La Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) resolvió llevar adelante un paro nacional el próximo miércoles 10 de agosto en rechazo a "la criminalización y judicialización de la protesta social y la condena al dirigente docente de Chubut Santiago Goodman, en una causa armada con espionaje ilegal".
El gremio docente señala que la sentencia contra Goodman se da "en el contexto de una grave situación social provincial, que incluye atrasos en el pago de los salarios de dos y tres meses y un salvaje ajuste".
El paro nacional docente del miércoles coincidirá con la primera jornada del paro de 48 horas dispuesto por Amsafe y Sadop para los días miércoles 10 y jueves 11 de agosto en la provincia de Santa Fe, en reclamo de la reapertura de la paritaria provincial y el adelantamiento de tramos de aumentos salariales acordados por el gobierno.
Ambos gremios ya vienen de dos días de paro ante la falta de respuestas por parte de la Casa Gris.
La causa judicial en Chubut que deriva ahora en la protesta docente
Santiago Goodman, ex titular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) fue declarado culpable por el incendio en la Legislatura de su provincia. El dirigente fue condenado por el delito de "incendio estragoso" por los hechos ocurridos en 2019.
La jueza de garantías, María Tolomei, dio su veredicto este viernes en la causa que buscó determinar las responsabilidades de los incendios y destrozos ocurridos en la Cámara de Diputados y en Casa de Gobierno el 17 y 18 de septiembre de 2019.
Sobre los sucesos ocurridos en la Legislatura, la jueza determinó que Goodman es culpable de delito de incendio y daños en distintos grados de responsabilidad. Este tipo de delito prevé penas que van de tres a diez años de prisión.
"En este juicio se demostró el espionaje a las organizaciones que luchaban contra el feroz ajuste del gobierno provincial y la 'zona liberada' en el día de la concentración, hechos que la jueza no tuvo en cuenta", señala el comunicado de la Ctera en repudio a la condena.
Indica, además, que la sentencia será apelada por la defensa y asegura que la misma "demuestra claramente la intención de criminalizar y judicializar la protesta" docente.
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