Avanza la narcolemia obligatoria para funcionarios de los tres poderes en Santa Fe
El Senado dio media sanción a la ley que exige exámenes toxicológicos a cargos electivos y políticos, buscando transparencia y prevención en el Estado.
El Senado de Santa Fe dio un paso clave en materia de transparencia institucional al dar media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos (narcotest o narcolemia)
El Senado de Santa Fe dio un paso clave en materia de transparencia institucional al dar media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos (narcotest o narcolemia). La iniciativa contempla la realización de controles destinados a detectar sustancias psicoactivas ilegales en quienes ejerzan cargos electivos o hayan sido designados políticamente en cualquiera de los tres poderes del Estado santafesino.
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La norma –impulsada por el senador del departamento Vera, Osvaldo Sosa- tiene por objetivo fortalecer la integridad en la gestión pública, consolidar la confianza ciudadana y abordar de manera temprana el consumo de sustancias prohibidas. El universo de sujetos alcanzados abarca desde el Gobernador, Vicegobernador, ministros y cúpulas policiales en el Poder Ejecutivo, hasta legisladores, magistrados del Poder Judicial, integrantes del Ministerio Público de la Acusación y autoridades de los órganos de control.
Avanza el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes en Santa Fe
En cuanto a la modalidad de aplicación, el articulado dispone que los test serán gratuitos y obligatorios en cuatro instancias específicas: dentro de los primeros treinta días de asumido el cargo, de forma periódica con frecuencia anual, de manera aleatoria mediante sorteo transparente y ante denuncias concretas y fundamentadas. Asimismo, la normativa abre la puerta para que el resto de los agentes públicos provinciales puedan someterse a los controles de forma voluntaria como medida de autocuidado.
El proyecto enfatiza un abordaje no punitivo ante los casos que resulten positivos, disponiendo la intervención de un equipo interdisciplinario que brindará contención y evaluará la aptitud del funcionario. Entre las medidas posibles se contemplan tratamientos ambulatorios, licencias temporales o reasignaciones transitorias, resguardando el derecho a la salud mental y la confidencialidad de los datos.
Por el contrario, la negativa injustificada a realizarse el examen será catalogada como una falta grave, lo que habilitará suspensiones preventivas, sumarios administrativos o procesos de remoción según el régimen aplicable. De convertirse en ley en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo dispondrá de sesenta días para su reglamentación, invitando además a municipios y comunas a adherir a la medida.
