La medida cautelar fue solicitada por la fiscal María Lucila Nuzzo quien está a cargo de la investigación. El pedido de la funcionaria del MPA fue realizado en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial ante el juez Gustavo Urdiales, quien hizo lugar al planteo de la fiscal.
En la audiencia, la fiscal precisó que el imputado tenía su arma reglamentaria en la cintura durante todo el episodio de violencia contra su familia.
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Urdiales, el juez a cargo de la resolución.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
El hecho
En la tarde noche del pasado viernes en una vivienda familiar en Cabaña Leiva, el imputado comenzó una discusión con su pareja mientras portaba su arma reglamentaria en la cintura, a pesar de que no estaba en funciones, precisó la fiscal en audiencia.
Nuzzo sostuvo que las primeras medidas permitieron determinar que el policía se encontraba aloholizado, y agregó que “a pesar del amedrentamiento en perjuicio de la mujer, ella pudo llamar al 911 y dio aviso de lo que estaba ocurriendo”.
Cuando llegó el personal policial, el imputado cerró la puerta de ingreso y se atrincheró con sus hijos menores dentro del inmueble, detalló la fiscal.
“Durante casi tres horas el imputado mantuvo su actitud y retuvo a los menores”, detalló y agregó que “al operativo tuvieron que acudir más de 20 policías, entre ellos, personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE)”.
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Agravantes
Al momento de resolver, el juez Urdiales consideró que estaban acreditadas la verosimilitud del hecho imputado y la intervención del sospechoso; además, el juez contempló que el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento probatorio estaban latentes y que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, por lo cual ordenó la prisión preventiva.
La representante del MPA sostuvo que “el hombre, al ser funcionario policial tenía conocimiento de que no puede portar el arma reglamentaria dentro de su domicilio al no estar de servicio y que tuvo más que tiempo suficiente para deponer su actitud”.
Delitos
El imputado es investigado como autor de los delitos de amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego, cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género), privación ilegítima de la libertad calificada y resistencia a la autoridad.
