Filtración. La palabra tiene varios significados. Cuando de drogas se trata, no refiere a una gotera que provoca humedad en una pared, sino a información. Es la tercera acepción de este término que aporta la RAE: “Divulgar indebidamente información secreta o confidencial”. Eso es lo que ocurrió hace unas semanas en la provincia de Santa Fe, cuando la Justicia federal detectó que un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) filtró información –según confirmaron fuentes judiciales– a un funcionario judicial sobre un grupo de policías y exefectivos de la fuerza que están siendo investigados por narcotráfico. En la Justicia sospechan que el objetivo era que los narcopolicías se enteraran que estaban bajo la lupa de la Justicia federal en Rosario y Campana y también del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Uno de los uniformados que integraría el grupo de narcopolicías es el comisario Álvaro Rosales, detenido por abuso sexual. Cuando allanaron su casa, encontraron un Mercedes Benz que pertenecía a un empresario.
¿Por qué este espía de la AFI, que ocupó anteriormente un alto cargo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), reveló información secreta y calificada a un grupo de policías que estaban siendo investigados por narcotráfico? Por cuestiones legales, AIRE no puede revelar la identidad de este agente, debido a que es penado por el artículo 16 de la ley de Inteligencia Nº 25.520. El lunes el espía fue abordado por efectivos del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de la Gendarmería, que incautaron el teléfono del agente de la AFI.
Este caso empieza a mostrar el oscuro mundo paralelo de los espías que transitan –como señala el periodista Hugo Alconada Mon– en los sótanos del poder. Hasta ahora, este tipo de históricas no se conocían en suelo santafesino. Lo más grave es que, si la Justicia federal lo confirma, queda a la vista que había un agente de la AFI que usaba la estructura del Estado para pasar información de un grupo de personas que estaban cometiendo delitos graves, como tráfico de drogas y venta de armas.
Una de las hipótesis es que este agente, que admitió ante la Justicia pertenecer a los servicios de inteligencia, es parte de la organización criminal que se está investigando en el fuero federal y provincial o si su rol se ajustaba solo a pasar información a cambio de dinero o algún otro motivo o favor. La otra hipótesis es que trocaba información con agentes que habían pertenecido a Drogas Peligrosas. El resultado es que después de que se detectara a partir de noviembre que este espía buscaba información de esta investigación, la operatoria del grupo de policías y exuniformados se detuvo. Eso ocurrió después de que la causa, que estaba radicada en el Juzgado Federal de Campana, pasó a Rosario.
Por la filtración de información, la investigación corrió riesgo de caerse. Los investigadores detectaron que los protagonistas de la causa se habían enterado de que estaban desde hace tiempo bajo la lupa de la Justicia, en momentos en que la causa transitaba por instancias clave. Lo que quieren determinar en el organismo nacional –según las fuentes consultadas en Buenos Aires– es si la filtración provino del agente de la AFI o de un sector de la Justicia provincial.
Fuentes de un organismo nacional señalaron a AIRE que después de que se produjera la incautación del teléfono del espía, por orden del juez federal Carlos Vera Barros, se abrió una investigación interna en el organismo que conduce Agustín Rossi. Los antecedentes del espía señalan que entró al organismo de inteligencia en 2015 en Rosario y que después, por motivos que aún se desconocen, dejó de prestar servicios en la AFI, a la que regresó en enero de 2021. En el medio ocupó un alto cargo en la ANMAC, el organismo que se dedica al registro y control de armas de fuego. Este agente sería propietario de un polígono de práctica de tiro privado en Arroyo Seco.
El teléfono celular del espía será peritado por pedido del fiscal Claudio Kishimoto recién después de que finalice la feria judicial de enero. La causa pasará al magistrado natural que es Marcelo Bailaque, a quien Vera Barros lo reemplaza durante las vacaciones.
La investigación en la que se habría involucrado este agente de la AFI para pasar información se originó el año pasado en la Unidad de Criminalidad Organizada del MPA santafesino, que encabezan los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. La causa estaba centrada en un grupo de policías en actividad y otros que fueron exonerados, e incluso fueron condenados por pertenecer a Los Monos. También está involucrado un exjefe de Drogas Peligrosas, cercano a una exmagistrada federal. Este grupo operaría en el sur santafesino, donde –de acuerdo a las fuentes judiciales– estarían involucrados en maniobras de tráfico de estupefacientes y en el manejo de los llamados puertos secos, donde se operan los granos en negro que luego se destinan a la exportación. Pero también a la venta de armas de fuego, que provendrían de Paraguay.
Uno de los uniformados que integraría este grupo de narcopolicías es el comisario Álvaro Rosales, que fue detenido hace una semana por una denuncia de abuso sexual. Cuando se realizó el allanamiento en su residencia, se encontró un Mercedes Benz C250 Kompressor que pertenecía al empresario Sebastián Grimaldi. Rosales vive en Rosario pero se desempeñaba en Villa Constitución.
La causa que tiene a este grupo de policías en la mira estaba siendo investigada por el fiscal Kishimoto, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el juez federal de Campana Adrián González Charvay, como así también por la Unidad de Criminalidad Organizada del MPA.
Un caso parecido surgió el año pasado, cuando Horacio Lucchini renunció a la Dirección de Análisis Estratégico del Ministerio de Seguridad, luego de que una testigo denunciara con pruebas contundentes –audios y videos– que este exfuncionario había ofertado a Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, mejorar sus condiciones en el penal federal de Marcos Paz a cambio de 15.000 dólares. En el MPA sospechan que Lucchini podría haber sido un agente de la AFI.
Esa tarifa, cuyo monto iba en ascenso de acuerdo a los beneficios, incluía que los futuros allanamientos que se hicieran contra blancos de la banda dieran resultado negativo. Lucchini renunció y desapareció. La causa judicial, en manos de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, tampoco prosperó. Nunca se ordenó la detención de ese extraño exfuncionario que se mostraba con un narco, como es Matías Herrera. Fuentes judiciales señalaron que la causa no avanzó porque hasta ahora la única evidencia eran los audios y videos que había aportado Mariana Ortigala, testigo en la causa de Esteban Alvarado, condenado a prisión perpetua, y actualmente cercana a Guille Cantero.
Hay varias versiones, algunas contrapuestas, sobre cómo llegó Lucchini al Ministerio de Seguridad. Antes de arribar a ese lugar clave, como era la Dirección de Análisis Estratégico, se había desempeñado en el Juzgado federal de Venado Tuerto, que está a cargo del magistrado Aurelio Cuello Murúa.
Lucchini se movía con habilidad en la Justicia federal, su radio de acción. Consultaba causas que estaban en proceso de investigación y se jactaba de tener contactos en lo más alto del poder político de Buenos Aires. Por su histrionismo y hasta su forma de vestir –un fiscal porteño quedó sorprendido en una reunión con sus zapatos de gamuza color azul–, que contrastaba con los tonos grises de los trajes de los magistrados y funcionarios, Lucchini era un personaje que la mayoría miraba de reojo pero que a la hora de hacer favores de todo tipo era un as.
Te puede interesar
