La conflictiva relación entre el gobierno y un sector del PJ en el Senado quedó en evidencia, otra vez, cuando el bloque Juan Domingo Perón –encabezado por el senador Armando Traferri- se acopló a los bloques opositores y acompañaron el rechazo a los vetos de Perotti.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
La difícil y tensa relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura de la provincia de Santa Fe tuvo este jueves un nuevo e intenso capítulo al tratarse en los recintos de ambas cámaras los vetos del gobernador Omar Perotti a dos leyes denominadas “anti Sain”. Se trata de las leyes de incompatibilidad de funcionarios del MPA y de la Defensoría y el Ejecutivo y de control de gastos reservados del Ministerio de Seguridad.
Ambos proyectos tuvieron un tratamiento express en noviembre del 2020 y en una tarde fueron aprobados por las dos cámaras legislativas. Sin embargo, ninguna de las dos normas entró en vigencia debido a que, en diciembre, el gobernador Omar Perotti las vetó.
Los plazos establecidos para que la Legislatura rechace los vetos del mandatario provincial vencían este jueves. Si no se debatían en el recinto, ambas observaciones iban a quedar firmes.
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El veto de Perotti a la norma que establece la incompatibilidad en las funciones de integrantes del Ministerio Público de la Acusación, de la Defensoría y el Poder Ejecutivo fue rechazado por diputados y senadores, por lo que quedó ratificada.
Por su parte, el veto del gobernador a la medida que disponía controles a los gastos reservados de la cartera de Seguridad provincial fue rechazado en el Senado, pero la moción no contó con los 2/3 de los votos para ser tratado en Diputados. Ante ese escenario, el veto de Perotti quedó ratificado.
La conflictiva relación entre el gobierno y un sector del PJ en el Senado quedó en evidencia, otra vez, cuando el bloque Juan Domingo Perón –encabezado por el senador Armando Traferri- se acopló a los bloques opositores y acompañaron el rechazo a los vetos de Perotti.
Desde el oficialismo bautizaron “anti Sain” a las leyes sancionadas y luego vetadas ya que fueron impulsadas mientras en entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, estaba en el ojo de la tormenta. El titular de la cartera estaba siendo criticado no sólo por sus resultados en la lucha contra el delito, sino por varios exabruptos protagonizado en redes sociales.
Según establece la ley que fue ratificada este jueves, los integrantes del MPA, el Organismo de Investigaciones y de la Defensoría no podrán ocupar cargos políticos en el Poder Ejecutivo, tal como lo hizo Sain. Vale recordar que el politólogo y doctor en Cs. Sociales fue director del OI desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019, cuando asumió como ministro de Seguridad de Omar Perotti. Ese lugar lo ocupó hasta marzo del corriente año y, tras presentar la renuncia al cargo, solicitó volver al organismo del MPA. El pedido de Sain generó el rechazo de varios diputados provinciales y varios integrantes del Ministerio Público.
Este escenario abre interrogantes acerca de la retroactividad de la medida y sobre lo que pueda resolver el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien tiene que expedirse sobre pedidos de fiscales regionales y diputados, quienes piden que Sain sea apartado del OI.
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Sobre el control de gastos reservados del Ministerio de Seguridad, el veto de Perotti fue rechazado en el Senado pero no corrió la misma suerte en Diputados. En la cámara baja, la moción que pretendía dejar sin efecto la observación hecha por el gobernador no logró reunir los 2/3 de los votos.
A través del decreto 1.786, el titular del Ejecutivo provincial vetó totalmente la ley 14.013, que regulaba la rendición de cuentas de gastos reservados o especiales, destinados a solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas y se explicó que ya cuentan “con procedimientos administrativos y legislativos a esos fines”, y advierte que “los plazos establecidos no están relacionados con los plazos procesales que rigen las investigaciones penales”.
También, se señaló que “el Poder Ejecutivo considera que no es oportuno ni conveniente, en el marco de la situación pública existente que ha derivado en investigaciones en trámite en sede judicial, consagrar modificaciones legislativas cuando las mismas permitirían revelar públicamente -transcurrido apenas un año-, el destino de fondos e incluso la identidad de personas que hubieran, con su intervención o testimonio, favorecido el esclarecimiento de causas judiciales”.
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