El año 2022 cierra con varios frentes abiertos para el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Uno de ellos, el más turbulento, es el conflicto con la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Si bien en un primer momento amagó con no acatar el fallo, el primer mandatario debió recular durante el fin de semana de Navidad ante las consecuencias penales que podía ocasionarle tal desobediencia, como así también su impacto en la economía.
En efecto, el ministro de Economía Sergio Massa tomó dimensión del problema cuando el dólar paralelo pegó un fuerte respingo y los empresarios más poderosos del país rechazaron la postura del presidente y 14 gobernadores de no acatar el fallo. Massa aconsejó a Fernández que dé marcha atrás y pague lo correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, aunque con bonos a 90 días. Una primera salida para ganar tiempo y evitar que prosperen las demandas penales formuladas por la oposición.
A sabiendas de que el gobierno porteño no aceptaría el pago con bonos, Massa ideó una segunda alternativa que se cristalizará en los próximos días. Presentará un proyecto de ley con la intención de recaudar $200.000 millones que, se estima, son los fondos que la Nación debe girarle a la Capital en virtud del fallo del máximo tribunal. Para ello se convocaría a sesiones extraordinarias del Congreso, posiblemente, para la segunda quincena de enero o bien a partir de febrero próximos.
Para conseguir estos recursos, el Poder Ejecutivo evalúa dos vías: una suba de la alícuota que paga el juego online y extender a todo el país el pago de un impuesto a los intereses cobrados por los bancos por sus tenencias de Leliq, una medida que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde que la Casa Rosada recortó su partida de coparticipación y que un grupo de provincias ya aplicaban con anterioridad.
En paralelo, Fernández no cesa en su embestida contra el máximo tribunal. “La Corte ha dictado una serie de fallos que son una intromisión a otros poderes. La Corte se extralimitó de un modo muy peligroso y grave”, dijo. Y finalmente este domingo 1° de enero convocó a los gobernadores para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones.
Entretanto, los gobernadores peronistas reclamaron, sin éxito por ahora, ser escuchados en el litigio entre la Nación y la Capital. “Es la tercera vez que nos presentamos, pero la Corte parece dispuesta a escuchar únicamente al jefe de gobierno de la Ciudad”, reprochó el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “La Corte, con una medida cautelar política, infundada y arbitraria, ha beneficiado al distrito más rico de la Argentina, disminuyendo los recursos de todas las provincias argentinas”, asestó.
En el ínterin, el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial de Pro, Horacio Rodríguez Larreta, denunció ante la Corte que el Estado nacional no depositó los fondos restituidos e incumplió el fallo. Sin embargo, los jueces del máximo tribunal no resolverán el asunto en lo inmediato: según dejaron trascender, recién tomarán cartas en el asunto una vez finalizada la feria judicial.
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