El juez Sergio Carraro dispuso ayer la fecha límite de un mes para que una familia abandone una vivienda en la que vive de manera ilegal desde septiembre del 2016.
En la audiencia estuvieron presentes tanto el matrimonio imputado por la usurpación como la víctima, un hombre de 82 años. También comparecieron representantes de la subsecretaría de la niñez, la defensora civil y el representante jurídico del municipio de Rincón, además de la fiscal y el defensor público Sebastián Amadeo.
Desde el móvil de la radio en tribunales, la fiscal Lucila Nuzzo brindó detalles de la causa que comenzó en el mes de septiembre del 2016, cuando José se presentó a realizar la denuncia en la fiscalía: “este señor estuvo internado y viviendo un tiempo con un familiar y cuando volvió a su casa se encontró con esta familia”.
Allí comenzó un camino que lleva ya casi un año. Tras la denuncia en la sede del MPA “Se realizaron las pericias de rigor, constatar que el hombre es propietario titular registral con escritura pública”.
Tras esto se citó al matrimonio que ocupa la vivienda a audiencia imputativa “donde se informó cómo es el procedimiento, se les hizo conocer el hecho delictivo de usurpación, y se les hizo saber que si no deponen en esa actitud íbamos a pedir la medida cautelar real que es el cese de estado antijurídico: que vuelva al estado anterior y eventualmente indique un desalojo” explicó Nuzzo.
La primera de las audiencias en tribunales se realizó en diciembre. La fiscal explicó que “se hizo el cese de estado antijurídico en una audiencia que, como hay menores, se tiene que citar a muchos organismos que tienen que ver con la niñez y con la vivienda, tanto de la provincia como del municipio de Rincón”.
En aquella primera audiencia en diciembre del 2016 estuvieron presentes la víctima, los imputados la defensora civil y la defensa pública. “El juez entendió que se debían obtener esos informes (de los organismos oficiales) y estimó un plazo de 45 días (para que se notifiquen)” aclaró Nuzzo
Estos organismos no respondían a tiempo y debieron ser intimados por la Oficina de Gestión Judicial y por el tribunal, ante la insistencia de la fiscalía para poder avanzar en la causa del cese de estado antijurídico, explicó la fiscal.
Ante la intimación judicial ayer por la mañana se pudo realizar finalmente la audiencia con presencia de todas las partes y representantes de estos organismos.
Estuvieron presentes en la sala II del subsuelo tanto el matrimonio imputado por la usurpación como la víctima. También comparecieron representantes de la subsecretaría de la niñez dra. Karina Karta, la defensora civil Silvia Bria y el representante jurídico del municipio de Rincón dr Del Fabro Castaño, además de la fiscal Lucila Nuzzo y el defensor público Sebastián Amadeo.
En la audiencia “cada una de las partes contesto los intereses que representan” dijo Nuzzo. En relación a la vivienda “en la provincia va por sorteo, no hay posibilidad de alojar a la familia; de parte de la subsecretaría no pueden tomar una medida porque los niños no pueden ser separados de sus padres y la municipalidad dijo que iba a hacer las tratativas con el área correspondiente pueda dar una mano para que la familia pueda tener alguna solución”.
Finalmente, el juez Sergio Carraro ordenó darle trámite al cese de estado antijurídico “porque entendió que se dan todos los presupuestos que establece el código, que es la necesidad, la emergencia y la apariencia de responsabilidad. Dentro de 30 días tienen que irse si no va a haber un desalojo con la fuerza pública.”
“Acá claramente se mezcla lo penal con lo social. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional para todos, porque la propia víctima de 82 años tuvo que alquilar cuando él es propietario de su vivienda” reflexionó la fiscal.
Sobre la familia usurpadora, se trata de un matrimonio compuesto por una mujer de 34 y un hombre de 37 con hijos menores de edad: “ellos manifestaron tener un terreno pero les faltaban mejoras en la accesibilidad, y esa colaboración se pidió al municipio de Rincón”.
“Son audiencias complejas pero acá hay que tener en cuenta los derechos que tiene la víctima, que después de casi un año pueda volver a su casa” enfatizó.
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