La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la creación del Registro Único de de Comerciantes de Metales No Ferrosos.
Luego de las audiencias públicas realizadas en Santa Fe y Rosario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para la creación del Registro Único de Comerciantes de Metales No Ferrosos. La normativa busca disminuir el robo de cables, un delito que va en aumento en la provincia.
La fiscal del Ministerio Público de Acusación (MPA) Clelia Trossero, que acumula más de 300 causas relacionadas con ese delito, afirmó que en un primer relevamiento existen en el Gran Santa Fe más de 120 chacaritas clandestinas. La nueva ley le brindará al gobierno provincial y a los municipios mayores herramientas para control y sanción para quienes comercialicen de manera ilegal los metales.
"Todos los días existe el reclamo del vecino que se queda sin luz o algún servicio porque robaron los cables, las empresas prestatarias de se ven obligadas a aumentar la inversión para reponer el servicio y después esto se ve reflejado en el costo a los usuarios", comentó la autora del proyecto, la diputada Lionella Cattalini.
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Las personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de comercios y locales, y quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos, deberán estar inscriptos en el registro. Los desarmaderos, chatarrerías o depósitos estarán incluidos. Quienes no cumplan con las exigencias impuestas en el plazo de diez días hábiles serán clausurados en forma inmediata, hasta tanto acrediten el cumplimiento de dichas exigencias.
Para el control, cada establecimiento dedicado a la comercialización e industrialización de metales no ferrosos deberá contar con un libro foliado por la autoridad, en el cual estará asentado los datos del comprador o vendedor de los materiales y la correspondiente habilitación comercial con las certificaciones de inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Provincial de Impuestos (API).
En libro constará también las modalidades de compraventa realizada, fecha, número y monto del recibo oficial expedido con motivo de la operación comercial efectuada. En todos los casos deberá existir una exacta correspondencia entre el material descripto -en cuanto a peso, características y estado- en el libro rubricado, la documentación probatoria de su adquisición y legal tenencia, de su enajenación y las existencias en depósito.
Cattalini subrayó que "Argentina no es productor de estos metales pero si lo exporta, lo que habla de un mercado negro que circula mucho y que mueve mucho dinero". Por esto, se incluye en el proyecto un mayor control en el transporte. Los comercios deberán tener constancia de los transportes con los datos de la empresa transportadora, copias de la facturación por ese servicio y la obligatoriedad de que dicha empresa tenga registración comercial.
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Los gobiernos provinciales y municipales articularán el control de los establecimientos, en el caso de incumplimiento además de la clausura inmediata se notificará al Ministerio Público de Acusación (MPA) para que se realicen las investigaciones pertinentes. Las inspecciones deberán ser al menos una vez por mes.
La diputada socialista aclaró que el proyecto de ley apunta a disminuir el delito desde todos los puntos de vista, no solo desde lo policial, "sino también desde la Justicia, que el Poder Ejecutivo pueda intervenir a partir de un registro publico de chacharitas, de estos lugares que todo el mundo sabe que existen y saben donde están; y que a la vez la provincia tenga la facultades de inspección y clausura".
Se entiende por metales no ferrosos a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones donde éste es su componente principal. Se encuentran dentro de la clasificación el cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo, molibdeno, titanio, tantalio, niobio, tungsteno, cerio, aleaciones de aluminio, cobre, zinc, bronces al estaño, bronces al plomo, bronces al silicio entre otros.
Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) explicaron a AIRE Digital que en el último período, de aproximadamente un año, se robaron el equivalente a 7.000 kilos de cobre solamente teniendo en cuenta la sustracción de cables. Si se suma el daño ocasionado a los transformadores por actos de vandalismo, desde la empresa calcularon que la reparación de todos los daños equivale a unos 300.000 dólares.
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Además de los costos materiales, desde la EPE explicaron que en Rosario las estaciones transformadoras se encuentran en construcciones cerradas y aún así, cuando roban un cable externo de 6 metros que "cumple las funciones de descarga a tierra", se ponen en riesgo los aparatos electrónicos de las viviendas a las cuales dicha estación transformadora les proporciona energía.
Tampoco es ajena a los robos la empresa Telecom. Desde el área de relaciones públicas de la empresa, contaron a AIRE que solamente en Rosario, desde octubre del 2020 a la fecha, sufrieron 3.400 robos, lo que genera un promedio mensual de 180 robos y unos 160.000 kilos de cobre sustraídos. El tendido eléctrico robado tendría una extensión de 157.000 metros y la pérdida económica se estima en 160 millones de pesos.
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