El Gobierno subsidia empleos precarizados para estimular el crecimiento del trabajo formal

Alberto Fernández y su mesa chica de asesores con oficinas en la Rosada, ya disponen de análisis económicos con estadísticas que le echan la culpa a las restricciones impuestas durante la pandemia, al malhumor social que castigó a casi todos los oficialismos que sometieron sus políticas sanitarias y económicas al voto popular.

“En 2015 y con los mejores salarios en dólares de América Latina también perdimos”, aducen cientistas sociales, que saben que éstos fenómenos son producto de procesos complejos, multicausales, quitándole peso en el combo general la operación “Nisman héroe, Cristina asesina” y a la peor campaña peronista en décadas que –pese a pulverizar las chances de Scioli bajo el lema “el candidato es el modelo”- perdió las ejecutivas por menos de dos puntos. A los emocionados de las persistencias les aportamos que “el candidato no importa, la potencia está en el modelo” o “la marca gana prácticamente sola”, fue también la idea madre que campeó en la campaña de las Paso 2021, pero con peores resultados: de 2 a 10 puntos en la suma nacional.

“Ya en julio de éste año, dos meses antes de las elecciones, registrábamos niveles de consumo superiores a los de 2019 en supermercados y almacenes minoristas”, aseguran periodistas con llegada directa al presidente, críticos de las primeras medidas anunciadas. “¿Será que éstas medidas podrían quedarse cortas o impliquen un yerro, por equivocar primero el diagnóstico?”, se preguntan mientras advierten un giro pragmático del gobierno que los pauta y les pasa información para primerear. Gente lúcida que en el colmo de la policausalidad extraviada admite que la elección general está perdida a nivel nacional pero –y sin consignar cuántos barrios de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires donde perdió el FDT tienen calles de tierra con o sin cordón cuneta- cree que si no llueve demasiado los días previos, “si no hay barro”, los electores peronistas se van a trasladar sin dudas y que se puede ganar la madre de todas las batallas.

“Comienza la era del peronismo clásico” anuncian también, y es entonces cuando hacemos algo que el periodismo de buena factura se copia de la filosofía: un puñado de buenas preguntas sin ánimo de chicana. ¿Cuál es el peronismo clásico? ¿El de los dos primeros gobiernos de Perón? ¿El que expulsaba ideas extrañas a las 20 verdades y la Comunidad Organizada, que añoran sindicalistas y dirigentes veteranos que aborrecen más a los marxistas que a los yanquis? ¿El que hizo escuela en los noventas y hoy cuenta con decenas de neomenemistas en el oficialismo y la oposición? ¿El de Néstor y Cristina? ¿Desde cuándo el pragmatismo pasó de ser un movimiento filosófico y práctica de gestión a una ideología política? Para decirlo en otros términos, el peronismo hace uso del pragmatismo, pero el pragmatismo no define necesariamente a un gobierno peronista.

¡No era la economía! ¡Era la sociología estúpidos!

Al grito de…continúan las disquisiciones, pero el gobierno asume que fue la economía y tomó algunas decisiones que recogen un viejo anhelo kirchnerista, una vieja discusión entre Néstor Kirchner y Emilio Pérsico, cuando el presidente lo invitaba a transformar el Movimiento de Trabajadores Excluidos un partido político (a la postre el Movimiento Evita), trascender el formato piquetero, sus reclamos clásicos de planes y panes, para acompañarlo en la lucha por empleo registrado y de calidad.

Y hablando de persistencias históricas, de paralelos, se podría apuntar que Néstor decía esto en 2003, con más desocupación que votos y con estadísticas socio-económicas de espanto, como las actuales. Mientras –a diferencia de lo que ocurre actualmente- aplicaba un shock de ingresos capaz de sostener una etapa caracterizada por el crecimiento económico sostenido por la demanda, por el dinamismo de un mercado interno que explica el 70% del PBI, perfectamente consciente de que apostar al crecimiento de las exportaciones para combatir la bendita restricción externa, es una apuesta de largo plazo.

Pero por el lado mezquino o “de la oferta”, dos de las medidas recientemente tomadas se hacen cargo también de un reclamo histórico de las patronales agropecuarias y de los empleadores con altos niveles de informalidad en general: la inconveniencia de los programas y planes sociales porque “destruyen la cultura del trabajo” y les quitan mano de obra, con variantes extremas como “el peronismo fomenta vagos y planeros”, “acá no trabaja el que no quiere” o “se embarazan por un plan”.

Es el caso del Decreto 541/21, dictado antes de las primarias para compatibilizar o empalmar el pago de haberes de los trabajadores rurales temporarios o trabajo permanente discontinuo (previstos en la Ley 26.727 sancionado durante el segundo gobierno de Cristina) y el trabajo agropecuario por temporada o golondrina (previsto en el artículo 96 de la LCT), con el cobro de la AUH y programas como Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar.

La UTEP había realizado algunas propuestas en el mismo sentido definido por el FDT, Came lo venía pidiendo a gritos por todos los medios y empuñando un proyecto con ansias de Ley, y el ministro de Agricultura Luis Basterra –uno de los funcionarios que no funcionaban ni lograba satisfacer la insaciabilidad de las patronales agrarias- fue el primero desde 2003 en darles la razón abiertamente al decir ante empresarios yerbateros misioneros que “los planes atentan contra el empleo, coincidimos en el concepto y sepan que tienen un aliado” para rematar con una frase inédita para un Ministro de Agricultura del peronismo clásico digamos: “Hay personas que en realidad no tienen ganas de trabajar”.

Basterra es formoseño de origen, a salvo de anteojeras porteñófilas y conocedor de estadísticas oficiales y paraoficiales, sabía perfectamente que los niveles de informalidad de la industria yerbatera suponen que 3 de cada 5 tareferos trabajan en negro y en muchos casos sin los mínimos cuidados de salud y seguridad laboral, agolpados en acampes linderos a las explotaciones y en condiciones de esclavitud y que –demostrado por un relevamiento de la Universidad de Misiones- los hijos de esos trabajadores se incorporan a la preparación, raleo, cultivo y cosecha entre los 5 y los 13 años, para sumar sus magros salarios a los también magros de sus padres y conformar ingresos de subsistencia.

Sabía Basterra y seguramente también el actual ministro de Agricultura que lo que desalienta el trabajo rural en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades productivas y de rentabilidad, son las condiciones laborales y los salarios que pagan (por lo general violando las disposiciones que rigen el Salario Mínimo Vital y Móvil bajo las narices del Ministerio de Trabajo), en muchos casos en la misma línea o por debajo de un plan social o subsidio estatal y casi siempre por debajo de la línea de pobreza. Pero ese nunca es el enfoque hegemónico y tal parece que el consensualismo bien entendido comienza por adoptar el punto de vista de las patronales. En el audiovisual que integramos a la nota, la ONG Un sueño para Misiones enfrenta este relato o bien lo ajusta a la realidad de la producción yerbatera bajo el lema “Me gusta el mate sin trabajo infantil”.

Pero volviendo al Decreto, fue la Resolución conjunta 8/21 de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social la que estableció en su artículo 6 que:

"Las prestaciones dinerarias de los planes y programas sociales y de empleo a que hace referencia el artículo 3° del Decreto N° 514/21, con excepción de la Tarjeta Alimentar del Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre”, podrán ser consideradas a cuenta del salario de los trabajadores y trabajadoras enunciados en el artículo 1° del citado Decreto a partir del sexto mes de iniciada la relación laboral con prestación efectiva de tareas."

La medida que analizamos finalmente implica –bajo pretexto del sostenimiento de la relación laboral más allá de un semestre- más un subsidio estatal a la precarización laboral, a condiciones injustas de empleo que la dignificación de los 250.000 potenciales beneficiarios, permitiéndoles sostener dos o más fuentes de ingresos. La deducción salarial de beneficios sociales provistos por el Estado –de la cual se exceptúa la tarjeta Alimentar para no quedar cerca del sistema vales de La Forestal- representa un claro retroceso, una declaración de impotencia que probablemente incremente la mano de obra disponible para las explotaciones agropecuarias, pero que nunca antes y difícilmente ahora consigan un repunte significativo en los niveles de registro y la calidad de vida de los trabajadores rurales temporarios.

Registrar la empleada doméstica, poco antes que nada

El programa Registrar impacta en un rubro de servicios abrumadoramente constituido por mujeres y que registra niveles de informalidad superiores a las tareas agropecuarias y bajo el rótulo “trabajadoras de casas particulares”. Éstas trabajadoras fueron además, el colectivo más afectado por las restricciones a la circulación impuestas por la pandemia; según un informe de la Undav (Universidad de Avellaneda) basado en estadísticas oficiales, al mes de julio de 2021 se habían perdido 318.000 empleos registrados, que presionaron a la baja los salarios percibidos hasta representar el 65% de la canasta básica en diciembre de 2020, y con una recuperación irrisoria que llevó esa cifra al 68,7% en el primer semestre de 2021. Y hablando de pobreza por ingresos (un tema que actualizado por el INDEC aqueja al 31,2% de los hogares, al 40,6% de la población y al 38% de los asalariados formalizados), el salario que perciben las trabajadoras de casas particulares ubica al 38% en el decil de menores ingresos.

El formato está definido, el presidente conduce y tomas las decisiones, Manzur intenta reconciliar la jefatura de gabinete con sus funciones esenciales, Cristina audita y señala ocasionales extravíos.

La idea de que el Estado abone entre el 35% y el 50% del salario de las empleadas domésticas durante 6 meses (hasta un tope de $15.000 mensuales), contra la obligación de la parte empleadora de inscribirlas en la AFIP (ya existente e históricamente eludida hasta alcanzar un índice de informalidad del 69,5%), pagar los aportes y contribuciones correspondientes, ART y el sueldo restante, parece estar en la misma línea de razonamiento que el empalme de empleo rural, asignaciones y planes: el subsidio estatal para que los empleadores sigan contando con mano de obra barata y el consecuente alivio de las cargas fiscales que desfinancia el sistema de seguridad social argentino, como la rebaja de contribuciones patronales para las patronales del Norte Grande para nuevos empleos o el Programa Te Sumo que exime a los empleadores del pago de hasta del 95% contribuciones.

Lejos de cuestionar los objetivos que persiguen éstas dos medidas, suponiendo que estarán acompañadas con la consecuente mejora en cantidad y calidad de inspecciones por parte de los organismos estatales de control (AFIP, Ministerio de Trabajo y sus autoridades de trabajo local provinciales) y luego de realizar un riguroso repaso de las experiencias precedentes y bajo gobiernos de distintos signos políticos, lo que se pone en cuestión son los resultados magros o directamente inexistentes como impulsoras de empleo en cantidad y calidad. Tampoco es probable que impulsen decididamente el consumo pues no configurarán ningún shock de ingresos a corto ni mediano plazo, con la referencia de un salario mínimo, vital y móvil que en febrero del año que viene será la mitad de la línea de pobreza y se ubicaría apenas sobre la línea de indigencia calculadas al cierre de ésta nota. La toma de empleos será más consecuencia de una reactivación del mercado interno que de las rebajas en contribuciones o subsidios estatales al salario, porque nadie va a tomar personal registrado para producir algo que –por la depresión de ingresos- no se va a consumir.

Definitivamente, habrá que desdramatizar el hecho de perder elecciones en general y de medio término en particular; nunca será tan preocupante ni complejo como perder el rumbo, persistir en herramientas o lógicas para el ejercicio del poder que no han dado resultados (“la cultura del encuentro y el diálogo” es sin dudas política de estado contra toda evidencia) o equivocar el diagnóstico y por lo tanto las soluciones.

El formato está definido, el presidente conduce y tomas las decisiones, Manzur intenta reconciliar la jefatura de gabinete con sus funciones esenciales, Cristina audita y señala ocasionales extravíos y la militancia podrá recuperar el espacio público para disputar la calle a una oposición que no dio ni dará tregua. Con eso tiene que alcanzar para enderezar el rumbo hacia 2023, y las Paso serán historia.