El juicio se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Archivo/ Aire Digital
Una década después de iniciada la causa sobre el policía Hugo Giuliano por enriquecimiento ilícito, plasmado en las fojas de un expediente que tramitó puertas adentro de un juzgado de Instrucción, comenzó esta semana el juicio que lo tiene sentado en el banquillo de los acusados, lo que representa el primer debate oral y público contra un funcionario policial acusado de ese delito.
El derrotero procesal de Giuliano comenzó en 2004, tres años antes de su retiro, cuando el gremio no reconocido de la policía, Apropol, advirtió a las autoridades sobre algunas conductas sospechosas. La ya disuelta Dirección de Asuntos Internos de la Unidad Regional II, comenzó entonces una investigación administrativa que detectó irregularidades con la adquisición de propiedades, títulos públicos, automóviles, una lancha y viajes reiterados al exterior que el uniformado no pudo justificar.
La historia del policía, que prestó servicio por 32 años, llegó a ser jefe de unidades regionales del sur provincial y de la Agrupación de Unidades Especiales (AUE), tuvo idas y vueltas durante la instrucción judicial. Con la acusación del fiscal Esteban Franichevich, en 2011 la jueza Irma Patricia Bilotta no encontró evidencia incriminante y le dictó la falta de mérito. Sin embargo, la resolución fue apelada por el ex fiscal de Cámaras Guillermo Camporini. Y finalmente la Cámara Penal revocó la decisión de Bilotta.
Como debía seguir la investigación, el expediente fue remitido al juzgado de Instrucción Nº11, a cargo de Hernán Postma. Ese magistrado sobreseyó al ex comisario en 2013 tras evaluar que el tiempo transcurrido desde la apertura de la causa jugaba a su favor, ya que era mayor a la pena máxima que podía recibir por cometer el delito que le atribuían.
El engorroso proceso judicial parecía empantanado. El fiscal nuevamente se opuso a un virtual cierre del caso y apeló el sobreseimiento. Así, en febrero de 2014 otra vez un Tribunal penal de segunda instancia decidió que la investigación debía proseguir. Entonces, y como se acostumbraba en ese momento, un empleado del Tribunal trasladó con un carrito los cuerpos del expediente Nº52/12 a otro juez. En esa instancia el instructor fue Juan Andrés Donnola.
Con él, ya eran tres los magistrados que tocaban el espinoso expediente. Dónnola evaluó que las evidencias contra eran sólidas. En mayo de 2014 finalmente dictó el procesamiento del Giuliano, y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 300 mil pesos.
La resolución expuso fundamentalmente que el ex jefe policial no tenía documentación para acreditar la actividad de la explotación de un taxi cuya chapa patente luego vendió, pero que tampoco pudo justificar. Sobre todo porque no se autoriza la cesión a nombre de otra persona del servicio público, de acuerdo a las ordenanza vigente.
El juez también ponderó como incriminante que no arrimó a la causa constancias para demostrar ser contratista de la Municipalidad, a través de una empresa de construcción familiar.
Tampoco pudo exhibir balances sobre ingresos que percibía por administrar una agencia de loterías, por haber sido beneficiado de una supuesta donación en dólares que le hizo un familiar directo. Su mujer trabajó en una empresa y luego se jubiló por incapacidad. Para el juez, el patrimonio del policía no tenía correlato con su salario de empleado policial.
Ya en una etapa de definición y con el procesamiento firme, el caso quedó en manos del juez de Sentencia Julio Kesuani. Si bien la defensa de Giuliano, en manos del abogado penalista Carlos Edwards, propició que el litigio siga bajo el sistema escrito, una ley de transición hacia el nuevo sistema acusatorio, contemplaba la oralidad y juicio público para ciertos delitos considerados graves.
Con esa intrincada y demorada historia judicial, la causa comenzó a ser ventilada y exhibida esta semana en Rosario como el primer juicio oral y público contra un policía acusado del delito de enriquecimiento ilícito.
El miércoles el fiscal Sebastián Narvaja, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, retomó en los alegatos de apertura los elementos que hilvanó en su pedido de elevación a juicio su colega Esteban Franichevich (fallecido) en 2014. Y atribuyó los delitos descritos a Giuliano, quien transita el proceso en libertad.
Ante el Tribunal pluripersonal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Florentino Malaponte y Valeria Pedrana, el fiscal solicitó una pena única de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, y una multa equivalente al ciento por ciento del enriquecimiento constatado.
Según el ministerio público, el incremento patrimonial de Giuliano se constató en los periodos comprendidos entre los años 1975 y 2004 mientras prestaba servicios en la Policía Santa Fe, y no correspondía a la situación económica al iniciar su carrera dentro de la fuerza de seguridad, ni estaba de acuerdo con sus posibilidades económicas posteriores según el salario que percibía.
Ante los jueces, Narvaja enumeró ocho periodos de tiempo. Desde 1985 a 1986 le atribuyó la adquisición de un inmueble y la posterior construcción de tres locales comerciales en ese el terreno. Entre 1986 y 1987, la compra de un local comercial en calle Moreno al 400, en el macrocentro de Rosario, y de 1988 a 1991 compró de una propiedad en calle Montevideo al 3900, en barrio Echesortu, de acuerdo a los informes de la Fiscalía.
Pero además, la policía compró otro local comercial en calle Cafferata 1600, casi avenida Pellegrini, operación que se atribuye entre los años 1992 y 1995. Desde ese momento y hasta 1999, se cuenta la compra de una propiedad en calle 3 de Febrero al 3000, casi Francia. Y la adquisición de cuotas en fondo de inversión por 24.500 dólares. De 1999 a 2003 le asignan la compra de un auto y de bonos por un monto de otros 20.000 dólares.
Casi al final de su carrera como policía, entre 2003 y 2006, Guilinano pudo comprarse una lancha, un automóvil, y avanzó en la construcción de una vivienda en planta alta en un domicilio de su propiedad en calle Buenos Aires al 1900, a pasos de avenida Pellegrini.
En los alegatos de apertura del juicio, la defensa de Giuliano solicitó la absolución. Su abogado defensor, Carlos Edwars, indicó a Aire Digital que el policía puede demostrar que su patrimonio está relacionado a “otros ingresos antes de entrar a la policía, principalmente a partir de la actividad de un taxi que era de su madre, luego él lo heredó y lo trabajó junto a un peón, y luego vendió la licencia”.
El letrado indicó además que de la agencia de lotería que administraba antes de ser policía no se pudo obtener información oficial respaldatoria porque “fue destruída por los organismos oficiales. Además, cuestionó la pericia oficial de la instrucción de la causa porque detecta 15 mil dólares que obviamente no están justificados porque no había contabilidad documentada del ingresos del taxi”.
“Mi cliente comenzó su vida comercial en 1973, pero se ha destruido mucha documentación municipal que hemos ido a buscar, desde 1988 hacia atrás. Pudimos recuperar el registro del taxi a nombre de su madre, de 1973. Y de Giuliano recién figura su licencia de conducir de 1988. Todo esto lo vamos a demostrar con testigos. Y boletos de compra venta de autos: primero un Siam Di Tella, luego un Peugeot y después un Falcon, todos usados como taxis”, detalló Edwards.
Además, indicó que cuando Giuliano trabajaba como policía, a la par lo hacía como taxista. “El ingreso de la policía lo usaba para vivir junto al salario de su mujer, y el resto iba a otras cuestiones. La pericia pudo probar el dinero que gana un taxista. En esa época se tradujo a dólares y hay una estimación. Con eso se justifica los valores de las propiedades al momento de la primera compra del inmueble por 274 mil dólares en 1985”.
Para el abogado, “todo se puede documentar, pero no así la agencia de lotería, porque se destruyó la documentación oficial. “El vendió el taxi en 1991. Por eso recibió 17.000 dólares. Está el testimonio del director de Tránsito. En la acusación se detalla todo pero no hay cotejo, ni configuración del delito porque no existe el requerimiento de licitud de los bienes. Se hacen estimaciones en dólares, pero no parece ser la unidad de cálculo más idónea, porque al momento de las compras existían otras monedas, como australes, patacones, pesos”.
Los argumentos de las partes, tanto la acusación como la defensa, fueron planteados al tribunal durante los alegatos en el primer día de juicio, que se desarrolla en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario.
El debate continuará el lunes por la plataforma zoom. Están reservadas varias jornadas de un caso con idas y vueltas. Y la declaración de un total de 27 testigos que aportaron tanto la Fiscalía como la defensa. Eso sí, no habrá que esperar una década para el veredicto, se conocerá en no más de quince días si la pandemia permite la continuidad de las audiencias.
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