Sin embargo, tras la tormenta de violencia que azotó a Rosario a principios de marzo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sorprendió a todos al anunciar que el sistema acusatorio arrancaría el 18 de ese mes, una medida que se vio forzado a posponer para el 6 de mayo ante la cantidad de cambios que debían instrumentarse.
Está previsto que se realice un acto en la Facultad de Derecho de la UNR a las 15 para formalizar el inicio de esta nueva etapa, que estará encabezado por Libarona, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich. Se realizará allí una reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal.
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En medio de la crisis de seguridad que golpea Rosario, con las amenazas y los atentados de los grupos narco, las miradas apuntan ahora al fuero federal, que absorbió fuertes críticas durante la última década cuando las tramas criminales empezaron a quedar teñidas por el narcotráfico, que provocó un crecimiento de la violencia en Rosario desde 2013.
La puesta en marcha en 2014 del nuevo sistema procesal penal en el fuero provincial llevó a que los fiscales decidieran avanzar en investigaciones contra los grupos narcos con la mira en los homicidios y bajo el amplio marco de la asociación ilícita.
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Centro de Justicia Penal de Rosario.
La justicia federal llegó siempre tarde. La banda de Los Monos, por ejemplo, fue condenada por asociación ilícita en el fuero provincial antes de que la justicia federal empezara a investigar por narcotráfico a los integrantes de este clan.
Algo similar ocurrió con Alvarado, que –como se advirtió en el juicio en el Centro de Justicia Penal- debía ser investigado desde 2016 y recién fue procesado en 2019. Eso le valió al juez Marcelo Bailaque, que integrará el Colegio de jueces de Garantías en el nuevo esquema, que empezara a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.
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El argumento que usaron los funcionarios del fuero federal fue que los juzgados estaban abarrotados de expedientes. Y era cierto. Según un informe oficial de 2022, el 55 por ciento de las causas que se iniciaron por drogas en la Justicia Federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal.
Configuran 1434 expedientes judiciales que, no probablemente, no tuvieron destino en el fuero penal, pero que sirvieron para alimentar las estadísticas de los operativos de seguridad. De las 2604 causas que se abrieron por sustancias psicoactivas ilegales, el 41 por ciento es por el artículo 5 de la ley 23.337 que penaliza “el comercio o la tenencia para la comercialización”.
Gran parte de ese caudal de causas pasará, en teoría al fuero provincial, después de la adhesión de la provincia a la llamada ley de narcomenudeo para lo cual el gobierno no creó una policía especializada, como ocurrió en otras provincias, como Córdoba, para perseguir este tipo de delitos, ni tampoco en el MPA se gestó una estrategia específica, lo cual abre algunas incógnitas sobre cómo va a ser la persecución del último eslabón del narcotráfico.
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Mariano Cúneo Libarona, sorprendió a todos al anunciar que el sistema acusatorio arrancaría el 18 de ese mes, una medida que se vio forzado a posponer para el 6 de mayo.
El gobernador Maximiliano Pullaro detalló en su discurso en la Legislatura que se habían derribado 13 búnkeres en Rosario desde que comenzó a regir la ley de narcomenudeo.
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Se abren varias incógnitas en la puesta en marcha del sistema acusatorio en el fuero federal. Tras los nombramientos que hizo el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, de designar a 14 fiscales adjuntos en Rosario, el nuevo esquema parte más fortalecido, pero con algunos agujeros que –según señalaron las fuentes consultadas- se irán cubriendo. Uno de ellos, como lo señaló en una acordada la Cámara de Casación Penal, es la poca cantidad de jueces de garantías, que serán cinco.
En esta primera etapa se crearán tres colegios de jueces en Rosario, cuyo funcionamiento se rige por los principios de flexibilidad organizativa, rotación de sus integrantes y distribución razonable del trabajo con el objetivo de lograr eficiencia del sistema. Se van a crear los colegios “de jueces de revisión de la Cámara de Apelaciones”, otro de “juicio y ejecución” y un tercero de “garantías”.
El primero, es decir, el de la Cámara de Apelaciones, estará compuesto, según la acordada, por los miembros actuales de esa instancia, los magistrados Aníbal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y José Toledo. En la resolución de Casación Penal también menciona que además “el colegio se compondrá por los jueces que ocupen los cargos creados por la ley de fortalecimiento de la justicia.
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El colegio de “juicio y ejecución” estará conformado por los integrantes de los tres tribunales orales de Rosario y el de Santa Fe. Como en el caso anterior, también podrán integrar este colegio los magistrados designados en el marco de la ley 27.715 de fortalecimiento de la justicia.
El tercer colegio, y uno de los más importantes y claves del nuevo sistema, será el de garantías. Los miembros de este órgano serán los titulares de los juzgados 3 y 4 de Rosario, Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque, respectivamente. Y los magistrados del juzgado 1 y 2 de Santa Fe, y de los juzgados de Venado Tuerto y 2 de San Nicolás.
Cada colegio, según prevé la decisión firmada el 2 de mayo bajo el Nº 1/24, deberá “reglamentar su funcionamiento de acuerdo a los principios de flexibilidad organizativa y rotación de sus integrantes los que serán remitidos a conocimiento de la Cámara Federal de Casación Penal. La acordada lleva la firma de los jueces de la máxima instancia penal, como son Mariano Borinsky, Angela Ledesma, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Alejandro Slokar y Javier Carbajo.
Ese mismo día salió una segunda acordada de Casación en la que los magistrados advierten algunos puntos importantes, como que hay “diversos órganos jurisdiccionales vacantes en el distrito, con concursos en trámite”. Y detalla que “no se han cubierto cargos en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, en los juzgados federales de Rafaela y el juzgado Nº2 de Santa Fe”.
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En uno de los párrafos de la resolución, señalan que “debe repararse en el escasa número de jueces en la etapa de garantías” –que son cinco- ante los de juicio, que son once. Ante ese escenario de “contingencia”, disponen que el Colegio de Jueces de Garantías se componga también con magistrados de los tribunales federales de juicio”.
El desafío que encarna esta nueva etapa es que la justicia federal pueda funcionar de manera aceitada y con mayor fluidez. Hay varias deudas pendientes en este fuero, como las pocas investigaciones sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico, algo clave para tratar de cortar los engranajes del negocio criminal. El año pasado se conoció la condena contra Delfín Zacarías, que fue el primer narco de peso condenado por lavado de activos.