Así se acordó luego de una reunión que mantuvieron el presidente del máximo tribunal de justicia, Rafael Gutierrez, la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione y el jefe de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini.
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De dicho acuerdo también participaron los representantes de los Colegios de Jueces de Segunda Instancia de las cinco circunscripciones de la provincia, Fernando Gentile Bersano, Georgina Depetris, Daniel Curik, Sergio Alvira y Eduardo Bernacchia.
En el documento, al cual tuvo acceso Aire Digital, se determinó además que tanto el Servicio Penitenciario, como así también el Ministerio de Gobierno y Justicia, como el de Seguridad, deberán adaptarse a la nueva norma y tendrán que disponer de la tecnología para brindar a la persona detenida los elementos para poder saber porqué se encuentra vinculado a una causa judicial.
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