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Política Alquiler |

Alquileres: las claves de una ley a favor de los inquilinos

El objetivo es generar un marco legal que proteja a los inquilinos. Cómo serán los contratos y de qué manera se establecerán las garantías.

Después de un año poco productivo en materia parlamentaria –sólo hubo 13 sesiones, seis en Diputados y otras siete en el Senado-, el Congreso buscará levantar la puntería con el debate de una nueva ley de alquileres, una iniciativa acordada entre el oficialismo y la oposición que, en líneas generales, establece condiciones más favorables para el inquilino.

El proyecto de ley se debatirá en la Cámara de Diputados en su última sesión ordinaria del año; de no aprobarse el dictamen perderá vigencia, ya que el 10 de diciembre próximo asumirán los diputados electos en octubre pasado. Sin embargo, oficialistas y opositores confían en que el proyecto recibirá este miércoles media sanción y estiman que el Senado la convertiría en ley antes de fin de año.

Esta nueva ley de alquileres dispone, entre sus puntos centrales, que el contrato deberá tener una duración mínima de tres años (actualmente es de dos), al tiempo que establece un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral- que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario a partir de una fórmula que combina el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). En la actualidad, los contratos de actualización de alquileres no permiten la indexación, por lo que los aumentos se pactan según la inflación pero sin un parámetro establecido.

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Otro punto clave del proyecto se refiere a las garantías. En la actualidad, para acceder a una vivienda el inquilino deberá presentar una garantía inmobiliaria de un tercero. La iniciativa que proponen los diputados ofrece un abanico de posibles garantías, además de la inmobiliaria; se incluye, también, el Aval Bancario; el Seguro de Caución; la garantía de fianza; o la garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. En el dictamen consensuado se establece que el inquilino presentará dos propuestas de garantía y el propietario estará obligado a elegir una.

Además, el proyecto en cuestión fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el inquilino. Además, establece que no se podrá pedir "el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes" y determina que el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.

Por último, el proyecto dispone que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir el contrato, el inquilino deberá avisar con tres meses de anticipación para evitar pagar una multa.

Ley de góndolas

Esta nueva regulación en materia de alquileres será el plato fuerte de la sesión en la Cámara de Diputados, una sesión que promete ser maratónica por tratarse de la última del actual período ordinario. El temario incluirá, además, otro proyecto clave auspiciado por el presidente electo, Alberto Fernández, la llamada “ley de góndolas”. Esta iniciativa establece que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola del supermercado, pero la discusión entre Cambiemos y la oposición está en si se pone o no un límite.

inflacion precios supermercado

El dictamen de mayoría, que corresponde al kirchnerismo y al Frente Renovador, fija en un 30% el límite que tendrán los supermercados para poner productos de una misma firma en la góndola. El despacho promovido por Cambiemos, si bien coincide en que una sola empresa no podrá acaparar toda la góndola, no fija un porcentaje y sólo dispone que haya al menos tres proveedores diferentes.

A priori, ambos proyectos –alquileres y góndolas- cuentan con el consenso del oficialismo y de la oposición para ser debatidos en el recinto. No es el caso de otras iniciativas más polémicas que todavía no fueron incluidas en el temario por falta de acuerdo. Es el caso de la llamada “ley de ficha limpia”, que impide que personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos públicos. En el mismo lote figura el proyecto que modifica la ley de Educación Sexual Integral (ESI), resistida por los grupos antiabortistas.

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