Con media sanción, el proyecto de ley pasó a la Cámara baja, donde se prevé que se le realizarán las modificaciones que propusieron desde el bloque opositor del Senado. Cabe recordar que en Diputados el oficialismo es minoría –solo tiene 7 bancas sobre un total de 50– y los bloques que dominan el recinto son los de la UCR y el socialismo.
El senador radical Felipe Michlig aclaró que la ley que proponen desde su espacio incluye 34 artículos: "El doble de lo que hoy se votó; en tiempos de emergencia como el que se vive es necesario que se escuchen a todos los actores". Además agregó que sin los acuerdos necesarios "estamos perdiendo el tiempo en dar las respuestas que los santafesinos necesitan y mientras eso ocurre siguen matando gente".
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El senador radical, Felipe Michlig, pidió mayor apertura de diálogo para crear una política de Estado, "mientras se demora la ley se sigue matando gente".
Las modificaciones planteadas y que seguramente se agregarán en diputados, incluían la creación de un fondo de 6.000 millones de pesos que podría ser aumentado en un 50% transcurrido los 365 días por parte del Gobernador, destinado a inversión en seguridad pública y el servicio penitenciario, "de esta manera además de las facilidades para gestionar se crearía un fondo para las compras", detalló el senador Lisandro Enrico.
El representante del departamento General López, agregó que también se incluía un fondo de 1.300 millones de pesos para el organismo de investigación del Ministerio Público de Acusación, para dotarlo de mayor tecnología y equipamiento. Además, según el senador, agregaba la reestructuración de los esquemas vigentes de los suplementos de la policía, la creación de sistemas de videovigilancia con municipios y comunas, la creación de un sistema de análisis de información penitenciaria que permita ser más estricto con la adiminstración del servicio.
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El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, aclaró que la duración de la ley es hasta el 31 de diciembre del 2023, pero "el futuro Gobierno la podrá proprrogar por el mismo tiempo de vigencia al 2023, es decir que si empieza a regir al primero de mayo 2023, se podrá renovar hasta el 31 de julio del 2024".
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Otra de las modificaciones que se pretendía incluir en el artículo 29, era establecer una nueva competencia en el lugar de alojamiento de los presos. El Poder Ejecutivo tenía la facultad de analizar los pedidos que realiza la justicia y habilitarlos, siempre y cuando la capacidad operativa del servicio penitenciario permita disponer de personal para el traslado de un interno o el cambio de situación de encierro de esa persona, "a veces se quita un patrullero de la calle para trasladar un preso a un velorio", dijo Enrico.
Duración de la emergencia
La mayor distancia entre las posturas de oficialistas y opositores radicó en la duración de la emergencia. Mientras se aprobó que la misma dure hasta el 31 de diciembre del 2023, mientras que "el futuro Gobierno la podrá proprrogar por el mismo tiempo de vigencia al 2023, es decir que si empieza a regir al primero de mayo 2023, se podrá renovar hasta el 31 de julio del 2024", aclaró el senador Alcides Calvo.
El bloque opositor en su dictamen de minoría pedía hacerlo hasta diciembre del 2025, "¿Pretenden que 20 días después de que asuma el próximo gobierno ya esté solucionada la situación de seguridad?", cuestionó Felipe Michlig, agregando que "tenemos que hacer una política de estado, no un parche de siete meses que le queda a la gestión Perotti".
Una junta provincial que sea provincial
Otra de las modificaciones que incluye la ley de emergencia en seguridad pública y servicio penitenciario, es la posibilidad de que la Junta Provincial de Seguridad se reúna en las cabeceras departamentales. Esta modificación fue propuesta por el senador del departamento Las Colonias, Rubén Pirola. La convocatoria en dichas localidades incluirá a representantes legislativos, autoridades municipales, comunales y organizaciones de la sociedad civil del departamento. Además, se incorporarán al trabajo de la junta las conclusiones, sugerencias y pedidos realizados para ser tenidos en cuenta en el análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la provincia.
