Marcelo Sain está imputado por la supuesta violación a la Ley Nacional de Inteligencia y por otros delitos.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Justicia provincial o Justicia federal. Básicamente, esta es la decisión que deberá adoptar durante los próximos días el juez de Cámara, Jorge Alberto Andrés, luego de haber escuchado a todas las partes involucradas en la causa que se le sigue al exministro de Santa Fe, Marcelo Sain, por los supuestos delitos de espionaje ilegal, asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado.
Sain viene siendo investigado por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, integrantes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Sin embargo, Sain y su defensa sostienen que, si se le imputa la supuesta violación a la Ley Nacional de Inteligencia -espionaje ilegal-, el caso debe pasar a manos de la Justicia federal por tratarse de un delito federal.
Por ese motivo, durante la tarde de este jueves el juez Jorge Alberto Andrés escuchó los argumentos del abogado defensor, Hernán Augusto Martínez, a los fiscales y también a los representantes de los querellantes en esta causa. Y se espera que adopte una decisión en los próximos días.
No es la primera vez que se realiza una audiencia en este sentido. A principios de diciembre del año pasado, el abogado Hernán Martínez solicitó formalmente que el caso dejara de depender de la Justicia de Santa Fe.
Sin embargo, el juez Jorge Patrizi rechazó el planteo de Sain y determinó que la causa continuara bajo investigación de la Justicia provincial. El exministro apeló aquella decisión, por lo que se llega ahora a esta instancia.
En realidad, todo indica que cualquiera sea la decisión del juez de Cámara, este planteo terminará llegando hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y luego a la Corte de la Nación. Si Jorge Alberto Andrés considera que el caso continúe en manos de la Justicia provincial, Sain apelará esta decisión. Y si decide lo contrario, quienes apelarán serán los fiscales.
Incluso, si se llegara a estas instancias y la Corte fallara en contra de la posición del exministro, se abrirán las puertas para que el planteo llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su parte, en la tercera línea y como miembros, quedaron Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada el 31 de agosto del 2021, plantea que de la asociación ilícita habría tenido dos estructuras diferentes: una ubicada en la órbita del Ministerio de Seguridad, y la otra en el Ministerio Público de la Acusación.
En cuanto a los cargos, la Fiscalía le imputó a Sain "asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
Para el abogado de Sain, "no quedan dudas de que la violación de la ley de Inteligencia Nacional representa un delito federal".
Y en cuanto a las otras figuras que se le imputan al exministro, -como por ejemplo el ser jefe de una asociación ilícita, abuso de autoridad, destrucción de elementos de prueba o violación de secretos y encubrimiento calificado-, Hernán Martínez sostuvo que son delitos provinciales, "pero están todos conectados con el supuesto objetivo de la asociación ilíticita, que según los fiscales era realizar tareas de inteligencia ilegal".
La única figura que el abogado de Sain reconoció como un posible delito que debería seguir siendo investigado por la Justicia de Santa Fe, es la del peculado: "El resto de la causa debe pasar a manos de la Justicia federal", insiste.
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