La resolución, firmada el 6 de enero, generó indignación porque el estadio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y su demolición está expresamente prohibida.
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Sin embargo, el plan aprobado prevé una ampliación del 53% en su capacidad, pasando de 8.400 a 13.000 espectadores.
El proyecto es promovido por DF Entertainment, la empresa de Finkelstein, que tiene la concesión del Luna Park por 40 años. Como parte del acuerdo, el empresario pagó un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión y debe abonar un canon anual del mismo monto.
La aprobación del proyecto generó controversia no solo por su impacto patrimonial, sino por la velocidad con la que se resolvió: apenas dos meses en pleno receso vacacional, cuando trámites similares suelen demorar años.
La decisión fue impulsada por Mónica Capano, presidenta de la Comisión, y Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, quien responde políticamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la falta de transparencia del proceso y solicitaron acceso al expediente, sin obtener respuesta. Sostienen que la modernización del estadio es posible sin violar las normativas de protección patrimonial.
La última palabra la tienen el Gobierno de la Ciudad y el papa Francisco, ya que el estadio pertenece a la Iglesia Católica. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y el futuro del Luna Park es incierto.
