El sindicalismo de Pablo Moyano y La Campora buscarán copar la Plaza de Mayo el Día de la Lealtad.
El Día de la Lealtad, la fecha más importante para el peronismo, dejará al desnudo la fragmentación y las fuertes luchas intestinas que carcomen al Frente de Todos. Los gobernadores permanecerán en sus provincias; la CGT hará su propio acto en el estadio de Obras Sanitarias; el sindicalismo combativo de Pablo Moyano y la agrupación kirchnerista La Cámpora buscarán colmar la Plaza de Mayo mientras que el Movimiento Evita hará un acto en Laferrere, partido de La Matanza. Todos lejos de todos.
El dato más sugestivo es que el presidente Alberto Fernández, quien preside el PJ nacional, no estará presente en ninguno de aquellos actos. Desde la Casa Rosada explican que el jefe de Estado no quiere tomar posición en medio de la fuerte dispersión que se advierte en el oficialismo. "No quiere ser motivo de divisiones", explican. Lo cierto es que los sectores del Frente de Todos que organizaron movilizaciones y actos para este lunes no invitaron al presidente. Y mucho menos pensaron un escenario para que Fernández sea la figura principal y se exprese.
La soledad del presidente es cada vez más elocuente. La CGT, que supo ser uno de sus pilares de apoyo político, quedó molesta porque no fue consultada a la hora de definir el reemplazante del desgastado Claudio Moroni al frente del Ministerio de Trabajo, un cargo clave a la hora de definir las futuras paritarias. Si bien los principales caciques sindicales no objetan a la nueva ministra Kelly Olmos, una veterana dirigente del PJ porteño, tenían otros nombres para el reemplazo de Moroni. En el acto en Obras Sanitarias comenzarán a marcar distancia del Gobierno y lanzarán su propia corriente político-sindical para impulsar sus propias candidaturas para las elecciones nacionales 2023.
Los gobernadores del PJ, por su parte, también se muestran distanciados de Fernández. Reclamaban la suspensión de las elecciones primarias con la excusa de su costo económico, pero, en rigor, no quieren negociar en sus provincias los cargos en las listas de candidatos con La Cámpora y otros sectores del Frente de Todos. El presidente se resistió: considera que sólo podrá competir como candidato a la reelección si se celebran elecciones primarias en el Frente de Todos.
Con el Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales más cercanas al presidente, la relación es cada vez más tirante. “Sigue habiendo una deuda enorme del Gobierno con la economía popular”, expresó Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, la agrupación que maneja la mayor cantidad de planes sociales. La frase de Pérsico fue lanzada momentos después de que jurara Victoria Tolosa Paz al frente del ministerio de Desarrollo Social, donde Pérsico ejerce como el funcionario más poderoso. Las organizaciones sociales se muestran impacientes porque el Gobierno retrasa medidas de alivio a los sectores más vulnerables; en este clima de tensión latente no invitaron al presidente a su acto en La Matanza.
Con el kirchnerismo, en tanto, la relación es cada vez más fría. No hay diálogo entre el presidente Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner: El vínculo entre ambos, tras ese breve impasse luego del intento de magnicidio, volvió a enfriarse. La Cámpora y los intendentes bonaerenses, encabezados por Máximo Kirchner, participarán de la marcha por el 17 de octubre que organizan los sindicatos del Frente Sindical para el Modelo Nacional y la CTA, vertientes identificadas con el moyanismo.
El acto podría marcar una nueva fase de abierta confrontación con el Presidente. Cristina Kirchner hizo trascender la necesidad de que se instrumente un congelamiento general de precios y salarios, al menos durante tres meses, pero el ministro de Economía, Sergio Massa, se resiste.
Massa, quien hasta ahora pudo hacer equilibrio entre las demandas del kirchnerismo y los compromisos asumidos con el FMI, comenzó a sentir el impacto del “fuego amigo” kirchnerista, que podría exacerbarse durante la discusión del presupuesto 2023, el cual propone una reducción drástica del gasto público.
Un sector del oficialismo votaría en contra del proyecto, tal como en su momento lo hizo con el acuerdo con el FMI en marzo pasado. Un golpe que agudizaría aún más la ya convulsionada situación interna en el Frente de Todos.
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