La notificación de la Resolución del TOF llegó a la fiscalía federal, a cargo de Martín Suárez Faisal, el 9 de abril, y pasado martes 13, las organizaciones de derechos humanos de la provincia presentaron ante el fiscal el pedido de apelación.
Un fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, firmado por los jueces de Cámara Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci dispuso que el militar retirado Jorge Balla, condenado por crímenes de lesa humanidad, continúe con el beneficio de la prisión domiciliaria.
La medida debió ser revisada por pedido de una vecina de Balla, acompañada por organizaciones de derechos humanos, luego de que la mujer denunciara que Balla violaba la medida de prisión domiciliaria, y que incluso la había amenazado de muerte.
La notificación de la Resolución del TOF llegó a la fiscalía federal, a cargo de Martín Suárez Faisal, el 9 de abril, y pasado martes 13, las organizaciones de derechos humanos de la provincia presentaron ante el fiscal el pedido de apelación.
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En la presentación, que lleva la firma del abogado Guillermo Munné y cuenta con el acompañamiento de diversas organizaciones de derechos humanos de Santa Fe, expresa que “hemos tomado conocimiento de la resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Fe por la que se mantiene el privilegio de prisión domiciliaria para el condenado a prisión perpetua Jorge Baila a pesar de los múltiples y graves incumplimientos a la exigencia de la misma”.
Los organismos advierten que el TOF omitió lo dictaminado por el especialista propuesto para la Junta Médica por la fiscalía, Dr. Oscar Pellegrini, quien sostuvo que Balla está en condiciones de cumplir su condena en un establecimiento penitenciario.
“Consideramos ineludible que esa Fiscalía Federal no omita interponer recurso de apelación contra esa resolución que abunda en el tratamiento privilegiado e irregular del condenado Jorge Balla”, reclaman en la presentación.
En el pedido se resalta que en la evaluación, Pellegrini ha fundamentado que no existen razones para que Baila no cumpla la pena impuesta en establecimiento penitenciario, tal cual es propio de la pena efectiva de prisión. “La resolución del TOF incumple en dar argumentos superadores de las razones expuestas por el Dr. Pellegrini, Se remite a la opinión de las otras integrantes de la Junta que una vez más dictaminan sin cumplimientos de exigencias propias del campo profesional y ejercen una dogmática doxología”, asegura el abogado Munné.
Tanto Munné como las organizaciones de derechos humanos coinciden en que “de no ofrecer razones de mejor y superador desarrollo, corresponde que (el fiscal) interponga recurso de apelación para no consentir una falta de aplicación del derecho vigente y de cumplimiento de las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos, sobre seriedad en el cumplimiento de las sanciones de los crímenes de lesa humanidad”.
En la nota dirigida al fiscal Suárez Faisal se hace referencia a un extraño proceder por parte de la Justicia, que ordenó un informe de control de la prisión domiciliaria luego de que el accionar de Balla haya sido expuesto y denunciado.
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Las denuncias contra el exrepresor comenzaron a mediados del 2020 y el informe del organismo comprende el período que va desde el 1º de enero hasta el 25 de enero del 2021. De ese informe “surge claramente que Balla no efectuó salidas no autorizadas de su lugar de detención domiciliaria”.
Al respecto, los organismos de derechos humanos advierten que “el TOF pretende observar el comportamiento de Balla luego de haber sido puesto en evidencia y denunciado y mientras se han mantenido guardias de personal policial para custodiar a la familia de Daiana Ruscitti” y lamentan que “nada dice en su arbitraria resolución, mucho menos estima y fundamenta, sobre todos los hechos anteriores, denunciados, con ofrecimiento de pruebas tanto testimoniales como de documentación audiovisual”.
En relación al informe del organismo de control de prisión domiciliaria, el representante legal de las organizaciones de derechos humanos, apunta contra la fiscal provincial, Rosana Marcolín, a quien acusa de “falta de objetividad”.
“Se cita el informe de una fiscal provincial, sin competencia para evaluar el cumplimiento de las exigencias de la prisión domiciliara decidida por el TOF, y que el condenado Balla debía cumplir”, expresa Munné en la nota dirigida al fiscal federal Suárez Faisal. Según el abogado, debido a la falta de objetividad de la fiscal se revictimiza a la denunciante y advierte que sólo se basó en declaraciones de Balla y sus familiares.
“A pesar de la falta de objetividad manifiesta de esa fiscal que emerge de su propio informe, donde se revictimiza a Daiana Ruscitti, quien padeció las agresiones registradas en documentación audiovisual, y emprende a calificarla de manera extralimitada, además de sólo querer basarse en los testimonios ofrecido por la defensa de Balla y sus familiares como denunciados”, se asegura en el escrito.
Además, Munné denuncia que “todas las irregularidades que vician el informe de la fiscalía provincial, se trasladan a la resolución del TOF que la adopta como aparente fundamento sin ningún examen crítico”.
La presentación del abogado hace referencia a una nota de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que coincide “sobre lo insostenible que resulta mantener el privilegio de prisión domiciliaria para el condenado Balla y la urgente corrección de esa situación que perjudica de manera muy grave a Daiana Ruscitti y su familia”.
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Los organismos entienden que se podrán coordinar con la debida prontitud las acciones del ministerio público federal para no dejar firme “la arbitraria y antijurídica” resolución del TOF N° 60/2021, y se obtenga una decisión judicial “respetuosa del derecho aplicable nacional e internacional”.
Mediante las redes sociales, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, manifestaron su rechazo al fallo del TOF.
“A comienzos de este año dimos a conocer las prácticas ilegales e intimidatorias de Jorge Alberto Balla, condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios agravados como crímenes de lesa humanidad, quien despreciaba las exigencias del régimen de prisión domiciliara con el que fue beneficiado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF)”, comenta la publicación y advierte que “aprovechando la ausencia de controles efectivos, el ex sargento del ejército, autor de la masacre alevosa de Ituzaingó y Las Heras durante la última dictadura, hacía funcionar una peluquería en el lugar donde no podía ser visitado más que por una decena de personas”.
Además, resaltan que “desde hacía meses, daba a conocer su voluntad de volver a matar a una joven pareja de vecines quienes viven con su hija de menos de un año, al lado de quien debería estar en una cárcel”.
Los organismos de derechos humanos sostienen que un modo elegido por el genocida Balla para exhibir poder y ejercer hostigamiento contra sus vecinos, Daiana y Juan, era treparse al tapial que separa los patios de sus viviendas y hacer saber que no sólo los observaba sino que tampoco le era difícil concretar sus amenazas “de matar al mugriento, al montonero”.
La publicación en las redes señala que “lamentablemente el TOF notificó que la impunidad seguirá trepando. Decidió mantener el régimen de prisión domiciliaria del condenado Balla, en cuya resolución omitió tomar en cuenta las pruebas audiovisuales y de otro tipo sobre su accionar”. También lamentan que se dejó de lado el informe del especialista Oscar Pellegrini “que verifica las simulaciones anteriores de Balla y sus reales condiciones de aptitud para cumplir la condena en el lugar previsto: la cárcel”.
Por último, se informó que el pedido de apelación hecho a la fiscalía federal también se notificó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, instituciones que ya se han expresado repudiando los privilegios que Balla usufructa. Lo mismo se hizo con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación.
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