La Legislatura comenzó a dar señales políticas ante dos problemáticas: la violencia creciente entre niños y adolescentes dentro de las escuelas y el aumento sostenido de los suicidios en distintas franjas etarias.
Maiquel Torcatt / AIRE Digital
La Legislatura de Santa Fe comenzó a dar señales políticas ante dos problemáticas que hace tiempo dejaron de ser episodios aislados para convertirse en fenómenos estructurales: la violencia creciente entre niños y adolescentes dentro de las escuelas y el aumento sostenido de los suicidios en distintas franjas etarias.
En ese contexto, el Senado provincial avanzó con dos proyectos que, aunque diferentes en su diseño, comparten un mismo diagnóstico: la escuela ya no puede limitarse a enseñar contenidos, sino que debe asumir un rol activo en la contención emocional de los estudiantes.
Los recientes episodios de violencia escolar —con casos extremos como el ocurrido en San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado a una institución educativa y asesinó a un compañero— encendieron alarmas en todo el sistema político. A esto se suma una reiteración de peleas entre estudiantes en distintos puntos de la provincia, que reflejan un deterioro en los vínculos y en la convivencia escolar.
En paralelo, los datos sobre suicidios muestran una realidad aún más alarmante: en la provincia, estas muertes superan a las provocadas por accidentes de tránsito y homicidios, consolidándose como una de las principales causas de muerte evitable.
Ambos fenómenos comparten un trasfondo común: la dificultad de niños y adolescentes para gestionar emociones, conflictos y situaciones de angustia en contextos sociales cada vez más complejos.
Uno de los proyectos que obtuvo media sanción es impulsado por el senador Rodrigo Borla y propone la creación de la Educación Emocional Integral (EEI) como una política pública obligatoria, transversal y permanente en todos los niveles del sistema educativo.
La iniciativa plantea un cambio de paradigma: dejar de concebir a la escuela únicamente como un espacio de transmisión de conocimientos académicos y transformarla en un ámbito de desarrollo integral. Entre sus objetivos se destacan el reconocimiento y la regulación de las emociones, la promoción de la empatía, la construcción de vínculos saludables y la resolución pacífica de conflictos.
“Estamos frente a una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias”, sostiene el proyecto, que busca impactar tanto en el bienestar individual de los estudiantes como en el clima institucional de las escuelas.
El segundo proyecto, presentado por el senador Leonardo Diana, apunta a crear espacios específicos de escucha y acompañamiento emocional dentro de las escuelas secundarias.
La propuesta establece la incorporación de equipos interdisciplinarios —integrados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y docentes capacitados— que puedan brindar contención tanto en instancias grupales como individuales.
El enfoque no es casual: surge de una demanda directa de estudiantes, docentes y directivos que, en distintos ámbitos, han manifestado la necesidad de contar con espacios donde poder hablar, ser escuchados y recibir orientación frente a situaciones personales complejas.
Además, el proyecto retoma experiencias previas en la provincia, como programas de convivencia escolar, y busca aggiornarlas a un escenario post pandemia, donde las problemáticas emocionales se profundizaron.
Si bien ambas iniciativas representan un avance en términos legislativos, el desafío central estará en su implementación. La educación emocional requiere formación docente, recursos, articulación con el sistema de salud y, sobre todo, continuidad en el tiempo.
En un contexto donde las respuestas suelen ser reactivas frente a hechos de alto impacto, estos proyectos intentan correrse hacia una lógica preventiva. La apuesta es intervenir antes de que la violencia escale o que el sufrimiento derive en decisiones irreversibles.
El debate que abre el Senado no es menor: pone en discusión el rol de la escuela en la sociedad contemporánea y la necesidad de abordar la salud mental como un componente esencial de la educación.
En definitiva, la pregunta que subyace es si el sistema educativo está preparado —y dispuesto— a asumir ese desafío.
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