Perotti, condicionar las negociaciones paritarias y poner en duda la solidez del organismo previsional para cualquier medida antipática que se intente tomar allí. Por el contrario, en el peronismo aseguran que, al viernes pasado, había 240 mil millones en caja.

Finalmente, mencionan que, en la misma línea de estrategia contable, el actual gobierno dispuso, a través del decreto Nº152 del 22 de diciembre pasado, una ampliación presupuestaria para atender gastos diversos por $ 45.455.947.849.

La visión del gobierno

En este contexto, AIRE consultó al actual equipo económico sobre los cuestionamientos del PJ, todavía en off, sobre una supuesta “contabilidad creativa” con la Caja de Jubilaciones.

Al respecto, funcionarios de esa área trajeron a colación un episodio de 2005, recordado en las últimas horas en el Centro Cívico, que le permitió al entonces ministro Walter Agosto contar 13 meses de aportes y contribuciones al hacer el camino inverso al que se practicará ahora: es decir, contabilizar en enero de ese año los ingresos de diciembre de 2004 y cambiar la metodología a fin de 2005, aprovechando que la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado comenzaría a regir recién en 2006.

En consecuencia, y siempre de acuerdo a ese enfoque, lo que se está haciendo ahora es corregir una operación contable del predecesor de Olivares para ponerla en línea con la normativa vigente.

Recordaron, además, que la administración de Perotti publicó el cierre provisorio de 2019 el 17 de abril del 2020, cuatro meses después de iniciado el mandato, cuando en la actualidad todavía no se completó siquiera el segundo.

Respecto del decreto Nº 152 de ampliación presupuestaria, plantearon que se tomó esa decisión con el objetivo de poder imputar gastos para los que no había partidas suficientes, todo lo cual está detallado en el decisorio. A saber:

  • -$ 5.455.947.849 para cubrir “un incremento salarial para el personal del Poder Judicial” establecido “con posterioridad a la elevación a las cámaras legislativas del documento que diera lugar a la aprobación de la ley de Presupuesto” de 2023.
  • $ 8.000.000.000 para ASSA con el objeto de hacerle frente al “desfasaje producido en el presupuesto vigente a consecuencia de múltiples factores, tales como el impacto de la devaluación del tipo de cambio registrado en diciembre de 2023” y “el efecto de la inflación sobre rubros críticos de la empresa, principalmente en insumos químicos, obra modular, mantenimiento y reparaciones”.
  • $ 5.000.000.000 para los ministerios de Gobierno y Desarrollo Social con el fin de “agilizar, facilitar y atender las necesidades que se produzcan para aliviar y mitigar los efectos y daños provocados por los excesos hídricos en todo el territorio de la provincia y por la crisis económica que afecta al país”.
  • $ 3.000.000.000 “a los efectos de atender aquellas erogaciones que se demanden en el marco de la Emergencia en Seguridad Pública”.
  • $ 20.000.000.000 para afrontar “facturas impagas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre que aún resta finalizar (al momento de la firma del decreto)” en hospitales y Samcos, como así también $ 1.500.000.000 para sueldos de 1.287 reemplazantes de Salud que trabajaron en septiembre, octubre, noviembre y otros que están cumpliendo funciones en diciembre”, todos ellos “autorizados con anterioridad a la gestión iniciada el 11 de diciembre” de 2023 “sin tener la correspondiente imputación y compromiso presupuestario”.