Este viernes, desde las 16, en los tribunales de la provincia, se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa que se investiga la compra irregular de armas por parte del Ministerio de Seguridad, mientras Marcelo Sain era el titular de esa cartera. En dicha causa, están imputados el exministro, el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas.
Tanto los acusados como sus abogados defensores participarán bajo la modalidad virtual. Los fiscales del caso habían adelantado que no solicitarían la prisión preventiva de los imputados. En cambio, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) podrán pedir una fianza, la prohibición de contacto o acercamiento, la constitución de domicilio y notificar cualquier cambio.
Sain, Montenegro y Novas fueron imputados el pasado28 de abril y los cargos fueron atribuidos por los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández en una audiencia que se realizó en la sede de la Fiscalía Delitos Complejos. El exfuncionario participó de manera remota por Zoom. Los exfuncionarios fueron acusados de realizar “negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta”.
El Ministerio Público de la Acusación informó -mediante su Oficina de Prensa- que el monto de la adjudicación fraudulenta que habrían intentado llevar a cabo los funcionarios acusados oscilaría en 17.103.543 dólares. Para los fiscales, los tres imputados abusaron de sus condiciones de funcionarios públicos para realizar maniobras defraudatorias para beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, en el marco de la licitación pública número 11/2021. Tales intervenciones, indicó el parte del MPA, comenzaron el 28 de mayo del 2020, unos meses después de haber asumido en el Ministerio de Seguridad.
Según Jiménez y Hernández, las maniobras de los exfuncionarios consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente.
La Fiscalía informó, además, que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones ni por parte de los renglones. Esa particularidad fue observada en su momento por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertida al Ministerio de Seguridad. En la audiencia también se hizo hincapié en que, a pesar de lo observado administrativamente, y con la intención de seguir con la maniobra defraudatoria, los imputados modificaron el pliego, y establecieron que la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems. Es decir, los cinco renglones iniciales (uno por cada tipo de arma a comprar) se agruparon en un renglón único, con el objetivo de que el proveedor que se presente sea el único para todos los rubros.
Por otra parte, la Fiscalía remarcó que la particularidad de ese renglón único era que se integraba con armas que sólo podían ser ofrecidas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
En ese sentido, la Fiscalía puntualizó que los tres imputados sabían que sólo esa empresa estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descriptas en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiar. Con todo, uno de los oferentes de la licitación presentó una impugnación. Sin embargo, los imputados volvieron a insistir con su maniobra.
En esta oportunidad, presentaron un “informe político-técnico” en el que plantearon que la licitación se realice en los términos pretendidos. Finalmente, y luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (Ministerio de Economía; Cámara Contencioso Administrativo; Fiscalía de Estado; Tribunal de Cuentas), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.
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