Las extorsiones se transformaron en Rosario en uno de los principales problemas de seguridad. Es un negocio que derramó de la venta de drogas, que funciona con los mismos protagonistas sobre una realidad: el terror que generan los ataques a balazos. Sin esa plataforma basada en el miedo las extorsiones no serían convincentes.
A la par de los 241 homicidios que se produjeron en Rosario en 2021, en esta ciudad hubo 849 heridos con armas de fuego. Y se denunciaron 1.500 ataques a balazos en los que no hubo lesionados. Son “soldaditos” que dispararon contra casas, comercios, concesionarias de autos o bares a los que extorsionan a cambio de no seguir con los tiros, según detalló el fiscal Pablo Socca, de la fiscalía de Balaceras, una unidad especializada que se creó después de 13 ataques contra edificios judiciales y residencias de jueces que se produjeron en 2018.
Por once de estos atentados fue condenado el año pasado a 22 años de prisión Máximo Cantero, alias Guille, líder de la banda de Los Monos, que organizó los ataques desde el penal federal de Resistencia, Chaco. Actualmente está detenido en la penitenciaria de Marcos Paz.
Los ataques ordenados por el líder de Los Monos no tuvieron un fin recaudatorio, sino que buscaban venganza y generar pánico en el Poder Judicial, luego de que se ordenara su traslado desde el penal de Piñero a la cárcel federal de Chaco. Estar lejos de su tierra repercutiría en el negocio de la droga y de la violencia, pero la tecnología, como un teléfono celular, acortó las distancias y demostró que se puede seguir con las riendas del negocio narco desde cualquier lugar.
“Empezaron a utilizar la misma mecánica que se usaba en los ataques entre grupos ligados al narcotráfico, que eran los disparos contra los búnkeres para dañar o sacar de circulación a un competidor. Ese método violento, que las bandas tenían aceitado, por el manejo de las armas y ciertas tareas de inteligencia, lo empezaron a usar con otros objetivos, y con fines recaudatorios”, explicó el fiscal general de Santa Fe Jorge Baclini, quien consideró que es un formato criminal propio de la ciudad de Rosario.
A partir del impacto que tuvieron esos ataques a los blancos judiciales, Los Monos, como también otros grupos, algunos de menor escala, comenzaron a disparar contra comercios y arrojar carteles con mensajes similares a los que dejaban en las casas de los magistrados. “Con la mafia no se jode”, era uno de esos textos, a los que luego se agregó: “Plata o plomo”. Esta jugada de llamados, tiros, mensajes y dinero se transformó en un método con una particularidad. Bandas barriales comenzaron a usar como sello de la amenaza el nombre de Los Monos, una especie de marca del terror.
Esos mensajes envuelven de miedo a las víctimas. Porque es el nervio que mueve un negocio millonario, que no tiene réplicas en otras partes del país. “La mayoría de estos hechos se traman desde las cárceles”, apuntó la fiscal Valeria Haurigot.
Con los smartphones que ingresan de manera ilegal a los penales, sobre todo el de Piñero, se lograron tejer estos emprendimientos que en las calles se traducen en extorsiones y “balaceras” para amedrentar. El gobierno de Santa Fe afirma que los controles en los establecimientos penitenciarios se agudizaron en los últimos dos años.
Según datos del Servicio Penitenciario de Santa Fe, a los que accedió AIRE, en 2021 se secuestraron en seis penitenciarías de la provincia 5.841 teléfonos celulares. Si en los once penales que hay en la provincia hay una población carcelería de unos 6.900 reclusos, se ingresaron celulares para el 85% de los internos. En el gobierno advierten que la cantidad de aparatos incautados creció por el mayor control en las requisas a las visitas. En 2020 se secuestraron 1.687 smartphones pero el número no es representativo, según explicó Walter Gálvez, subsecretario de Asuntos Penitenciarios, porque hubo restricciones a las visitas por la pandemia.
Un caso reciente muestra cómo los presos consiguen de forma muy rápida un teléfono. Luciano Cantero fue trasladado durante la madrugada del domingo de la semana pasada a la cárcel de Piñero. Cuando ingresó al penal y fue requisado por los guardiacárceles, le quitaron un teléfono celular que pretendía ingresar al pabellón de alto perfil donde fue enviado. El aparato lo obtuvo en el traslado desde la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order), en la Jefatura de Policía, hacia Piñero. En el Servicio Penitenciario investigan quién podría haberle suministrado ese Smartphone.
Si Cantero lograba ingresar ese teléfono es probable que siguiera con la actividad que tenía cuando estaba en libertad, como el manejo de puntos de venta de drogas y extorsiones a comercios de varios barrios de la ciudad.
En medio de la tensión que generó la detención de Lorena Verdún y su hijo de 19 años, este martes se conoció una amenaza a un bar de avenida Pellegrini y Ovidio Lagos, a pocos metros de la cancha de Newell’s. A los dueños del lugar les pidieron 200.000 pesos a cambio de no recibir un ataque a balazos. Los “apretadores” que llamaron hicieron mención a que si no pagaban iban a terminar como el restaurante El Establo, que fue atacado a balazos a finales de noviembre cuando se encontraba repleto de comensales. Hoy ese restaurante está a punto de cerrar porque la clientela dejó de ir espantada por ese episodio.
En mayo pasado, varios empresarios gastronómicos recibieron mensajes por WhatsApp con claras amenazas. Los textos extorsivos eran enviados a los contactos de los locales que se ofrecían para el servicio take away, en medio de la cuarentena. Decían: “Tenés que poner una moneda así trabajás tranquilo”, “10 palos por mes o ponés 100 y no te jodemos más” o “tenés que pasar la moneda, si no te cagamos a balazos el local”.
En agosto pasado la vidriera de la concesionaria de autos Rosario Norte SRL estalló en mil pedazos por los nueve disparos que impactaron en los vidrios. Una mujer que esperaba el colectivo en Rondeau al 4100 corrió ante las detonaciones y murió de un paro cardiaco. Omar Velázquez, dueño de la concesionaria, contó que hace una semana alguien le había dejado un mensaje: debía pagar 25.000 dólares para “poder trabajar tranquilo”. Como no pagó, sufrió el atentado en su local.
“Ahora no sé si seguir abierto, cerrar o mudarme a otro lugar”, afirmó el empresario, que la semana pasada hizo la denuncia en la Fiscalía de Rosario tras las amenazas. Como medida preventiva, la Justicia dispuso una mayor vigilancia de la policía. Por el resultado, las medidas no resultaron.
Este fenómeno que atraviesa toda la ciudad comenzó a llegar al centro de Rosario. “Empezamos a recibir denuncias de forma cada vez más frecuente de comercios del centro de la ciudad, que reciben mensajes de WhatsApp con pedidos de dinero a cambio de no ser atacados a balazos. Hay gente que denuncia y otra que tiene miedo y paga”, explicó el fiscal Socca.
En el barrio 7 de Setiembre, las extorsiones provocaron que los comerciantes se unieran para reclamar, aunque muchos de ellos decidieron cerrar sus negocios porque no pueden afrontar los pagos que piden los narcos. Las amenazas alcanzaron a al menos a media docena de comerciantes de la zona noroeste de Rosario, donde limitan los barrios 7 de Setiembre y Fisherton Industrial. Las extorsiones comenzaron con una peluquería canina a cuyos dueños les pidieron plata. Días después, le tiraron una bala con dos velas a otro comercio al que continuaron hostigando hasta que decidió bajar la persiana.
“Fui a abrir mi local y un hombre me golpeó el vidrio y como no le quería abrir porque estaba con guantes y todo el rostro tapado, me tiró un papel, se tocó la cintura y me dijo: “No te mato porque no quiero””, dijo la mujer. Después de que desde la Fiscalía de Rosario ordenaran custodia policial en el barrio apareció otra nota: “Te estamos mirando, te dijimos sin policías, ahora vas a tener noticias, te vamos a balear’.
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