De Vido está detenido luego de su desafuero por la causa en la que se investigan irregularidades en la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Baratta también estuvo detenido, pero por otra causa: las compras de Gas Natural Licuado. Pero fue liberado luego de que la Cámara Federal le dictara una falta de mérito al revisar el procesamiento firmado por el juez Claudio Bonadio. En la misma resolución la Cámara ordenó también la falta de mérito para De Vido quien, sin embargo sigue detenido por el Caso Río Turbio.
Baratta está investigado por enriquecimiento ilícito en el juzgado a cargo de Sergio Torres. La fiscal Alejandra Mángano imputó en enero pasado al ex funcionario, a su mujer Dalina Bielle y a quien fuera su chofer Oscar Centeno. A los dos últimos los considera posibles testaferros de Baratta. Parte de la información solicitada cuando se inició el expediente ya está en poder de Torres.
Pero tal como pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, el juez Torres decidió hacer nuevo pedidos de información para avanzar en la investigación sobre el incremento patrimonial de Baratta y su círculo cercano. El juez, por ejemplo, solicitó a una escuela privada del barrio de Belgrano que informe cuánto paga el ex funcionario por la educación de sus dos hijos pequeños.
El juez también pidió que el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires informe todos los datos sobre la titularidad de la vivienda ubicada en la calle Carahue 10 dentro del country Mapuche, en Pilar, que fue adquirida por la madre del ex funcionario.
Asimismo, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires tendrá que informar al juzgado sobre la titularidad de un negocio situado en el barrio de Belgrano que también está incluido en la investigación patrimonial de Baratta.
Torres levantó el secreto fiscal respecto de Baratta y su mujer para que la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), envíe toda la información que le pidiera el juez cuando, hace unas semanas comenzó la investigación.
El magistrado mandó oficios a varios bancos para que informen los productos a nombre de los investigados desde enero de 2003 hasta la actualidad y a la Superintendencia de Seguros de la Nación para que determine si los imputados tienen o tuvieron pólizas para asegurar bienes.
Y además reiteró algunos pedidos que ya se habían hecho pero que no habían sido contestados. Torres le volvió a pedir a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le diga si los imputados tienen algún reporte de operación sospechosa o fueron objeto de alguna investigación por lavado de dinero.
El caso recién se inicia. Tanto en el juzgado como en la fiscalía están comenzando a analizar la documentación que llegó. A la espera de la que pidieron en los últimos días.
Fuente www.infobae.com
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