Este viernes por la tarde se llevó adelante una audiencia en relación al hecho ocurrido el pasado 8 de abril en la zona de calle Zuviría al 200 de la ciudad de Rosario, donde resultaran fallecidos Luciano Escudero y Diego Quiroga García.
El juez Román Lanzon hizo lugar a la libertad de Diego C., el joven que atropelló y mató a los dos ladrones que lo asaltaron en el barrio de Fisherton. Se dispusieron una serie de reglas de conducta que el imputado deberá cumplir.
Dicha audiencia fue solicitada por la Fiscalía ante el anticipamiento por parte de la defensa de la intención de prestar declaración del imputado por Homicidio Simple, quien se encuentra en prisión preventiva efectiva por el plazo de 60 días dictada en audiencia imputativa del pasado 11 de abril.
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Desde el Ministerio Público la Acusación del sur provincial se informó que ante lo declarado por el imputado y las múltiples medidas investigativas llevadas adelante por Fiscalía y rigiéndose por el criterio de objetividad, el Fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Saldutti, determinó que al momento se divisa objetivamente la posibilidad de la existencia de un futuro encuadre legal menos gravoso. Si bien la calificación legal de Homicidio Simple se mantiene en la actualidad, la posibilidad futura colocaría la escala penal inferior a la que se valoró en la audiencia imputativa inicial.
Según el MPA, la investigación se encuentra en un estado avanzado, aunque con medidas a la espera de recepción de informes finales como autopsia y pericia accidentológica vial, entre otras.
Se realizó relevamiento y recolección de material fílmico de 21 cámaras de seguridad en el trayecto entre el hecho de robo y homicidios, imágenes que se encuentran siendo analizadas por personal del Ministerio Público de la Acusación.
También se tomaron declaraciones testimoniales a 12 testigos de los hechos. Se valora además que familiares del imputado manifestaron intención y que hayan declarado, renunciando a su facultad de abstención, ante Fiscalía y que el imputado brindara su versión de los hechos, disminuyendo todos estos elementos el riesgo procesal.
En ese sentido, la Fiscalía consideró que en este momento del proceso y con los elementos recabados se pueden garantizar los fines procesales y razonablemente inocular los riesgos procesales existentes, solicitando así una medida cautelar no privativa de la libertad, manteniendo sujeto a proceso, con reglas de conducta.
Se dispone a tal efecto:
1- Obligación de someterse al cuidado de dos familiares que oficiaran de Garantes, quienes deberán asumir tal compromiso ante la Oficina de Gestión Judicial.
2- Fijar residencia donde previamente deberá ordenarse una constatación de domicilio e informe ambiental del mismo.
3- Obligación de presentarse ante la Oficina de Gestión Judicial semanalmente para control de sujeción a proceso.
4- Prohibición de salir del territorio de la Provincia de Santa Fe.
5- Prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con familiares de los fallecidos y testigos de la causa.
6- Prohibición de tener o portar armas de fuego en todas sus categorías.
7- Prohibición de conducir vehículos motores y motocicletas de todo tipo.
8- Prohibición de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.
El Juez de Primera instancia Dr. Lanzón ante todo lo expuesto dictaminó hacer lugar al pedido de la Fiscalía en acuerdo con la defensa del imputado y otorgar la morigeración de la prisión preventiva efectiva a libertad con las restricciones mencionadas por el plazo de ley.
El abogado defensor Pablo Rajmil sostuvo por Aire de Santa Fe que las pericias realizadas hasta el momento permitirán demostrar la existencia de atenuantes que, en caso de condena, podrá ser de ejecución condicional.
Audio ► Pablo Rajmil, abogado defensor
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