La medida había sido tomada el pasado 10 de enero durante una audiencia ante el juez de Garantías Carlos Alberto Vera Barros.
LEER MÁS ► Ordenaron la prisión preventiva para 10 policías del Comando Radioeléctrico de Rosario
Los policías ya estaban imputados por un allanamiento ilegal
Los efectivos policiales Guillermo David Toledo, Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernando Nicolás Ferreira, Renzo Maximiliano Michelud y Agustín Mario Andrés Martínez habían sido imputados anteriormente por realizar un allanamiento ilegal el 13 de agosto de 2024 en una vivienda del barrio Azcuénaga, en Rosario.
Durante ese procedimiento fraguado, los acusados privaron de la libertad a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, y sustrajeron cocaína, armas de fuego y una importante suma de dinero. Se estima que se llevaron entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, 50.500 dólares y 285 mil pesos.
Los peritajes realizados sobre los teléfonos celulares incautados a los policías en octubre de 2024 confirmaron que los ahora imputados se quedaron con la droga robada y la trasladaron a Santa Fe para su comercialización a través de familiares.
LEER MÁS ► La Corte Suprema de Justicia confirmó condenas de hasta 15 años de cárcel para policías que torturaban y robaban
Una red de tráfico de drogas con participación de familiares
En la misma audiencia, el fiscal también imputó a Miriam Alejandra Gallegos, Guillermo Jonás Gallegos y Leonardo Manuel Gallegos, pareja y cuñados del oficial Toledo, quienes fueron detenidos el 9 de enero tras cinco allanamientos en Rosario y Santa Fe.
La Justicia los acusa de fraccionar y vender la cocaína robada en el allanamiento ilegal. Según la investigación, la droga fue transportada por Miriam Gallegos, mientras que sus hermanos se encargaron de su comercialización, junto con una cuarta persona que aún no fue identificada.
Pedido de prisión preventiva y causa declarada "Procedimiento Complejo"
En virtud de los nuevos elementos probatorios, el Ministerio Público Fiscal amplió la imputación contra los policías Toledo, Robledo, Schneider, Balais, Pérez, Ferreira y Michelud por comercio de estupefacientes agravado por su condición de funcionarios públicos y por realizarlo en una estructura organizada de tres o más personas.
Los oficiales ya habían sido imputados, junto a Martínez, por violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento.
Asimismo, el juez Vera Barros ordenó la prisión preventiva de los tres familiares de Toledo por un plazo de 90 días y declaró la causa como un "Procedimiento Complejo" bajo el artículo 334 del Código Procesal Penal Federal, lo que permite extender los plazos de las distintas etapas judiciales.
