Uno de los dos proyectos de "ficha limpia" ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El Senado provincial tiene en su listado de preferencias para la próxima sesión el proyecto que prohíbe ser candidatos a ciudadanos que tengan condena por delitos contra la libertad, de corrupción, abuso sexual, violencia de género, de lesa humanidad y lavado de activos, o que figuran en el registro de deudores alimentarios morosos.
Conocida coma “ficha limpia”, la ley busca que no lleguen a cargos públicos y partidarios, de naturaleza electiva, quienes tengan condena firme por algunos de los motivos mencionados. El espíritu está en sintonía con una movida internacional, que llegó hace unos años al país, llamada “Movimiento Ficha Limpia”, que promueve este tipo de leyes en los congresos, las legislaturas y los concejos municipales. Provincias como Chubut y Mendoza ya avanzaron. En la provincia cuyana, en la última elección, fueron rechazadas las candidaturas de 12 personas por arrastrar condenas incompatibles con la ficha limpia.
En Santa Fe el tema se viene debatiendo desde 2020 por lo menos. En noviembre de 2021 obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados un proyecto impulsado por la diputada Ximena Sola (PRO-JxC) unificado con otro del radical Alejandro Boscarol. Como el Senado no lo trató nunca y perdió estado parlamentario, fue reingresado este año. El pasado 25 de agosto obtuvo nuevamente media sanción por unanimidad en la Cámara baja y pasó al Senado.
Sin embargo, la Cámara alta tiene en sus preferencias el proyecto de Felipe Mighlig y los senadores radicales. Si se sanciona tal cual fue presentado, pasaría a la Cámara de Diputados y se generaría una situación de empate: dos proyectos similares, iniciados uno en cada cámara y que esperan sanción de la otra. Una segunda alternativa es que el Senado y Diputados acuerden una redacción con cambios, de modo que puedan ser avalados rápidamente por la Cámara baja sin necesidad de revisar todo el debate.
Más allá de la larga historia de celos entre ambas cámaras por la autoría de los proyectos, en este caso el proyecto de Michlig y el que fue sancionado en la Cámara de Diputados tienen una diferencia central que deberá ser zanjada.
Mientras el proyecto de Diputados establece que “no podrán ser candidatos a cargos públicos quienes posean sentencia condenatoria en segunda instancia o sentencia firme”, el de los senadores de la UCR indica que “la imposibilidad para ser candidato lo será por el plazo de 10 años contados a partir de la fecha en que quedara firme la sentencia condenatoria”.
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Ahí está el punto determinante a acordar en la Legislatura: si la ficha limpia se aplica a partir de una condena en segunda instancia o si hay que esperar a que se agoten todas las instancias de apelación posible y que haya sentencia definitiva, lo cual puede demorar años y años.
“La diferencia es el nivel de sentencia. El Senado propone condena firme y nosotros en segunda instancia. Si vamos a esperar una condena firme… se puede apelar hasta el Tribunal Internacional de La Haya. Una condena en segunda instancia tiene que ser un motivo para no presentarse a un cargo público”, opinó la diputada Ximena Sola, quien destacó en Diputados se alcanzó media sanción de forma unánime, tanto en noviembre del año pasado como en agosto pasado.
Pero el senador Michlig tiene dudas sobre la constitucionalidad de prohibirle a un ciudadano que compita por un cargo electivo cuando la condena no está firme. Por eso el bloque está a la espera de la opinión de abogados constitucionalistas a los que pidió que analizaran el tema y dictaminen.
“Algunos impulsores del movimiento me dijeron que nuestro proyecto no encuadra en la ficha limpia porque proponemos que se aplique a los casos con sentencia firme. Pero hay que ver si es constitucional aplicarlo en una segunda instancia, cuando la Justicia le da posibilidad a la persona de apelar por su inocencia”, explicó Mighlig a AIRE.
Y si bien la inquietud de los senadores es atendible, en el sentido de que es necesario zanjar la discusión de constitucionalidad para evitar que la ley pueda ser cuestionada, del otro lado se recalca que, con los plazos que se toma la Justicia para llegar a una condena firme, el efecto de la ley sería inocuo.
Ese es el punto de acuerdo que falta dilucidar, amén de cómo saldar la autoría de la iniciativa, no tanto en términos personales sino entre las dos cámaras legislativas. Una vieja historia que ha demorado leyes en muchas oportunidades.
Para Michlig, “sería un buen mensaje a la sociedad la de avanzar en una ley de este tipo”. Desde Diputados, Sola coincide: “De cara a 2023, que es una elección en la que se disputan todos los niveles, sería una gran noticia que Santa Fe tenga su ficha limpia”.
El hecho de que las iniciativas hayan sido motorizadas desde bloques de la oposición no es un problema para el oficialismo provincial. Ya se dijo que en Diputados tuvo el respaldo de todos los bloques y en el Senado ocurriría lo mismo. Sería una señal positiva para una cámara que quedó en el ojo de la tormenta cuando, a fines de 2020, le negó a la Fiscalía la posibilidad de someter a proceso al senador peronista Armando Traferri.
Incluso la Casa Gris dio luz verde en las conversaciones informales: “No va a haber ningún problema con esa ley, falta dirimir dónde se traza la raya, si en la condena de segunda instancia o cuando la sentencia queda firme, pero nosotros no tenemos ninguna objeción”, indicó un funcionario provincial.
Las dos iniciativas apuntan a introducir la ficha limpia tanto en la ley 12.367, que establece el sistema electoral de la provincia, y la 6.808, conocida como ley orgánica de partidos políticos, para establecer las mismas condiciones para los cargos partidarios.
En cuanto a los delitos con condena especificados en la media sanción de Diputados, se prevén los relativos a delitos contra la libertad, violencia de género, sexualidad y corrupción, ya sea “en grado de tentativa o delito consumado en calidad de autor, coautor, partícipe o instigador”, tal como figuraban en el proyecto original.
A pedido del bloque de diputados del Frente Social y Popular (presidido por Carlos Del Frade) se agregaron condenas por delitos de lesa humanidad y por sugerencia del bloque Igualdad y Participación (Agustina Donnet y Rubén Giustiniani) los referidos a delitos económicos y lavado de dinero.
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