La fuga de Hugo Peralta y Carlos D'Angelo de la cárcel de Piñero, que se produjo el 17 de mayo pasado, con artilugios extraños –los internos salieron escondidos dentro de cajas en dos carritos que trasladaban dos mujeres, una de ellas embarazada– puede marcar un punto de inflexión en el funcionamiento de los penales, que enfrentan una nueva característica: los hilos del crimen organizado se manejan desde el interior de las cárceles de la provincia de Santa Fe.
La cárcel de Piñero tiene una sobrepoblación de 600 detenidos y graves problemas de seguridad.
El desafío es grande: cómo lograr que los presos de alto perfil que manejan bandas que mueven mucho dinero dentro y fuera de los penales no se transformen en virtuales “dueños” de la cárcel, algo que ocurrió en otros países con altos niveles de criminalidad vinculada a la venta de drogas, como Paraguay y Brasil, donde el Primer Comando Capital cambió el modelo de gestión criminal con la creación de una “hermandad mafiosa”, en la que confluyen distintas bandas.
PCC domina 12 penales de Paraguay, donde en varios de ellos se produjeron fugas masivas, como la que ocurrió el 19 de enero de 2020 en Pedro Juan Caballero, en la frontera entre los dos países, donde huyeron 75 reclusos de esa organización criminal.
La fuga de Piñero, la cárcel de mayor seguridad de la provincia, que tiene actualmente –según Walter Gálvez, subsecretario de Asuntos Penitenciarios– una sobrepoblación de 600 detenidos, encendió las alarmas porque dejó al descubierto la complicidad que se puede comprar dentro del penal.
En los últimos siete años se produjeron 21 fugas de las prisiones más importantes de la provincia, como Coronda, Unidad 16 de Rosario y Piñero. El 1º de enero de 2014 se escaparon seis internos del penal de Coronda. En 2017 huyeron cuatro presos de la Unidad Penitenciaria Nº16 de Rosario. En 2019 se evadieron nueve de un colectivo del Servicio Penitenciario en la autopista Santa Fe–Rosario. Y el 17 de mayo pasado los dos reclusos salieron en los carritos de Piñero.
Peralta y D'Angelo protagonizaron la segunda evasión en dos años. Estos dos internos ya vivieron esa adrenalina de escaparse el 8 de mayo de 2019, cuando lograron huir junto con otros siete internos del colectivo que los trasladaba al penal de Coronda por la autopista Santa Fe–Rosario.
En esta segunda ocasión, D'Angelo fue detenido en Villa Gobernador Gálvez, donde su escondite no le sirvió durante mucho tiempo. Peralta aún no fue recapturado. Una versión que maneja el gobierno apunta a que se pagó la suma de 1.000.000 de pesos para que se “facilitara” el escape de los presos del pabellón 13, dominado por el mafioso René Ungaro. Una de las hipótesis es que alguien pagó esa fuga y no fueron ni Peralta y D'Angelo, condenados a 20 y 23 años. Ahora sumarán otra sentencia sobre sus espaldas.
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El 21 de mayo pasado la jueza María Chiabrera ordenó que ocho de los nueve penitenciarios que fueron detenidos por la causa que investiga la evasión permanezcan con prisión preventiva. El fallo fue resuelto luego de una audiencia en la que además fueron formalmente imputadas las dos mujeres que colaboraron en el escape de Peralta y D'Angelo. Están acusados de “favorecimiento doloso de evasión, encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos”.
La fuga de los dos presos no sólo dejó a flor de piel cómo pueden comprarse voluntades dentro del penal, sino también las deficiencias de los sistemas tecnológicos de control, como el de las cámaras de seguridad. Los investigadores judiciales tuvieron que esperar tres horas para obtener una copia del disco de las computadoras que graban las imágenes de las cámaras.
Un problema medular en la cárcel, según Gálvez, está en los ingresos y egresos de los tres penales más importantes de Santa Fe, como Las Flores, Coronda y Piñero. Esta semana iban a llegar a la provincia técnicos del Instituto de Investigación Aplicada (Invap) para realizar una recorrida por las cárceles para ajustar el proyecto que desarrolla ese organismo para las prisiones de Santa Fe.
Los problemas con la profundización de la segunda ola de la pandemia obligaron a posponer por segunda vez esta tarea esencial para avanzar en el plan que lleva adelante el Invap por pedido de la provincia. En los planes de la gestión de Perotti figura que en septiembre, si no surgen nuevos contratiempos, se pueda firmar el convenio.
Después de la fuga de Piñero, las autoridades de Santa Fe piensan que los centros de monitoreo que se planean instalar en los penales deben estar en los ingresos a los predios, fuera de los edificios penitenciarios, y que estos dispositivos estén operados por personal especializado, que podría ser del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP).
El objetivo es que se emplee personal que tenga una capacitación especial y permanente de parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia y del Invap. En estos centros de monitoreo se van a instalar los escáner y los bodyscan que va a desarrollar el Instituto.
El ingreso es un punto crítico, porque por allí entran a los penales teléfonos celulares, dinero, drogas y armas. En las requisas que se realizaron desde el 1º de enero se secuestraron 2.000 teléfonos. El celular no es sólo un aparato de comunicación: se transformó en un arma, porque las organizaciones criminales dan órdenes a través de las aplicaciones de mensajería a los sicarios para ejecutar gente y seguir con el control económico de los negocios ilegales.
Antes de la fuga de Peralta y D'Ángelo se detectó en una requisa en Piñero que un familiar iba a ingresar 360.000 pesos dentro de la cárcel. ¿Para qué un interno necesita ese caudal de dinero dentro de la prisión? Una explicación es que se trató de un pago por un hecho delictivo que se tramó desde la sombra del penal. Con ese dinero se compra cualquier cosa dentro de la cárcel.
Un punto crítico del sector de ingreso de las cárceles es la identificación. No se sabe quién es la persona que entra al penal, porque muchas veces los documentos están adulterados para evitar que la “visita” sea identificada. La idea es que se instale un lector de DNI para que queden registrados los datos de manera segura y no se pueda modificar esa información.
Cualquier cambio en la estructura carcelaria es complejo y sobre todo en ese sector crítico de los ingresos. Un ejemplo claro que pinta este panorama son las medidas que se tomaron durante el inicio de la pandemia con los turnos online para las visitas.
Esto, que parece algo menor, rompió el negocio de los números que se vendían para entrar a la cárcel. Se produjeron, incluso, incidentes entre los familiares de los presos, porque el sistema ilegal estaba manejado por parientes de presos pesados y personal penitenciario.
Si un familiar quería estar más tiempo dentro de la prisión con la visita debía comprar un número por entre 1500 y 5000 pesos para estar en los primeros lugares de la fila para ingresar a la cárcel. El sistema online se cayó varias veces por un supuesto boicot interno para que funcione esta modalidad más transparente, que neutralizaba el negocio de la venta de números.
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