Falta de consensos y uso intensivo de herramientas de control por parte de la oposición caracterizaron el opaco período, donde el oficialismo no tuvo el peso suficiente ni la capacidad de negociación para imponer agenda.
El hecho de que de 22 sesiones 11 fueran especiales evidencia las dificultades de las fuerzas políticas para acordar temas a tratar.
Otra característica que tuvo el año fue que también lo marcó un uso inédito de los emplazamientos a comisión.
Se pasó de un máximo de tres en períodos anteriores a 20 en 2025, una señal de que la oposición buscó forzar el tratamiento de proyectos frente a un oficialismo que evitaba habilitar debates.
Las leyes sancionadas
Entre las leyes sancionadas se encuentran tres acuerdos internacionales (pendientes de la presidencia de Alberto Fernández) y ocho iniciativas impulsadas por la oposición:
- la declaración de emergencia en Bahía Blanca,
- dos aumentos para jubilaciones,
- la Emergencia en Discapacidad,
- la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias,
- el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás.
No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley
De las 11 leyes aprobadas, siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres de esos casos el Congreso insistió y revirtió los vetos.
En esta dinámica, el Palacio Legislativo operó como un territorio opositor, con un uso intensivo de herramientas legislativas para sostener su agenda y limitar al oficialismo.
La tensión entre ambos poderes también se expresó en el control de los decretos de necesidad y urgencia: en 2025 se rechazaron cinco DNU sobre un total de 33.
La estrategia legislativa del oficialismo estuvo condicionada por su debilidad numérica.
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