sábado 8 de agosto de 2020
Política | proyecto | Diputados | Alberto Fernández

En lo peor de la pandemia, la reforma judicial rompe toda relación con la oposición

La reforma judicial es un proyecto del presidente Alberto Fernández. Pero la idea de modificar la Corte es impulsada por la vicepresidenta, Cristina Fernández.

En el peor momento de la pandemia, de la crisis económica y de la negociación de la deuda, Alberto Fernández lanzó su polémico proyecto de reforma judicial y, en paralelo, presentó un comité de juristas “notables” con la intención de modificar la integración y la estructura de la Corte Suprema. Ambas iniciativas tensaron la ya tensa relación con el principal espacio opositor, Juntos por el Cambio, lo que anticipa un duro debate en el Congreso, en particular, en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es minoría.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La idea de modificar la Corte pertenece a Cristina Fernández de Kirchner.

La idea de modificar la Corte pertenece a Cristina Fernández de Kirchner.

Es conveniente marcar una distinción entre ambas iniciativas. La reforma judicial es un proyecto propio de Fernández, anunciado hace ya tres meses y con el cual el Presidente pretende marcar un hito en su gestión. La intención de modificar la Corte Suprema, sin embargo, pertenece a Cristina Kirchner, convencida de que podrá desarticular las decenas de causas que afronta en la Justicia en una Corte reformada. El problema para Fernández es que su declamado propósito de mejorar el servicio de justicia, más allá de sus nobles intenciones, quedó contaminado con la obsesión de Cristina de garantizarse impunidad: la sola presencia del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, en la comisión de juristas notables, parece confirmarlo.

En lo inmediato, el Gobierno parece haberse embarcado en una batalla costosa en tiempos de escasez y de avance de la inseguridad.

Si algo queda claro es que para cerrar el frente interno con su vicepresidenta, el Presidente abrió dos frentes externos de conflicto. Por un lado, con una parte de la ciudadanía que lo votó y esperaba otra cosa de él. Por el otro, con la principal fuerza opositora, en la que salió fortalecida el ala más dura, justo cuando todo aconseja buscar consensos.

En lo inmediato, el Gobierno parece haberse embarcado en una batalla costosa en tiempos de escasez y de avance de la inseguridad. Ninguno de los dos proyectos en cuestión aparece en las encuestas al tope de las demandas sociales. Más bien lo contrario: el último cacerolazo resonó fuerte en vastos sectores de la Capital.

Primer paso, en el Senado

El proyecto de reforma de la Justicia ingresará por el Senado, donde Cristina Kirchner y sus acólitos tienen mayoría. El corazón del proyecto de ley de Fernández apunta a diluir el poder que concentran hoy los doce juzgados con sede en Comodoro Py, aquellos que tramitan las causas de corrupción política, y otros delitos complejos, como el narcotráfico y el lavado de dinero. Para ello, propone duplicar la cantidad actual de juzgados para llegar a 46: con objetivo fusiona a los 12 juzgados de Comodoro Py con los 11 de Penal Económico, al tiempo que propone crear 23 juzgados nuevos, que serían cubiertos con jueces subrogantes durante un año, con la posibilidad de renovar este lapso por otros seis meses.

Todo indica que el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, rechazará este proyecto.

Todo indica que el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, rechazará este proyecto. Por dos razones: una, porque sospecha que los jueces subrogantes que cubrirán los nuevos juzgados serán afines al oficialismo; advierten que los candidatos surgirán de una lista que elaborará la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, cuyos integrantes son cercanos a Justicia Legítima. Esa lista será tamizada por el Consejo de la Magistratura y luego pasará por el Senado, donde el cristinismo es mayoría. El diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio), que integra además el Consejo de la Magistratura, advirtió, además, que cubrir esas nuevas vacantes con jueces subrogantes viola la ley.

Costos económicos

La otra objeción de Juntos por el Cambio pasa por los costos económicos que demandará la reforma. Porque además de los 23 nuevos juzgados, el proyecto propone crear 94 en el interior; 23 fiscalías y 8 defensorías, entre otras nuevas estructuras, con su personal y con sus edificios.

El oficialismo sabe de antemano que no contará con el apoyo de Juntos por el Cambio en el Congreso. En el Senado, donde el oficialismo es mayoría, descuentan que el proyecto se aprobará sin contratiempos.

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Sergio Massa tendrá un arduo trabajo en Diputados para que se apruebe la reforma judicial.

Sergio Massa tendrá un arduo trabajo en Diputados para que se apruebe la reforma judicial.

Las mayores dificultades las encontrará en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Casa Rosada no desespera y coloca sus expectativas en Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, encargado de buscar los votos que faltan para alcanzar la mayoría. Massa confía en un elenco estable de aliados para poder avanzar: por de pronto tendrá ocho votos del interbloque provincial que conduce el mendocino José Ramón, quien estuvo presente en la presentación del proyecto en la Casa Rosada. Confía en sumar, también, a los cuatro diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, y un puñado de monobloques.

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