El ministro de la Corte provincia, Daniel Erbetta, advirtió que existen manifestaciones políticas que van en contra de la independencia del Poder Judicial.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, se refirió a expresiones de dirigentes políticos de la provincia cuyos destinatarios son jueces que tienen que emitir fallos en causas en las que están involucrados funcionarios de los tres poderes del Estado.
En diálogo con Aire Digital, Erbetta habló de una publicación en redes sociales del senador provincial Lisandro Enrico. El legislador había expresado: “Si otra vez la misma juez impide la investigación del funcionario y la aplicabilidad de la ley, luego de que fuera ratificada su constitucionalidad, vamos a solicitar que se aboque el Tribunal de Enjuiciamiento por notoria parcialidad”.
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Al respecto, el juez de la Corte aseguró que “es un tema de extrema gravedad institucional que compromete no solo el equilibrio sino la división de poderes”. En la misma dirección, advirtió que existen manifestaciones políticas que van en contra de la independencia del Poder Judicial.
“La declaración de Enrico no es una declaración aislada, sino una sucesión de hechos en donde prácticamente desde distintos espacios políticos han formulado manifestaciones que no pueden tomarse más que como presiones a jueces”, remarcó el magistrado.
En el mismo sentido, Erbetta enumeró una serie de hechos y expresiones que serían parte de la presión a los jueces: críticas expresadas en una sesión especial de la Legislatura a los integrantes de la Cámara laboral, la presentación de la vicegobernadora en representación del Senado en una causa que de la que no es parte pidiendo el archivo de una causa, declaraciones políticas posteriores al fallo del juez Mascali en Rosario y dichos posteriores al fallo de la jueza Más Varela tras un juicio abreviado al fiscal Ponce Asahad. “Marcan lo que uno llama bulliying institucional al Poder Judicial. Me parece que no se puede naturalizar. Necesariamente se debe llamar a la reflexión de esos actores”, dijo el integrante de la Corte provincial.
“Si queremos defender la calidad de la democracia necesitamos una justicia independiente”, reclamó Erbetta y sostuvo que “para un juez de primera instancia, que un senador le advierta antes de emitir un fallo, no puede no tomarse como presión”.
Por otro lado, el juez fue consultado sobre la judicialización de la política en la provincia de Santa Fe. “Tenemos un fenómeno bastante paradojal y casi inverso de lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional hay judicialización de la política. Lamentablemente los tribunales de Comodoro Py se convirtieron en campo de lucha partidaria y no es bueno”, expresó.
Asimismo, explicó que “en la provincia de Santa Fe pasa algo distinto. Lo que se judicializan son cuestiones que tienen que ver con leyes sancionadas por la legislatura que han sido objetadas por su estándar constitucional”.
Por último, el ministro de la Corte también habló de la convocatoria de la comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura al titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain, por presunto proselitismo.
Al respecto, Erbetta prefirió no hacer referencia al contenido del proceso disciplinario porque “la causa quizá termina en la Corte”. De todos modos, criticó la decisión de los integrantes de la comisión legislativa de no permitir la asistencia de la prensa al momento de la declaración de Sain.
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“Me sorprende que se tome como algo inédito que se pida que la audiencia sea pública. Los actos de gobierno tienen que ser públicos, transparentes y racionales”, remarcó y aseguró que “es inédito que el acto sea secreto”. Además, calificó la decisión de "anti republicano, contrario a la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno”.
En la misma dirección, indicó que “desde hace muchos años vengo planteando con otros colegas la necesidad de hacer una reforma judicial que apuntara a transparentar los actos del Poder Judicial”.
“Nos hemos acostumbrado a naturalizar situaciones que son completamente inconstitucionales, como que no haya publicidad de actos del gobierno”, afirmó el magistrado y opinó que “la Comisión de Acuerdos debería, por lo menos, transparentar la actividad”.
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