Una denuncia presentada por diputadas provinciales de Santa Fe ante la Corte santafesina y ante el Procurador general, piden que se apliquen sanciones al juez Rodolfo Mingarini por sus polémicas expresiones vertidas en un fallo vinculado a un presunto abuso sexual.
La demanda fue presentada este viernes por la mañana y está fundamentada en “un decisorio que evidenciaría la carencia de aptitud esencial en el ejercicio de la función judicial”.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalLa demanda fue presentada este viernes por la mañana y está fundamentada en “un decisorio que evidenciaría la carencia de aptitud esencial en el ejercicio de la función judicial”.
Las legisladoras destacan que la Asamblea Legislativa tiene como función “prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados o funcionarios”. Al respecto, las diputadas solicitan el inicio de las investigaciones pertinentes.
Asimismo, advierten que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es competencia de la Procuración General “proponer la aplicación de sanciones disciplinarias contra magistrados y personal del Poder Judicial”.
Las diputadas firmantes resaltan que “un juez de nuestra provincia no puede dejar en libertad a un imputado por abuso utilizando como único argumento para ello el uso de preservativo”. Vale precisar que en los fundamentos del fallo, el juez Mingarini expresó: “No puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”.
Para las legisladoras, ”esta conducta del magistrado no hace más que reafirmar la existencia de una justicia patriarcal que debemos revertir. Para lo cual se torna menester la condena de dicha conducta no sólo por parte de la sociedad –como está sucediendo– sino también mediante las sanciones instituidas para reprochar el obrar antijurídico de los miembros del Poder Judicial”.
Desde la mirada de las diputadas santafesinas, no resultaría extraño que la sanción pueda ser la destitución. “De corroborarse un patrón de conducta en este sentido podría, incluso, alcanzar la sanción más grave de destitución por desconocimiento manifiesto del Derecho”.
Esto podría entenderse porque se verían vulneradas de forma manifiesta la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ley N° 23.173), con rango constitucional según Art. 75 inc.22 CN; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - “Convención de Belem do Pará”.
Como así también la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (N° 26.485) y la ley Provincial de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (N° 13.348).
La denuncia lleva la firma de las diputadas Gisel Mahmud, Lionella Cattalini, Lucila De Ponti, Erica Hynes, Silvana Di Stefano, Claudia Balagué, Clara García Alonso, Damaris Pacchiotti, Matilde Bruera, Paola Bravo, María Laura Corgniali, Georgina Orciani, Silvia Ciancio, Lorena Ulieldin, María Ximena Sola, Mónica Peralta, Betina Fiorito, Rosana Bellatti, Cesira Arcando, y Agustina Donnet.
Las únicas cuatro legisladoras que no acompañaron la denuncia fueron Amalia Granata, Jimena Senn, Marlen Espíndola y Natalia Armas.
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