A través de un decreto, el Ejecutivo transformó COVIARA en sociedad anónima unipersonal y anunció su fusión con otra desarrolladora inmobiliaria estatal.
La decisión también estipula que una vez concretada la transformación, la empresa se fusione con la compañía Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
El Gobierno nacional oficializó la transformación de la empresa estatal Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA) en una sociedad anónima unipersonal (SAU), con el objetivo de "modernizar su estructura jurídica y operativa".
La medida, dispuesta mediante el Decreto 117/2025, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y se enmarca en el DNU 70/23, que establece la conversión de empresas con participación estatal en sociedades anónimas.
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Según el decreto, el Estado Nacional seguirá siendo el único accionista, a través del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la reestructuración no se detiene allí: la normativa también estipula la fusión de COVIARA con la empresa Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., una desarrolladora inmobiliaria cuyos accionistas son la ANSES y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El Ejecutivo justificó la decisión argumentando que la unión de ambas compañías permitirá "reducir costos administrativos, optimizar recursos y mejorar la construcción y administración de viviendas y obras civiles".
En esa línea, el decreto señala que la fusión busca "evitar la duplicidad de funciones en el sector público" y potenciar las capacidades de ambas entidades en materia de desarrollo urbano.
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Desde su creación en 1966, COVIARA ha construido y entregado más de 8.000 viviendas para personal de la Armada, Prefectura y Ministerio de Defensa. Además, en su sitio web, destaca que en las últimas dos décadas ha operado sin recibir aportes del Tesoro Nacional.
Si bien la transformación en sociedad anónima implica mayor autonomía operativa y financiera, el control del Estado sobre COVIARA seguirá vigente. No obstante, el decreto abre la puerta a posibles modificaciones en su funcionamiento, que podrían incluir una mayor apertura a inversiones privadas o cambios en la adjudicación de viviendas.
La medida forma parte del plan de reestructuración del sector público impulsado por el Gobierno, que apunta a "racionalizar" el gasto y reorganizar las empresas estatales. Resta conocer qué impacto tendrá esta decisión en los trabajadores y beneficiarios de los proyectos de vivienda.
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