Este jueves y viernes se llevaron a cabo en los Tribunales provinciales las audiencias en las que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández solicitaron las medidas cautelares contra los imputados en una causa que investiga presuntas irregularidades en la licitación para la compra de armas, encarada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Los imputados son el exministro, Marcelo Sain, el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas.
Los fiscales, que investigan presuntas irregularidades en un proceso licitatorio para la compra de armas, pidieron la prohibición para salir del país y un embargo de 200.000 dólares para el exministro de Seguridad, e imputado, Marcelo Sain.
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Como habían adelantado, los fiscales no solicitaron la prisión preventiva de los acusados. En cambio, pidieron que Marcelo Sain fije domicilio y un embargo de 200.000 dólares. Además, se solicitó que el exfuncionario provincial no se acerque a la cartera de Seguridad, que no porte armas de fuego y que no pueda salir del país.
En diálogo con AIRE, el abogado de Sain sostuvo que en la audiencia ratificó que “no hubo delito ni daño para la administración” y reiteró que “el fiscal de Estado reconoció que no le interesaba este delito”. Además, resaltó que el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, actuó dentro del marco de sus competencias, que es la de propiciar expedientes licitatorios.
Ahora, será el juez quien resolverá las medidas que deberán acatar los imputados. Entre las posibilidades, está que acepte las medidas cautelares solicitadas por los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o que las morigere.
Los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad fueron imputados el 28 de abril pasado por el delito de “negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta”.
El MPA informó -mediante su Oficina de Prensa- que el monto de la adjudicación fraudulenta que habrían intentado llevar a cabo los funcionarios acusados oscilaría en 17.103.543 dólares. Para los fiscales, los hoy tres imputados abusaron de sus condiciones de funcionarios públicos para realizar maniobras defraudatorias para beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, en el marco de la licitación pública número 11/2021. Tales intervenciones, indicó el parte del MPA, comenzaron el 28 de mayo del 2020, unos meses después de haber asumido en el Ministerio de Seguridad.
Según Jiménez y Hernández, las maniobras de los exfuncionarios consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente.
La Fiscalía informó, además, que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones ni por parte de los renglones. Esa particularidad fue observada en su momento por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertida al Ministerio de Seguridad.
En la audiencia también se hizo hincapié en que, a pesar de lo observado administrativamente, y con la intención de seguir con la maniobra defraudatoria, los imputados modificaron el pliego, y establecieron que la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems. Es decir, los cinco renglones iniciales (uno por cada tipo de arma a comprar) se agruparon en un renglón único, con el objetivo de que el proveedor que se presente sea el único para todos los rubros.
Por otra parte, la Fiscalía remarcó que la particularidad de ese renglón único era que se integraba con armas que solo podían ser ofrecidas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. En ese sentido, la Fiscalía puntualizó que los tres imputados sabían que solo esa empresa estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descriptas en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma, a la cual pretendían beneficiar. Con todo, uno de los oferentes de la licitación presentó una impugnación. Sin embargo, los imputados volvieron a insistir con su maniobra.
En esta oportunidad, presentaron un “informe político-técnico” en el que plantearon que la licitación se realice en los términos pretendidos. Finalmente, y luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (Ministerio de Economía; Cámara Contencioso Administrativo; Fiscalía de Estado; Tribunal de Cuentas), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.
La Fiscalía consideró que las maniobras defraudatorias de los imputados fueron concertadas con un representante de Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. En tal sentido, la Fiscalía dijo en la audiencia que tiene evidencias para demostrar que fue el representante de la firma quien redactó las condiciones del pliego licitatorio y quien se los envió a uno de los imputados antes del llamado a licitación. También se precisó que el precio unitario de referencia de pistolas fijado para el proceso licitatorio fue de 1.168,50 dólares, y Emprendimientos Grupo Patagónico SRL cotizó cada pistola a 1.149,50 dólares (19 dólares menos).
Más aún, en la solicitud de compra de bienes que consta en el inicio del expediente licitatorio, se solicita expresamente la provisión de determinadas marcas de pistolas y de armamento. De acuerdo con lo señalado en la audiencia, tales marcas son en todos los casos comercializadas en Argentina por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
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