Al mandatario primero le dictaron la falta de merito pero un fallo de Cámara ordenó que siga siendo investigado.
El último día de 2016 se realizó una fiesta electrónica en el predio del boliche Punta Stage de Arroyo Seco. Hubo venta de estupefacientes, estampidas y la capacidad del lugar colapsada. Murieron Guiliana Maldovan, una rosarina de 20 años, y Lucas Liberatore, de 33, oriundo de San Nicolás, ambos por consumo de droga sintética que se vendía en el lugar. Para la Fiscalía, los funcionarios municipales y policiales avalaron el descontrol y ese trágico desenlace.
Cuatro años y medio después de la trágica madrugada del 1º de enero de 2017, un juez de Rosario decidió procesar al intendente de esa localidad, Nizar Esper, por el delito incumplimiento de los deberes de funcionario público tras considerar que hay indicios de que habría permitido la realización y prosecución de la fiesta electrónica “Sasha’s New Year Eve Party”.
La rave, como se publicitan a esos maratónicos encuentros que pueden persistir durante horas y terminar con la luz del sol y en horarios infrecuentes, fue musicalizada por el DJ británico Sasha, la atracción de la noche y por eso el título del evento.
La fiesta electrónica fue promocionada en toda la región. Concurrieron cientos de jóvenes de Arroyo Seco, localidades vecinas y hasta de Rosario y provincia de Buenos Aires. Según la investigación posterior, el local había sido alquilado en unos 190.000 pesos por un productor rosarino.
Parecía la noche ideal para los fanáticos de Sasha, uno de los más destacados en los géneros House y Progressive a nivel mundial. La entrada costaba por ese entonces 500 pesos, y con el traslado desde Rosario se ofrecía a 700 pesos. Para acceder a los sectores VIP, algunos desembolsaron entre 15 y 20 mil pesos. Pero según relataron en ese momento, no les dieron la ubicación prometida y ni siquiera bebidas.
Los ingresos fueron un descontrol y en el interior no había canillas de agua, tampoco alcanzaron las botellas que se vendían en el lugar, no corría el aire, las aspas de dos ventiladores no eran suficientes, los baños eran precarios y sin techos. En ese espacio había unas 3.500 personas apretujadas en el delirio, la psicodelia y la música irrefrenable.
“La capacidad estaba excedida. Cuando se largó la tormenta fue peor, porque no entrábamos. Empezaron los empujones, las estampidas y las avalanchas”, contó en ese momento una rosarina que estuvo en Punta Stage, donde también se vio mucho pasamano de pastillas.
Así lo confirmó otro testigo directo de esa situación. El joven recordó que después de las 3.30 decidió regresar a Rosario porque advirtió que se trataba de “una bomba de tiempo, no había agua gratuita y sólo se vendía en una barra. La gente estaba sofocada y desesperada por el calor, y porque el lugar estaba saturado”
Describió que a las 2.30 cuando abrieron las puertas, más tarde de lo previsto, había controles de seguridad (tres policías provinciales hacían adicionales y algunos privados), pero después se levantaron por la gran cantidad de gente que se concentró en la puerta. “Empecé a ver cosas extrañas. Un joven vendía drogas desde el VIP y la gente parecía conocerlo”, narró el testigo.
En ese espacio había unas 3.500 personas apretujadas en el delirio, la psicodelia y la música irrefrenable
El desbande fue generalizado. Al otro día la noticia impactante llegó desde el hospital provincial de Rosario. Se anunció el fallecimiento de una joven que estuvo en la fiesta con su novio. Era Giuliana Maldovan, de apenas 20 años. Había ingresado al centro de salud en coma y con “signos de sangrado sistémico”. Los primeros informes indicaron que habría consumido éxtasis o alguna droga sintética.
Al otro día se confirmó el fallecimiento de Lucas Liveratore, de 34 años, oriundo de la ciudad bonaerense de San Nicolás. También había concurrido a la Rave de Punta Stage y según los informes preliminares elevados a los fiscales que se hicieron cargo de la investigación, también se asoció su muerte al consumo de sustancias prohibidas.
La investigación de los hechos quedó en manos del titular de la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Claudio Kishimoto, y su par Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). El 2 de enero de 2017 ordenaron las primeras medidas para determinar si en la fiesta electrónica había personas que vendían estupefacientes y si los dueños del establecimiento o los organizadores facilitaron el lugar para la venta de drogas.
A las 72 horas la Policía Federal allanó la sede de la Municipalidad de Arroyo Seco y el boliche, donde dos días antes la policía de Santa Fe encontró bolsas de plástico con pastillas de color rosa y celeste. Kishimoto investigó la muerte de Giulina, y la UFI N°3 de San Nicolás desarrolló una pesquisa para establecer las causas del fallecimiento de Lucas.
En mayo de 2017 fueron procesados Alan David Van Brook y Gino Piazzese Scaglia, responsables de la productora “Live Art Producciones” que organizó el evento; Germán Pablo Dalinger, gerente, y Esteban Gómez, encargado del local a través de la firma Yameli S.R.L, que explotaba comercialmente Punta Stage.
Se acopió evidencia a través de testimoniales, a través de las cuales se confirmó que en la fiesta hubo comercialización y consumo de estupefacientes, hacinamiento con más gente de la capacidad permitida, faltaban bebidas, el acondicionamiento era deficiente, que hubo estampidas, maltrato policial y golpes.
Iglesias y Kishimoto ya habían solicitado la indagatoria del intendente Esper y otros dos funcionarios de la Municipalidad de Arroyo Seco en el año 2017. Y en el 2018 la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al juzgado de Carlos Vera Barros que avance en ese sentido. Pero el juez dictó la falta de mérito del intendente de Arroyo Seco.
Tras numerosas presentaciones de los fiscales, el 29 de julio la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito que había favorecido la situación procesal de Nizar Esper. Luego de esa resolución del Tribunal superior, Vera Barros decidió procesarlo.
El magistrado consideró que el intendente permitió el desarrollo de la fiesta a pesar de la legislación provincial y municipal que prohibía la realización de esos eventos, y regula las habilitaciones y funcionamiento de los complejos como Punta Stage.
Recalcó que “que el conjunto de preparativos previos que un evento de tal magnitud demandaba a los fines de poder llevarse a cabo, no pudieron ser ignorados por las autoridades, que inclusive habrían estado presentes en las inmediaciones.
Agregó que el imputado “tuvo conocimiento que en el local se excedió la capacidad de asistentes, ya que un inspector municipal labró un acta donde asentó esa irregularidad.
El juez recalcó que Esper “no pudo desconocer el tipo de actividad que se estaba desarrollando en el complejo Punta Stage, al punto tal de suponer que su ignorancia sobre las características del evento pudiera eximirlo del deber de adoptar los recaudos necesarios a los fines de evitar las consecuencias que finalmente se desencadenaron”.
La resolución de Vera Barros apuntala “todas las irregularidades preexistentes y el hecho de observar la legislación que él mismo suscribió (decreto municipal 198/2016) que prohibía de manera específica la realización de fiestas electrónicas que estaba teniendo lugar frente a él mismo junto al resto de las autoridades municipales y policiales que acudieron a Punta Stage ese fatídico 1º de enero de 2017.
El juez recalcó que Esper “no pudo desconocer el tipo de actividad que se estaba desarrollando en el complejo Punta Stage
Cabe recordar que además de los ya imputados y procesados, en junio pasado los fiscales pidieron que se fije fecha de la indagatoria a un inspector municipal y a un policía por incumplimiento de deberes funcionario público, por entender que junto con los organizadores habían incurrido en conductas ilícitas que se encontraban íntimamente relacionadas.
El intendente de Niza Sper, ahora procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, protagonizó un accidente el domingo pasado, cuando a las 21.15 conducía su Peugeot 408 y chocó contra un poste de luz del cantero central en la intersección de Independencia y Libertad, en Arroyo Seco.
Sufrió algunas heridas, salió expulsado del vehículo y fue trasladado al Hospital 50. Mientras, la fiscal de Flagrancia en turno Cecilia Cardinali solicitó que se le practique los exámenes de alcoholemia y alcoholuria, y la pericia accidentológica.
Pero los análisis de sangre y orina se frustraron, porque cuando al rato del hecho desde la Policía y el hospital hicieron la consulta a la Fiscalía, y recibieron la orden de realizar esos exámenes, al intendente ya le habían dado el alta. La fiscal solicitó que quede constancia de esa irregular situación.
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