A pesar de que se trata de un barrio pequeño, Barranquitas -sobre todo Barranquitas Sur- fue el escenario del 8% de los homicidios dolosos en el último año.
Desde este lunes, el Gobierno provincial realiza un operativo de acción focalizada en Barranquitas Sur y zonas adyascentes.
A pesar de que representa apenas el 2% de las calles que conforman la ciudad de Santa Fe, el barrio de Barranquitas -sobre todo Barranquitas Sur- fue el escenario del 8% de los homicidios dolosos cometidos en esta capital entre junio de 2024 y mayo de 2025.
Además, en esta zona de la ciudad se registró también el 5% de los heridos por armas blancas en el mismo período de tiempo, según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Estos fueron los principales motivos por los que, desde este lunes, el Gobierno pone en marcha acciones de Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas, lo que implicará mayor presencia policial y una acción coordinada con el Ministerio Público de la Acusación -los fiscales encargados de investigar delitos penales-.
En este operativo se sumarán la Municipalidad de Santa Fe y también distintas acciones desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia.
Desde las primeras horas de este lunes, ya se podía observar la presencia de una casilla policial ubicada frente al Jardín Municipal de Barranquitas, y numerosos patrulleros en la zona.
El Abre Familia que consiste en un relevamiento domiciliario destinado a conocer en profundidad la realidad de cada hogar, sus necesidades y demandas. Esta información será clave para orientar políticas públicas específicas que promuevan inclusión, igualdad de oportunidades y mayor cercanía con las comunidades.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó que "la policía estará presente para acompañar a los equipos territoriales de otras áreas del Estado. Son temas complejos, pero estamos seguros de que vamos a mejorar la calidad de vida de la gente".
"Habrá una cobertura especial de Policía de Acción Táctica, con una afectación no inferior a los 60 efectivos policiales", agregó.
Según el ministro, la intervención barrial en barrio San Lorenzo se mantiene, ya que "se ve una sostenida disminución en los indicadores de violencia que eran descontrolados. Hay una tendencia a la baja y a la pacificación".
Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, estuvo también presente en el barrio, para anunciar el operativo tendiente a conocer la realidad de las familias que viven en la zona: "De allí surgirán seguramente nuevos dispositivos de acción". La primera etapa, el rastrillaje de Desarrollo Humano abarcará 12 manzanas.
El fiscal regional, Jorge Nessier, destacó la cantidad de allanamientos realizados durante los últimos tiempos en Barranquitas y la cantidad de personas que se encuentran detenidas o, incluso, condenadas por distintos delitos.
En aquel momento, Pablo Cococcioni y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, firmaron un convenio para coordinar las acciones de las fuerzas provinciales y federales, sobre la base de una mesa conjunta de análisis criminal e inteligencia, en la capital provincial y su área metropolitana.
"Empezamos por Pompeya y Barranquitas", adelantó Angelini en ese momento.
La presencia de efectivos federales se incrementó en estas zonas a partir de entonces. Sin embargo, las estadísticas de delitos altamente lesivos en Barranquitas siguieron generando señales de alerta entre las autoridades provinciales del ministerio de Seguridad.
En ese contexto, Cococcioni reconoció que en el lugar “además de la venta de estupefacientes, había violencia” a tal punto que “llegó a haber un doble homicidio de personas que fueron a refugiarse y resultaron ultimadas”, por lo cual, aseguró que para el barrio “era un factor de degradación social porque los vecinos tenían que convivir con los delincuentes que entraban y salían del lugar”.
El ministro recordó que el lugar “llevaba mucho tiempo siendo señalado por vecinos en distintos llamados al 911, vinculándolo a la venta de estupefacientes”, ya que el sitio “era utilizado como punto de parada no solo para venta de droga sino también para actividades delictivas tales como refugio de delincuentes y esconder objetos robados”.
Los operativos de derribo e inactivación de búnkers, que se desarrollan en el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, ascienden a más de 50 en toda la provincia, y se desarrollan desde principios de 2024 por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
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