Luego de que renunciaran nueve de los jurados que debían participar en el proceso de selección de nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa de Santa Fe, desde el Gobierno provincial analizan de qué manera llevar adelante los sorteos para reemplazar a quienes decidieron dar un paso al costado.
Desde el punto de vista político, y a pesar de las críticas planteadas desde los sectores opositores, la decisión es continuar con el proceso que apunta a elegir a los nuevos responsables de conducir estos dos organismos, quienes deben asumir en sus cargos el año que viene.
Según el reglamento de estos concursos, ante la renuncia de cualquiera de los jurados el lugar vacante debe ser ocupado por un suplente que ya fue seleccionado al principio del proceso. Esto corrimiento implica, entonces, la necesidad de sortear a nuevos suplentes para que ocupen los lugares de quienes se convierten en jurados titulares.
Sin embargo, este mecanismo automático colisiona con la Ley de Paridad de Género que rige en la Provincia de Santa Fe, ya que los jurados quedarían integrados prácticamente por hombres.
Cómo garantizar la Ley de Paridad
Consultada por AIRE, la ministra de Gobierno, Celia Arena, explicó que en estos momentos se mantienen contactos con los distintos organismos vinculados con este tema para analizar la forma de llevar adelante los sorteos, sin que se vulnere la paridad de género. Y en este sentido, adelantó que en pocos días se anunciará de qué manera seleccionarán a los nuevos jurados.
Todo indica que los nuevos nombres saldrán de las universidades, ya que la idea es sortear nuevos jurados suplentes entre profesores de casas de altos estudios. No solo de la provincia de Santa Fe, sino también de universidades de otros puntos del país. Para alcanzar el equilibrio que establece la Ley de Paridad de Género, la idea es realizar en mayor medida estos sorteos entre docentes o juristas mujeres.
Desde el Gobierno son conscientes de que cada decisión deberá ser evaluada con cautela. No solo por los contratiempos que viene sufriendo este proceso a partir de la divulgación de audios que estaban en manos de la Justicia, sino porque en definitiva las nuevas autoridades del MPA y del Servicio Público de la Defensa deberán surgir de un acuerdo con los distintos sectores que conforman la Legislatura provincial.
En este proceso de selección, se deberá elegir al nuevo fiscal general -cargo que hoy ocupa Jorge Baclini- y los cinco fiscales regionales del MPA, además del auditor de gestión. En el caso de la Defensa, habrá que designar a defensor general -cargo que hoy ocupa Jaquelina Balangione- y cuatro defensores regionales.
Hace una semana -el pasado martes 18 de octubre- la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el fiscal de Estado, Rubén Weder, mantuvieron una reunión con los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados, donde se debatió el proceso de selección de fiscal general y fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa Pública.
Tras el encuentro, la oposición reclamó que se vuelvan a sortear los jurados, o bien, que todo el proceso se inicie nuevamente. Para el oficialismo, se cumplieron todos los pasos legales; en ese sentido, pidieron prudencia política a la oposición respecto a las declaraciones públicas sobre el proceso de selección de postulantes para cargos judiciales.







