En los alegatos del juicio sobre el crimen de Enrique Encino, gerente del Banco Nación, asesinado en enero de 2020, el fiscal Luis Schiappa Pietra delineó lo que significó la investigación de esa causa en la que, según el funcionario, “se reconfiguraron los razonamientos políticos y criminales de Rosario ”. La clave, de acuerdo a su mirada, fue que en este tipo de casos afloraron “muchas cosas que se saben, pero que muchas veces no aparecen en la superficie, como la participación política y judicial en el crimen organizado”.
Armando Traferri (derecha) y Leonardo Peiti (Izquierda) los nombres más pesados que desnudó el caso.
Este juicio, que comenzó el 3 de agosto, abordó un hecho central de la historia reciente del negocio de la violencia, como fue el ataque al casino City Center, donde murió el exgerente del Banco Nación de Las Parejas, cuando se encontraba fumando en el balcón de un edificio y fue alcanzado por un disparo. Pero también se metió en los emprendimientos que la banda de Los Monos desplegó durante los últimos años, que tienen que ver con las extorsiones. Incentivar el miedo con las balas era parte central de la empresa criminal que buscaba sacar dinero de las víctimas.
“Rosario tiene la particularidad de que la marca registrada de la violencia son Los Monos. Sabemos que no son los únicos, pero son los que mayor temor generan. Acercarse a una persona y decirle que iban de parte de Cantero o Los Monos ya daba temor. Ese temor se generó y es un patrón que pudimos ver en el desarrollo de la asociación”, explicó en los alegatos el fiscal Matías Edery.
LEER MÁS ► El juicio por el crimen en el casino de Rosario que explica la trama criminal de la ciudad
En el juicio hay cinco acusados, entre ellos Ariel “Guille” Cantero, quien la semana pasada declaró en el juicio. Expuso uno de los testimonios más extensos. Nunca había declarado de la forma que lo hizo, pero aportó muy poco su declaración. Cantero siguió el juicio por videoconferencia desde la cárcel de Marcos Paz, donde ahora está sometido a un régimen más estricto. Dijo que no sabía de qué estaba acusado, porque en el juicio nunca lo habían nombrado.
Guille Cantero no fue acusado como jefe de una asociación ilícita, pero por las relaciones que tenía con los otros imputados, los fiscales pidieron 22 años de prisión contra el líder de Los Monos en esta causa.
En este juicio, la cabeza de la organización recayó en uno de los lugartenientes de Guille Cantero: Maximiliano “Cachete” Díaz. Los fiscales pidieron 34 años de prisión contra él. Al autor material del crimen, por el que está imputado Otniel De León Almonte, recayó una solicitud de pena de 26 años de cárcel, y cuatro años menos para Carlos Damián “Toro” Escobar. Está previsto que la sentencia se conozca la semana próxima.
Los fiscales dijeron que esta causa hizo aflorar sobre “la superficie la participación política y judicial en el crimen organizado”. A partir del crimen Encino, que llevaron adelante Los Monos en el casino de Rosario, comenzó a entretejerse una causa que provocó por primera vez en Santa Fe fueran detenidos dos fiscales, como Patricio Serjal y Patricio Ponce Asahad, y quedara involucrado el senador peronista Armando Traferri, que nunca pudo ser imputado por ampararse en los fueros legislativos, que podría perder en las próximas elecciones del 13 de setiembre en Santa Fe o por decisión de la Corte Suprema de la Nación, que tiene bajo análisis un reclamo por la inconstitucionalidad de la protección parlamentaria.
El origen de la causa se remonta a la cárcel de Marcos Paz, donde el líder de Los Monos dio la orden el 8 de enero de 2020: "Hay que hacer lo del City (Center). Ahí vamos a sacar una money". La premisa la recibió Cachete Díaz, quien era el encargado de planear tres días después el ataque contra la sala de juegos.
LEER MÁS ► Banda imputada por juego clandestino y un crimen tenían un "contacto" en una fiscalía
El atentado al casino fue una bisagra en el entramado que Los Monos tejían con el nuevo negocio de las extorsiones. “Cachete” Díaz se comunicaba por Whatsapp con las potenciales víctimas, a las que investigaban previamente. Por ejemplo, el 8 de agosto de 2019 llamó a Rodrigo Fabiani y le exigió que le entregara una camioneta Toyota Hilux y 30.000 dólares a cambio de no atentar contra su vida.
En las comunicaciones previas quedó en evidencia que Los Monos sabían que Fabiani se había quedado con dinero de Maximiliano Rodríguez, alias Diente de Lata, que fue asesinado en la autopista Rosario-Córdoba en agosto de 2014. Había una inteligencia previa, en ese submundo, donde es muy fino el límite entre la legalidad y el delito.
Este esquema de extorsiones ya lo hacían con los gremios. Díaz era quien se ocupaba de cobrarle en persona al gremio de los taxistas para no perturbar su actividad. Esto ocurrió a partir de octubre de 2019, cuando Horacio Yanotti quedó al frente del gremio tras la expulsión de Horacio Boix, tras protagonizar un choque con un Audi del gremio, que terminó en escándalo. Boix les pagaba a Los Monos por seguridad y Cachete pretendía que Yanotti hiciera lo mismo. La trama se puso más densa cuando empezaron a balear la casa de los integrantes de la comisión directiva del sindicato. Algo similar ocurrió con el gremio de estibadores del puerto de Rosario. Boix fue condenado el miércoles pasado por haber usado para gastos personales la suma de 239.226 dólares que eran de la caja del gremio, y por haber mandado a balear a través de Los Monos a los integrantes de la comisión directiva que lo sacaron de la conducción en 2019.
El 8 de enero de 2020, Díaz envió a su hermano Fabián y a dos menores a extorsionar a Pablo Fortuny, dueño de una financiera ubicada en Entre Ríos al 700, pleno centro de Rosario. A este hombre, vinculado a las finanzas, con quien se reunieron en un bar en Río de Janeiro y Montevideo, le exigieron que pagara 5000 dólares por mes a cambio de no atentar a balazos contra su local, algo que lo iba a llevar a la bancarrota.
Flavia Brion, la pareja de Cachete, tenía un rol importante en este esquema, ya que también manejaba el dinero de las extorsiones, y agendaba las reuniones con las víctimas, a quienes apretaban en el bar Mansa, de Pellegrini al 600, propiedad de Mariano Ruíz, uno de los lavadores de dinero de Los Monos, según estableció la justicia.
Desde las cárceles, tanto en el penal federal de Marcos Paz como en la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario, Los Monos delinearon un negocio que no parece tener límites, alimentado por el universo oscuro de un sector de la economía.
Una de las claves en esta causa fue que 48 horas después del crimen de Encino, los fiscales detuvieron a “Cachete” Díaz. Al verse atrapado, Díaz rompió y descartó su celular. Pero un vecino lo encontró y aparecieron los primeros hilos de una red narco complejísima que llega hasta la cima política y financiera de la provincia.
De ese teléfono no solo obtuvieron información sobre el crimen, sino también de otras maniobras temerarias. Los Monos habían planeado un incendio en el estacionamiento del casino, con otros ejecutores, dos días antes. El objetivo era extorsionar a los dueños del casino. Dinero a cambio de tranquilidad. La idea era explotar un auto en el parking cuando estuviera repleto de gente. Pero la Gendarmería detuvo a quienes debían encargarse del golpe a bordo de un Volkswagen Gol rojo robado, con una Browning, 9 milímetros y 14 balas. Díaz cometió entonces un error: le pidió a un mandamás del juego clandestino, Leonardo Peiti, que les preguntara a sus “amigos de la Fiscalía” por la situación de los detenidos. Así comenzaron a aparecer las complicidades judiciales y políticas.
La relación del “empresario” que manejaba el juego clandestino con Los Monos venía de antes. Peiti les pagaba una “mensualidad” para que no lo mataran. Primero abonó 20.000 dólares y luego 5000 por mes, durante un año y medio, más el manejo de tres salas de juego ilegales. Pero Los Monos no solo querían su dinero sucio, sino sus influencias en la Justicia, que habría tejido de la mano del senador peronista Armando Traferri.
Urgido por Díaz, Peiti llamó a un comisario retirado y al jefe máximo de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal. Con esas llamadas expuso el contubernio entre el juego ilegal, la policía, el narco, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y el poder político.
Pero Traferri nunca pudo ser imputado, porque el Senado de Santa Fe rechazó en diciembre de 2021 retirarle sus fueros. En noviembre pasado, la jueza Bibiana Alonso decidió aceptar el pedido de los fiscales Edery y Schiappa Pietra para que la causa no pase al archivo y se espere qué resolución va a tomar la Corte Suprema de la Nación, donde los funcionarios del MPA acudieron en queja, luego de que el máximo tribunal de Santa Fe –en votos cinco contra uno- rechazara el pedido de inconstitucionalidad del artículo 54 de la carta magna santafesina que impide que un senador sea imputado.
Es probable que la Corte Suprema de la Nación no se expida sobre este caso antes de las elecciones, por lo que Traferri podrá ser electo nuevamente senador si gana en el departamento San Lorenzo, algo que está en duda, ya que los dos candidatos de Juntos por el Cambio sumaron en la PASO 2431 votos más que el legislador peronista que va por su cuarto mandato.
Te puede interesar
