La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inició una actuación administrativa de contenido disciplinario a la jueza Ileana Sinchez, a cargo del Juzgado de Familia de Reconquista. Desde la Cámara de Diputados formalizaron el pedido para acceder a la información sobre las denuncias que existen sobre la titular del Juzgado de Familia por parte de vecinos, abogados y empleados. Si bien desde la Legislatura explicaron que en primera instancia las actuaciones se deberán resolverse en el ámbito judicial, no se descarta que en una instancia posterior desde el Poder Legislativo se avance con otras medidas. Las actuaciones surgieron a raíz de denuncias de personas que quisieron adoptar, inscriptas en el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), y que sintieron un trato discriminatorio por parte de la jueza.
La Legislatura de Santa Fe también avanza con la investigación de la titular del Juzgado de Familia de Reconquista I Imagen ilustrativa.
Con el dictamen correspondiente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados, el pedido de la legisladora María Laura Corgniali obtuvo su aprobación en el recinto. "Nos reunimos con algunos empleados del Juzgado que nos manifestaron su situación y la de las denuncias correspondientes. Algunos lograron ser trasladados, pero otros conviven en un clima labora hostil", explicó la diputada a AIRE.
Más allá de las reuniones, Corgniali se hizo eco de las denuncias existentes por parte de personas que quisieron adoptar, inscriptas en el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), y que sintieron un trato discriminatorio por parte de la jueza. En este sentido, desde el año 2014 se registran denuncias contra Sinchez en la Subsecretaría de la Niñez de Reconquista. Por su parte, el Colegio de Abogados de Reconquista, a través de una nota a la Jueza y a la Cámara de Apelaciones, marcó un trato desconsiderado y poco ético de la responsable del Juzgado de Familia.
Medidas de prueba
Tal como pudo confirmar AIRE días atrás, el procurador Jorge Barraguirre ya solicitó la producción de una serie de medidas de prueba para corroborar los hechos denunciados. Una vez concluida la investigación, el procurador deberá elevar sus conclusiones a la Corte y se determinará si corresponde aplicar una sanción administrativa, o si eventualmente hay elementos suficientes para someter a Sinchez a un jury de enjuiciamiento.
Las sanciones disciplinarias están detalladas en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y consisten en: 1. Prevención; 2. Apercibimiento; 3. Multa, que no puede exceder de la cantidad equivalente a cinco unidades jus a la fecha de cometida la infracción. Si no se hace efectiva, se transforma en arresto a razón de tres días por cada unidad jus; 4. Suspensión, respecto solo del personal del Poder Judicial; 5. Arresto hasta quince días a cumplir en dependencias del Poder Judicial. La reiteración es siempre agravante de la sanción.
Te puede interesar
