El fallo judicial se dio a dos días de que Borghi fuera imputado como miembro de la banda que en octubre del 2022 ingresó por los techos al negocio de 9 de Julio y Mendoza y, tras agujerear una caja fuerte, se alzó de 40 millones pesos y miles de dólares, euros y reales que se encontraban en el comercio dedicado al cobro de impuestos, entre otras operaciones. Por el caso ya fueron detenidos y se encuentran con prisión preventiva otros cuatro hombres implicados en el millonario golpe que implicó la utilización de elementos de corte sofisticados, automóviles y mucha destreza para el escalamiento de tapiales y techos por donde se llevaron el botín.
El vínculo de Borghi con la banda del Pago Fácil quedó establecido a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada que, tres días después del hecho, se presentó en Fiscalía y ante las fiscales Gabriela Arri y Lucila Nuzzo aportó toda la información que tenía sobre los involucrados en el caso ocurrido el 9 de octubre de 2022, entre la medianoche y las 6 de la mañana.
Robo millonario kiosco Mendoza y 9 de Julio.
Ese testimonio, que es una de las pruebas medulares de la investigación, posibilitó a los investigadores de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) construir un rompe cabezas cuyas primeras piezas fueron Juan Cruz Paiva, Sebastián “Avión” Gorosito y José Mora. El primero, acusado de haber realizado el boquete en el techo del local; el segundo, de ocuparse del traslado y logística del robo; y el último, de oficiar como campana de la banda al quedarse parado fuera del local y cortar el cable de la fibra óptica que permitía la activación de la alarma.
Los tres fueron detenidos el 15 de octubre por los detectives de la AIC tras cinco allanamientos que tuvieron lugar en Casanello 4300, Agustín Delgado y Pasaje Denis, Mantovani 6200, Justicia y las Vías en barrio Villa del Parque y el último en Fray Cayetano 3700 en un Taller de chapa y pintura, todos de la ciudad de Santa Fe. El trío fue llevado a tribunales y luego quedó en prisión preventiva tras un fallo dictado por el juez Martín Torres y confirmado después por el camarista, Roberto Prieu Mántaras.
El cuarto implicado fue el agente policial que prestaba servicios en la AIC de Rafaela, Maximiliano Pérez, acusado cargar en su automóvil Suzuki Fun el botín robado y haberlo traslado hasta su propiedad en barrio René Favaloro. Al igual que sus compañeros de aventuras criminales, Pérez quedó preso a la espera de que la causa tenga un nuevo avance en tribunales.
Desde entonces, la lupa de la Justicia quedó puesta en el rol del cerrajero Borghi, quien para los investigadores del caso fue llevado hasta el local del Pago Fácil a bordo del Toyota Corolla gris de Gorosito. Junto a Paiva trepó un tapial lindero a la entrada al comercio y ambos luego subieron a unos techos hasta llegar a la parte superior del Pago Fácil. Allí agujeraron una chapa y sin ser vistos rompieron un cielo raso y con sogas bajaron hasta el local. Una vez adentro fueron hacia donde estaba la caja fuerte a la cual forzaron durante horas hasta lograr abrirla y así sustraer los millones de pesos y miles de billetes de moneda extranjera.
Si bien “El Cordobés” estuvo en el radar de los investigadores desde el minuto cero de la causa, nunca pudo ser hallado por los investigadores en ninguno de los procedimientos ejecutados durante la investigación. Sin embargo, el pasado 13 de enero la libertad de Borghi quedó trucanda tras ser sorprendido por detectives encubiertos de la AIC que lo reconocieron cuando iba a bordo de Chevrolet Astra por Salta, entre Urquiza y Francia, en pleno macrocentro de Santa Fe.
Dentro del coche, los investigadores hallaron dinero en efectivo y dos inhibidores de señal, que comprometieron aún más Borghi y su compañero, Ernesto Fabián Cáceres, por lo que fueron detenidos e imputados en tribunales por una serie de hechos.
En el caso de Cáceres, la fiscal Rosana Peresín le atribuyó haber robado una mochila con $1.800.000 del interior de un Toyota Corolla que se encontraba estacionado en Suipacha y 25 de Mayo, el 5 de octubre del 2022 y el cual pudo ser abierto mediante un inhibidor de señal. Tal secuencia, según entienden desde Fiscalía, fue cometida mientras Cáceres conducía un Chevrolet Astra bordó y Borghi oficiaba como acompañante. A este último, el fiscal Francisco Cecchini (en reemplazo de las fiscales Lucila Nuzzo y Gabriela Arri) le imputó haber participado de la banda que robó el Pago Fácil, como así también una vivienda de la localidad de Franck en el 2021, hecho que se tramita en la Fiscalía de Esperanza.
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Los presuntos ladrones iban en un auto con inhibidores de señal.
Este martes, ambos imputados fueron llevados a una nueva audiencia en donde, con defensas distintas (Magalí Mazza por Cáceres y Germán Corazza por Borghi) pidieron transitar la causa en libertad situación que fue negada por el propio juez Silva que ordenó su encierro preventivo tras considerar que existen elementos de convicción para vincularlos a sus respectivas causas. Como, por ejemplo, que a los dos le secuestraron dos inhibidores de señal el día de su detención.
El magistrado a su vez se refirió a que el imputado pudo haberse inoculado en Córdoba, tal como lo afirmó en su declaración, pero, sin embargo, esa situación no cambia su vínculo con el robo, ya que el atraco al Pago Fácil ocurrió en horas de la madrugada. De modo tal, consideró Silva, que Borghi pudo haber cometido el asalto, viajado a Entre Ríos –tal como captaron las antenas del teléfono que habría manipulado el día del hecho- y luego viajado a la ciudad de Córdoba, en donde se inoculó.
